El Pleno del Parlament votará el próximo jueves crear una ponencia para la redacción de una ley de referéndum de autodeterminación de Cataluña. Se trata de una moción de la CUP, que busca con ello "poner a prueba la desjudicialización", el argumento utilizado por el PSOE para pactar con ERC y Junts una ley de amnistía para los procesados por el 1-O y todas las causas derivadas del procès independentista.

En plena negociación de esta ley con la cúpula de Junts -negociación tensionada por la decisión de la Audiencia Nacional de imputar por terrorismo a Carles Puigdemont, Marta Rovira y otros ocho dirigentes independentistas en la causa de Tsunami Democràtic- la formación antisistema añade presión con una moción que obligará a Junts y ERC a posicionarse sobre la una vía para reemprender durante esta legislatura catalana el proceso independentista.

El texto registrado por la CUP, que se votará la tarde del jueves, propone crear una comisión parlamentaria para redactar una nueva ley de referéndum, a imagen de lo sucedido en 2017 con las leyes de desconexión en las que se basó el Govern de Puigdemont para convocar el referéndum de independencia. Una comisión que presentan como la continuación lógica del Pacto de Claridad propuesto por Pere Aragonès.

Referéndum en 2025

La posibilidad de constituir esta ponencia redactora conjunta "será la prueba básica de esta desjudicialización de la que tanto se habla a favor del diálogo político" señala el texto de la CUP. La formación antisistema ha rechazado reiteradamente las negociaciones de ERC con el PSOE, también las abiertas ahora por Junts.

La CUP propone redactar la ley de referendum vía ponencia parlamentaria, y no como proposición de ley, para no partir de un texto previo, e iniciar el debate en el Parlament desde cero. Y reclama la realización del referéndum "antes de acabar la XIV Legislatura" catalana, que concluye en febrero de 2025.

La moción señala además la necesidad de "actuar con soberanía más allá de los límites constitucionales y estatutarios" y "más allá de las restricciones impuestas por las instituciones políticas y judiciales del Estado". Es decir, reclama volver a desobedecer al Tribunal Constitucional no solo en el referéndum de independencia sino también a la hora de legislar sobre vivienda, suministros básicos, alimentación, transporte, salud, educación o cultura.

La propuesta defiende además la "necesidad" de dirigirse a las Naciones Unidas, la Comisión Europea y el Consejo de Europa para reclamar "con urgencia una resolución del conflicto, basada en la autodeterminación y la amnistía". Por último exige al Govern que, una vez aprobada la ley de referéndum de autodeterminación, inicie los trámites para que ese referéndum se lleve a cabo.