El Grupo Popular de la Eurocámara ha salido en defensa cerrada de las posiciones del PP respecto a la amnistía con la que el Gobierno va a perdonar a Carles Puigdemont y otros varios cientos de personas todos los delitos relacionados con la asonada secesionista de 2017 y las protestas, algunas violentas, de 2019 con motivo de la sentencia del Supremo. Pero su posición va más allá de una mera cuestión declarativa, dado que no sólo rechaza los términos de dicha amnistía sino que exige se debata en un pleno de la Eurocámara, que la Unión pare la ley y compara la situación con Polonia, país multado en 2021 por la UE con un millón de euros al día por vulnerar la independencia judicial.

El grupo más numeroso del Parlamento Europeo defiende que ,"tras el acuerdo entre los socialistas españoles y los separatistas catalanes con el objetivo de permitir que el primer ministro en funciones, Pedro Sánchez, permanezca en el poder" se debata la ley de Amnistía en el próximo pleno en Estrasburgo (Francia). El GPPE dice querer dejar claro que "el Estado de derecho no es negociable en la UE y no puede sacrificarse simplemente para obtener los votos necesarios para formar una mayoría gubernamental".

Se declaran "extremadamente preocupados por el deterioro del Estado de derecho en España"

Se declaran "extremadamente preocupados por el deterioro del Estado de Derecho en España tras el intento de los socialistas de ganarse el apoyo de los separatistas catalanes" a cambio de las disposiciones de un pacto de amnistía con las que se corre "el riesgo de violar la separación de poderes y socavar la independencia judicial".

En este sentido, destacan el hecho de que cuando "todas las asociaciones profesionales de la judicatura, así como los representantes de las empresas y sindicatos, hacen sonar la alarma, deberíamos tomárnoslo muy en serio". Sin embargo, en este punto incurren en un error, puesto que los sindicatos mayoritarios apoyan la medida y el único conflicto proviene de la transferencia de gestión de las cercanías (rodalies) a la Generalitat de Cataluña. Por lo demás, es cierto que jueces, fiscales, abogados del Estado, CGPJ y Supremo han rechazado de plano la amnistía, también las organizaciones empresariales.

Es aquí donde los populares europeos entran en uno de los puntos más controvertidos de su comunicado al recordar que "hemos visto esto antes en Polonia y esperamos que la Comisión Europea deje claro de inmediato que, por ejemplo, las disposiciones sobre el lawfare son totalmente inaceptables". Y es controvertido porque el Gobierno socialista siempre se ha negado a cualquier comparación con Polonia o Hungría, países en el punto de mira de la UE por cambios legales que vulneran la separación de poderes.

"Grave amenaza a la independencia judicial"

Cuando el pacto incluye casos de llamado "lawfare", agrega el comunicado, "abriendo la puerta a la injerencia del poder judicial por parte del poder legislativo como han afirmado las asociaciones de jueces y de fiscales, se trata nada menos que de una grave amenaza a la independencia judicial"

Es por ello que los socios europeos del PP, quienes conocen de sobra al prófugo de la Justicia Carles Puigdemont, defienden que las instituciones europeas sirvan para "frenar este pacto, que vulnera el estado de Derecho y la igualdad de los ciudadanos en España como ya lo han hecho en otros países". E insisten: "Las disposiciones del pacto de amnistía que han firmado corren el riesgo de violar la separación de poderes y socavar la independencia judicial".

Tras recordar que el alcance de la ley de amnistía propone también eliminar todas las condenas por delitos cometidos por un grupo de personas, "desde desórdenes públicos y corrupción hasta rebelión e incluso terrorismo" entre 2012 y 2023, "lo que afrontamos en España es el principio del fin del Estado de Derecho".

En definitiva, concluyen que una ley "de tan gran escala con el único propósito de ganar los votos que los socialistas necesitan para permanecer en el poder no tiene precedentes". A estas críticas se ha sumado también el grupo de los liberales europeos, al que pertenece lo que queda de Ciudadanos. En todo caso, la Unión Europea, ya ha encendido las luces de alarma. El comisario de Justicia, Didier Reynders, pidió la semana pasada información sobre el texto de la ley de Amnistía, que su interlocutor, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, no le ofreció con la excusa de que se trataba de una iniciativa parlamentaria y no del Gobierno, pero ayer fue el que convocó a la prensa en el Congreso para explicar su contenido.

Bolaños no quiso dar cuenta a Reynders de la ley de Amnistía, pero ayer fue él quien la explicó en el Congreso

Hay dos cuestiones que preocupan especialmente a Europa, que lleva ya varios años publicando un informe sobre la situación del estado de Derecho en los países de la UE. Uno de ellos es, efectivamente, los ataques a la división de poderes y la politización de la Justicia, de ahí que reiteradamente haya advertido a España que debe abordar la renovación del CGPJ con el sistema actual, pero proceder de inmediato a su cambio para que los miembros del Consejo pueda ser elegidos por sus pares. El otro punto que enciende las alarmas alude a los delitos de corrupción, de malversación de fondos públicos. Y la ley de Amnistía de Pedro Sánchez también las ampara.

Los populares confían en el frente europeo para parar a Sánchez aunque resulta muy complicado llegar a un escenario de sanciones con la carga reputacional que, además, conlleva.