Costó mucho, muchísimo. Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española desde hace seis años, un actor político caído en la práctica irrelevancia antes del 23-J, sabía que los votos de sus siete diputados en el Congreso eran imprescindibles, y quiso hacer sufrir al PSOE, a Pedro Sánchez, quiso hacerse notar, presumir de que la investidura y la legislatura está en sus manos, separarse de la foto del otro acuerdo, el suscrito con sus rivales de ERC. Se hizo de rogar durante una semana y eligió una fecha simbólica, el 9 de noviembre, nueve años después de la consulta que organizó Artur Mas, para firmar un acuerdo que hará presidente del Gobierno de nuevo al líder socialista. Con peajes para las dos partes, pero que alivió a la dirigencia del PSOE, también a los territorios, porque las cesiones entienden que son digeribles y explicables ante el electorado: una amnistía que se daba ya por descontada, la figura del mediador internacional que, eso sí, rechazaba hasta ahora, y un cerco estrecho de Junts durante toda la legislatura. Sánchez, a cambio, conquista su reelección y mantiene su no al referéndum de autodeterminación, y consigue, en la práctica, la renuncia a la vía unilateral de los posconvergentes y su reenganche a la política institucional.

Todavía quedan algunas piezas por situar en el tablero de esta complicadísima investidura que aún no tiene fecha oficial, aunque previsiblemente será el 15 y 16 de noviembre. Para empezar, faltan por encajar los cinco votos del PNV, el último partido que se hará la foto, y la posición definitiva de Coalición Canaria, cuya diputada puede ejercer de colchón durante la legislatura. Pero es que todavía ni siquiera se conoce la proposición de ley de amnistía, que se registrará en los próximos días, una vez que den su visto bueno y la firmen los demás socios potenciales del Ejecutivo de coalición. La literalidad de la iniciativa será clave, porque es su redacción la que generó los mayores obstáculos entre los dos partidos y la que demoró el cierre del pacto hasta este jueves. Y la que ha elevado la tensión política y social —Ferraz vivió una nueva noche de protestas de radicales— y provocado el rechazo unánime de jueces y fiscales.

La asunción del 'lawfare' suscita la ira de jueces y fiscales por lo que supone de "intromisión" en su poder. Las críticas obligan a Ferraz a señalar que no cuestiona la independencia judicial

PSOE y Junts sellaron su alianza en la madrugada del miércoles al jueves después de una semana de forcejeo negociador en Bruselas. En la capital belga, firmaron el documento, de cuatro folios, el responsable de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, y el secretario general del los posconvergentes, Jordi Turull. Una rúbrica, por cierto, de la que no trascendió foto. Ni vídeo.

El corazón del pacto bilateral es la ley de amnistía. Ese es, de hecho, el acuerdo. Una medida, escriben, para "procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato". La ley salvará a ciudadanos y dirigentes políticos que, antes y después de la consulta del 9 de noviembre de 2014 y del referéndum del 1 de octubre de 2017 —Cerdán precisó que el periodo de tiempo que cubrirá la norma se estira desde 2012 a 2023—, "han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos". En este sentido, sigue el escrito, "las comisiones de investigación de esta legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida en que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

La asunción por parte del PSOE del lawfare, la supuesta guerra sucia de los tribunales contra el independentismo, se convirtió enseguida en el pasaje más criticado, además de por la oposición, por las asociaciones de jueces y fiscales. Estas leyeron esas líneas como la "intromisión en la independencia judicial" y la "quiebra de la separación de poderes". A continuación, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial, órgano caducado hace cinco años, se sumó a ellas y expresó su "frontal rechazo".

