El pacto suscrito este jueves por PSOE y Junts en Bruselas para garantizar la investidura de Pedro Sánchez acuerda "negociar" el "reconocimiento nacional de Cataluña". Pacta una mesa de negociación con un "mecanismo" de mediación internacional en la que Junts propondrá un referéndum de independencia y el PSOE el máximo desarrollo del Estatut. Los independentistas se comprometen a cambio a votar la investidura de Sánchez y dar estabilidad a la legislatura española.

PSOE y Junts pactan una "metodología de negociación" que permita "dotar de certeza" la negociación con un "mecanismo de acompañamiento internacional"

El documento, de cuatro folios [aquí en PDF], incluye tres puntos de antecedentes, una referencia a la "oportunidad histórica" del momento, y los acuerdos concretos, en los que incluyen la ley de amnistía, cuyos beneficiarios se delimitarán en una comisión de investigación del Congreso sobre los casos de lawfare, y la revisión de la financiación autonómica. Entre los acuerdos, el compromiso de adoptar una "metodología de negociación" que permita "dotar de certeza" la negociación con un "mecanismo de acompañamiento internacional".

El pacto es, de hecho, un listado de desacuerdos entre PSOE y Junts, que parten de la defensa por parte de los independentistas del 1-O y la declaración de independencia. Así, los de Carles Puigdemont defienden que en el ámbito del reconocimiento nacional Junts "propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación" amparándose en el artículo 92 de la Constitución. Es decir, ya no habla de consulta unilateral. El PSOE, por su parte, apunta que "defenderá el amplio desarrollo" del Estatut de 2006 y el despliegue y respeto a las instituciones de autogobierno "y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña".

Acuerdo definitivo de PSOE y JuntsDescarga

Amnistía sujeta al Congreso

Respecto a la amnistía, que defienden como "requisito imprescindible" para "procurar la plena normalidad política, institucional y social" y "abordar los retos del futuro inmediato", finalmente se supera el escollo de quién será beneficiario del acuerdo, apuntando que "las comisiones de investigación de esta legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía". El acuerdo hecho público este jueves por los dos partidos no incluye el articulado de esta ley de amnistía, que previsiblemente se registrará mañana.

Junts renuncia, de facto, a la vía unilateral, al hablar de una consulta que tenga el amparo de la Constitución

Las negociaciones se han bloqueado en los últimos días por el alcance de la ley de amnistía negociada a tres bandas por PSOE, ERC y Junts. Los de Puigdemont reclamaban la inclusión en esta amnistía de dirigentes independentistas y personas del entorno del expresident que ha su juicio han sido víctimas del lawfare del Estado en contra del independentismo. Se trata de nombres como la presidenta del partido, Laura Borràs —condenada por prevaricación y falsedad por su actuación al frente de la Institución de las Letras Catalanas—, el abogado Gonzalo Boye —imputado por blanqueo junto al narcotraficante Sito Miñanco— o el responsable de la oficina del expresident en Bélgica, Josep Lluís Alay —investigado en las causas de Voloh y Tsunami Democràtic—.

Lo que dice el texto, por tanto, es que la ley incluirá tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta del 9 de noviembre de 2014 y del referéndum del 1 de octubre de 2017, "han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos". Las comisiones de investigación que se abran en el Congreso se tendrán pues en cuenta para la aplicación de la ley "en la medida en que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

Cesión del 100% de los impuestos

El acuerdo fija que en la primera reunión de negociación entre los dos partidos, que se celebrará en noviembre, se plantearán, entre otros asuntos, y "de forma no exhaustiva", la cuestión relativa al ámbito del reconocimiento nacional —Junts propondrá el referéndum amparado en el artículo 92, el PSOE el desarrollo del Estatut— y el compromiso de negociar una nueva financiación para la Generalitat. Junts "propondrá" la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para crear una "cláusula de excepción" para Cataluña que "reconozca la singularidad" de su sistema institucional y "facilite la cesión del 100% de los tributos" que se recaudan en Cataluña.

El PSOE se compromete a un "diálogo singular" sobre el impacto del actual modelo de financiación de Cataluña y apuesta por medidas que mejoren "la autonomía financiera" de la comunidda

En este punto, el PSOE "apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado". Y se compromete a un "diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación de Cataluña". Los socialistas ya se comprometieron con ERC a la condonación del 20% del FLA y a crear una comisión bilateral Gobierno-Generalitat para renegociar la financiación autonómica.

