Lo populares insisten en que usarán todos los instrumentos políticos e institucionales a su alcance para intentar frenar lo que califican de cesiones de Pedro Sánchez al independentismo. Lo dijeron incluso antes de conocerse el contenido íntegro del acuerdo de legislatura con ERC, documento en el que los socialistas reconocen la legitimidad de los acontecimientos de octubre de 2917 y donde no se cita ni una vez de la palabra Constitución.

En el mismo texto se desarrolla un importante acuerdo económico con quita de la deuda catalana por 15.000 millones de euros además una mesa bilateral con el Gobierno de la Generalitat para pactar un nuevo modelo de financiación autonómica. Los barones territoriales del PP han puesto pie en pared en lo que afecta al reparto de los dineros públicos que lleva visos de convertirse en uno de los grandes caballos de batalla de esta legislatura si es que finalmente echa a andar.

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Su mayoría absoluta en el Senado, unido al hecho de que gobiernan desde las autonomías para el 70 por ciento de los ciudadanos del país, creen que les da fuerza suficiente para presentar batalla. Ya forzaron la reunión de la comisión general de las Comunidades, donde el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, defendió la ley de amnistía y los barones populares apelaron a al igualdad de los ciudadanos al tiempo que advirtieron no dudarían en acudir a los tribunales si entendían conculcados los derechos de sus territorios.

De momento, esa amenaza se mantiene viva, pero además los populares estudian arrancar el próximo año 2024 convocando un debate sobre el estado de las autonomías y forzando una Conferencia de Presidentes, para hablar, precisamente, de financiación autonómica. De hecho sería la primera conferencia desde las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo.

"De los muchos agravios y rupturas de igualdad, la del bolsillo es la que más duele", dice un barón autonómico

En un principio tenían previsto que el debate sobre el Estado de las autonomías pudiera celebrarse antes de fin de año y muy centrado en la ley de amnistía, aunque ahora debaten internamente si no sería más conveniente dejarlo para el arranque del curso político tras las vacaciones de Navidad y poner el acento en la financiación autonómica. Un presidente popular señala a El Independiente que "de los muchos agravios y rupturas de igualdad, la del bolsillo es la que más duele" y "lo que mejor entiende la gente", apostilla otro barón territorial.

El último debate del Estado de las Autonomías se celebró hace la friolera de 18 años y sólo ha habido cuatro desde que tuvo lugar el primero gobernando Felipe González, allá por 1994. Posteriormente, en 1997, con José María Aznar en la Moncloa los presidentes regionales volvieron a ser citados a la Cámara Alta. Aznar no fue nunca un entusiasta del Senado y apenas lo pisó tres o cuatro veces en ocho años de gobierno.

Fue con José Luis Rodríguez Zapatero que comenzaron a celebrarse sesiones de control al Gobierno en esta Cámara, aunque tan sólo convocó una vez el debate del estado de las autonomías, en 2005. Mariano Rajoy nunca lo hizo. El Reglamento del Senado recoge que éste debate se puede celebrar todos los años, pero como el del Estado de la Nación, es facultad del Gobierno convocarlo.

De otro lado está la Conferencia de presidentes. En este caso la norma que la regula establece que quien la convoca es el presidente del Gobierno por propia iniciativa o a petición del comité preparatorio o de diez presidentes de Comunidades autónomas y ciudades con estatuto. El PP gobierna en 11 comunidades además de en Ceuta y Melilla, por lo que puede solicitarlo, ahora bien, otra cosa es que el jefe del Ejecutivo acceda.

La Conferencia de presidentes sólo puede convocarla el jefe del Ejecutivo

También lo pueden intentar los populares a través del comité preparatorio formado por un representante del ministerio de Política Territorial y un miembro de cada Consejo de Gobierno autonómico, designado por los respectivos presidentes regionales. Algún presidente autonómico ha pedido informes a sus equipos jurídicos respecto a las posibilidades reales de forzar una Conferencia de Presidentes aún con la oposición de Moncloa, pero no han sido concluyentes.

Por lo pronto, los populares volverán a celebrar este fin de semana uno de sus actos en contra de la amnistía, que inauguraron en Madrid con un macro mitin en el que se dieron cita unas 40.000 personas. Esta vez el escenario será Valencia, tierra donde tiene una gran capacidad movilizadora además de la eterna reivindicación de una nueva financiación autonómica.

Todavía pendientes de que se despeje el calendario de la investidura de Pedro Sánchez, los populares celebran este lunes reunión de su Junta Directiva Nacional, máximo órgano entre congresos. La amnistía y las cesiones económicas a Cataluña centrarán la intervención de Alberto Núñez Feijóo y de sus presidentes autonómicos.