La respuesta de Ferraz a los jueces y fiscales

La dimensión y ferocidad de las críticas fue tal que Ferraz se vio obligada a lanzar un comunicado pasadas las 20 horas para "precisar" que no se abrirán comisiones de investigaciones para detectar casos de lawfare, sino que se trata de las que ya estaban pactadas desde agosto con ERC y Junts, una sobre la operación Cataluña y otra sobre el presunto espionaje con Pegasus. "El Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial. El Parlamento no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado", aclaró la cúpula de Sánchez, para concluir que "el PSOE respeta la plena la independencia judicial, la labor de jueces y magistrados y la separación de poderes".

El PSOE siempre rechazó la figura de un mediador extranjero por lo que evoca de resolución de un conflicto internacional. Ferraz contesta que es un mecanismo entre partidos, no entre gobiernos

Esa parte del acuerdo, esa referencia al lawfare, sin duda uno de los tragos más difíciles para los socialistas, ya inquietaba a algunos dirigentes en la última semana, cuando trascendió que Puigdemont presionaba para incluir en la ley a su círculo de confianza, investigado o condenado en causas, en algunos casos, ajenas por completo al procés. Y la redacción final sí chirrió a varios mandos consultados, pero en modo alguno tanto como para rechazar el conjunto del documento.

La propia ley de amnistía es la renuncia principal de Sánchez y del PSOE, que hasta las elecciones del 23-J negaban con vehemencia esa exigencia reiterada de los independentistas. Porque incluso no cabía en la Constitución, alegaban. Pero las urnas, como reconoció el presidente en funciones ante el comité federal de su partido, el pasado 28 de octubre, cambiaron las cosas y tuvo que acceder para lograr la investidura y también porque entiende que puede ser una oportunidad para normalizar la situación en Cataluña, en pos de la "convivencia".

El otro gran punto de acuerdo entre los dos partidos es la incorporación de la figura del mediador internacional. Un "mecanismo" entre ambas organizaciones que tenga las funciones de "acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos a los que se llegue". El PSOE rechazaba ese instrumento, el relator extranjero, porque evoca la resolución de un conflicto entre países. Fuentes de Ferraz, sin embargo, restaban importancia a ese tanto conquistado por Junts, auténtica obsesión de Puigdemont: "Es un acompañante, una garantía para los dos partidos. Ambos queremos certezas, y también que se puedan desbloquear las cosas si se atascan. No es nada nuevo que haya un mediador en unas conversaciones que son a largo plazo, para nada". Y agregaban que se trata de un mediador entre partidos —también habrá un verificador entre PSOE y ERC, pero no internacional— y no entre gobiernos. Una diferencia, recalcan, muy importante.

Acuerdo definitivo de PSOE y JuntsDescarga

En el marco de esa negociación con relator se tiene que abordar tanto la metodología como los contenidos de los acuerdos, que girarán en torno a dos cuestiones: el reconocimiento nacional de Cataluña y la mejora de la financiación. Pero en ambos puntos PSOE y Junts se limitan a exponer sus puntos de partida, sus desacuerdos. Los posconvergentes propondrán un referéndum de autodeterminación amparado en el artículo 92 de la Constitución, el que señala que los plebiscitos, de carácter consultivo, los convoca el Rey a propuesta del presidente del Gobierno y autorizado por el Congreso. Los socialistas plantearán un desarrollo amplio del Estatut de 2006.

Pactar el desacuerdo

De igual manera, Junts quiere la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña. O sea, un cupo catalán, semejante al que opera en Euskadi y Navarra. El pacto fiscal que en 2012 pidió Mas a Mariano Rajoy y que este le negó. El PSOE apuesta por medidas que permitan la "autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña".

Sin acuerdos y sin cumplimientos, la legislatura no tiene ningún recorrido", advierte el 'expresident'

Es decir, amnistía (con el trago amargo del lawfare) por investidura y patada para delante en el resto de temas. Pero no para que se entierren. Porque aunque Cerdán celebró el acuerdo "de legislatura" con Junts, la letra del pacto tiene matices. Los posconvergentes, sí, prometen dar "estabilidad a la legislatura", pero "sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los dos ámbitos permanentes señalados", en el reconocimiento nacional de Cataluña y en la mejora de su financiación.

