El acuerdo del PSOE con Junts no busca "fiscalizar" a los jueces ni revisar sus sentencias ni sus resoluciones. Es la respuesta contundente que dirige Ferraz a las asociaciones de jueces y fiscales, que este jueves lanzaron durísimos comunicados de rechazo al pacto de los socialistas con la formación de Carles Puigdemont por entender que ataca la separación de poderes e invade sus competencias. La dirección de Pedro Sánchez niega que se vayan a montar comisiones de investigación en el Congreso para detectar posibles casos de lawfare, de guerra sucia judicial contra los independentistas. Lo que se hará es que las comisiones que se abran pueden contener, como sucede siempre con este tipo de órganos, "recomendaciones tanto de medidas concretas como de medidas legislativas". Pero no supondrán, anticipan, enmendar la acción de juzgados y tribunales.

La polémica procede de uno de los pasajes claves del documento de cuatro folios rubricado por el número tres del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, este jueves en Bruselas. El que hace referencia a la ley de amnistía, cuyo texto aún no ha sido registrado en el Congreso y no se conoce.

El acuerdo dice que se tendrán en cuenta lo que digan las comisiones por si pudieran "derivarse situaciones" que encajen "en el concepto 'lawfare"

El acuerdo de los dos partidos avanza que la proposición de ley incluirá tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta del 9 de noviembre de 2014 y del referéndum del 1 de octubre de 2017, "han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos". En este sentido, sigue el escrito, "las comisiones de investigación de esta legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida en que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

Acuerdo definitivo de PSOE y Junts para la investidura de Pedro SánchezDescarga

Las cuatro asociaciones judiciales —las conservadoras Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) y la progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD)— firmaron después un comunicado conjunto rechazando el pacto de PSOE y Junts para la investidura de Sánchez pues podría suponer la "intromisión en la independencia judicial" y la "quiebra de la separación de poderes". Además, reprochan la "desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial" que se desprende del acuerdo. A los jueces se sumaron, en sendos comunicados, las tres asociaciones de fiscales, la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). También para mostrar su oposición al trato.

"Ninguna otra" comisión más

Dada la dureza de la respuesta de jueces y fiscales, Ferraz lanzó un comunicado para "precisar" el alcance de su acuerdo con Junts en ese punto. Y lo primero que señala es que ese pacto "no prevé la creación de comisiones de investigación con el objetivo de detectar casos de lawfare". Aclara que las comisiones a las que se refiere con a las pactadas ya con ERC y con los de Puigdemont en agosto, cuando pactaron la constitución de la Mesa del Congreso. "Ninguna otra" más.

El Parlamento no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado", replican los socialistas

¿Y cuáles son esas dos comisiones de investigación? Una, la reactivación de la que ya se constituyó el 28 de marzo de 2023 sobre la operación Cataluña, que "se refiere al uso ilegal de medios públicos para perjudicar a rivales políticos con denuncias que se demostraron falsas. Dos, sobre el presunto espionaje con el software israelí Pegasus.

"Por tanto, lo que se acuerda ahora es que las conclusiones de estas dos comisiones, como sucede en cualquier comisión de investigación, contendrán recomendaciones tanto de medidas concretas como de medidas legislativas. Se trata así de reforzar las garantías de nuestro Estado de derecho", subrayan ahora lo socialistas.

Y por lo tanto, remachan, "el Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial". Es decir, "el Parlamento no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado". Y concluye Ferraz: "El PSOE respeta plena la independencia judicial, la labor de jueces y magistrados y la separación de poderes".

Puigdemont quería blindar a su círculo de confianza en la ley de amnistía, de la que no se conoce el texto todavía

Durante su comparecencia en un hotel de Bruselas, Cerdán explicó que la ley de amnistía cubrirá todo lo relacionado con el procés desde 2012 hasta la fecha del cierre del acuerdo con Junts. "A partir de ahí, tenemos que ver qué sucede contra los demás, no somos nosotros, serán los jueces los que valoren si cubre a unos o a otros. No se ha hablado de nombres en particular", alegó. Y es que la inclusión del concepto de lawfare era capital para Puigdemont, porque quería que la amnistía blindase a su círculo de confianza. Falta por conocer la letra de la proposición y cuál es la interpretación que hacen los jueces. Pero de las comisiones de investigación parlamentarias, según el PSOE, no emanará ninguna corrección a las decisiones judiciales.