Jueces decanos de toda España, unos 80, han llegado a un acuerdo y se han sumado al rechazo expresado por todas las asociaciones judiciales -tanto conservadoras como progresistas- a la parte del acuerdo entre el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno que contempla una revisión parlamentaria de las decisiones judiciales para detectar supuestos casos de 'lawfare' y que se deriven "consecuencias".

En un comunicado donde se adhieren al texto conjunto emitido el jueves por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI), los firmantes han mostrado su "rechazo por las referencias al 'lawfare o judicialización de la política' y sus consecuencias".

Las cuatro asociaciones se hicieron eco de que "el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

"Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes", indicaron.

Frente a ello, respondieron que "los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución".

Así, denunciaron que "estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables". "El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta", afirmaron.

Cabe recordar que las tres asociaciones de fiscales -AF, UPF y APIF- también expresaron su rechazo a estas comisiones parlamentarias, así como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que supone una inusual respuesta unánime de jueces y fiscales.