También se abordarán, sigue el texto, "los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años". El pacto establece además la "ampliación" de la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y otros organismos y entidades internacionales.

Junts se compromete por todo ello a que sus siete diputados voten a favor de la investidura de Sánchez y a dar "estabilidad" a la legislatura, aunque esta está "sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los dos ámbitos permanentes señalados en el punto segundo", el que se refiere al reconocimiento nacional de Cataluña y a su mejora de la financiación.

Defensa del 1-O y la independencia

El punto de partida del acuerdo que firman el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull —rúbrica en Bruselas de la que no hay imágenes—, es el reconocimiento de las "profundas discrepancias" entre ambos partidos. Diferencias que retratan la consignar que Junts "considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017", la DUI que activó el artículo 155 de la Constitución. Un punto inasumible para el PSOE, que a continuación "niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene el rechazo a cualquier acción unilateral". Pese a esas discrepancias, ambos partidos "constatan que se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a sus respectivas posiciones".

Junts considera "legítimos" el 1-O y la DUI, mientras que el PSOE "niega toda legalidad y validez" a ambos y mantiene su "rechazo a cualquier acción unilateral"

Por eso, para la consecución de los acuerdos, y dadas las "profundas discrepancias" y "desconfianzas mutuas reconocidas por ambos", PSOE y Junts pactan dotarse de ese "mecanismo" de verificación internacional. Socialistas y ERC también tendrán otro mediador para conducir sus conversaciones, aunque en este caso no tendrá carácter internacional, que ha sido uno de los caballos de batalla más importantes para Junts por lo que supone de elevación de rango del conflicto político catalán. El PSOE se negaba a ello, pero finalmente lo acepta.

El documento parte con un relato de hechos de lo sucedido en la última década. Desde la movilización social a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut de 2006 hasta el 1-O. Los dos partidos señalan que con el Estatut la sociedad catalana buscaba "tanto el reconocimiento de Cataluña como nación como la solución a las limitaciones del autogobierno y los déficits acumulados". Reivindicaciones que tienen un "profundo recorrido histórico" y que se han tomado distintas formas desde los Decretos de Nueva Planta de Felipe V. El texto constata la contestación social creciente a partir de 2010, las mayorías absolutas parlamentarias de los independentistas a partir de 2015, las movilizaciones "masivas" del separatismo. Los "gobiernos de entonces", del PP, "no favorecieron la negociación política" y ninguna de las propuestas hechas por la Generalitat, "desde la lealtad y el marco legal vigente", fue "considerada".

Las instituciones catalanas promovieron entonces, escriben, la consulta del 9 de noviembre de 2014 y la del 1 de octubre de 2017 —referendos "suspendidos y posteriormente anulados por el TC—, con una "participación masiva en favor de la independencia de Cataluña". El texto rememora entonces las cargas policiales del 1-O, las imágenes que impactaron "a todos dentro y fuera de nuestras fronteras". Todo ello llevó a la aplicación del artículo 155 y a la apertura de "múltiples causas judiciales, muchas de ellas aún sin resolver, que afectan a un gran número de personas".

Ambas formaciones se conjuran para buscar una salida "negociada al conflicto". Junts aportará estabilidad a la legislatura, sujeta a los "avances y cumplimiento de los acuerdos"

Pese a las "profundas divergencias" que han existido, los dos partidos subrayan que "solo la política en democracia" puede servir para buscar una solución. Se declaran ambos "preparados para abrir una nueva etapa en la que, a partir del respeto y el reconocimiento del otro, se busque una solución política y negociada al conflicto". PSOE y Junts asumen que a partir de las elecciones generales del 23-J existe "una oportunidad que deben y tienen la voluntad de aprovechar de forma responsable". La resolución, dicen, debe ser "negociada y acordada" y les corresponde "intentarlo a los actores a los que las urnas les han dado esta posibilidad". Las dos formaciones apuestan por la "negociación y los acuerdos" como método para la "resolución de conflictos" y acuerdan "buscar un conjunto de pactos" que ayuden a solventar el "conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña". Acuerdos que deben responder a "las demandas mayoritarias del Parlament" que, de acuerdo al Estatut, "representa legítimamente al pueblo de Cataluña".