El aviso de Puigdemont fue muy claro en su comparecencia sin preguntas ante los medios de este jueves: a diferencia de la pasada legislatura, en la que Sánchez tenía la estabilidad garantizada, "aquí se la tendrá que ganar acuerdo a acuerdo". Su apoyo, pues, es un crédito a plazos: "Sin acuerdos y sin cumplimientos, la legislatura no tiene ningún recorrido. El 'a cambio de nada' ha ido a la papelera de la Historia". Así, el respaldo a los Presupuestos y a otras iniciativas relevantes serán posibles siempre que se avance a través de una "negociación permanente que tenga resultados y se cumplan a lo largo de la legislatura". "Se debe avanzar. No puede ser que no pase nada", advirtió explícitamente el expresident, en una clara reprimenda a su eterno rival, ERC.

A Sánchez, pues, no le espera una legislatura sencilla ni pacífica. No solo por la durísima oposición de la derecha, sino por el marcaje constante de Junts. Este mismo mes de noviembre, lo dice el acuerdo, ya tiene que haber una reunión de la mesa de los dos partidos para dar el primer paso. Y ahora ya no tendrá opción de geometría variable. Lo dijo hace semanas el lehendakari, Iñigo Urkullu: necesitará "todos los votos todo el tiempo". Amarrado a sus socios para todas las iniciativas. Solo el apoyo de la diputada de CC puede permitir a Junts virar a la abstención.

En el PSOE, dirigentes de peso celebran la práctica renuncia de Junts a la vía unilateral

En el PSOE, al menos por ahora, el acuerdo provocó un alivio para su dirigencia. No solo porque permitirá a Sánchez formar Gobierno —es el principal botín que se lleva el partido—, sino porque lo veían equilibrado. Se sorprendían incluso de que Puigdemont hubiese cedido en cuestiones claras, como la renuncia a la vía unilateral al abrazar la vía de un referéndum con el cobijo del artículo 92 de la Constitución, opción que no obstante rechaza la dirección socialista. El expresident, añaden, venía de renegar de Sánchez, "un tío al que no le compraría un coche de segunda mano" y al que prometió no investir. Este viernes está previsto que manifieste su opinión el barón más crítico, Emiliano García-Page, pero él, ya se comprobó en el comité federal, representa una minoría dentro del poder orgánico activo del partido.

"Es que el acuerdo es impecable —sentencia entusiasta un barón de una federación de mucho peso—. El inicio de un diálogo para la resolución del conflicto sin que cedamos en nuestras posiciones de partida ninguno y, eso sí, renunciando ellos a la unilateralidad que es, a mi juicio, lo más destacable. La renuncia a la unilateralidad es lo que muchos pedían a cambio de la amnistía. Y lo del lawfare es decir para no decir nada. Los jueces tendrán la oportunidad de decidir como quieran y como siempre. Son otro poder. Y cuando el Tribunal Constitucional hable espero que también lo respeten". "El acuerdo es perfectamente digerible para el partido", asegura otro máximo responsable territorial".

"Creo que Puigdemont ha sido engañado. Le dejan poner palabras que él quiere y a continuación le ponen que el PSOE no lo va a hacer. Yo alucino", señala otro líder autonómico que reconoce el punto "delicado" del lawfare y del cupo catalán. Otro cargo territorial recuerda que la amnistía no entusiasma internamente, pero se asume que es el peaje que el partido tiene que pagar a cambio de desplegar su agenda social con Sumar.

Los socialistas sabe que quedan muchos días aciagos, de una oposición total, de tensión máxima. Y que el fortísimo impacto de la amnistía pervivirá un tiempo, aunque su esperanza es que se vaya mitigando según vaya funcionando el Ejecutivo. Como dice un dirigente, "la digestión solo se completará cuando haya Gobierno y empiece a adoptar medidas concretas".