Aunque en público dejan abiertas todas las opciones, en privado desde el PP reconocen que la modificación del Reglamento del Senado para prolongar el tiempo en el que la proposición de ley de amnistía está en la Cámara es el único margen de actuación institucional al que pueden acogerse. Este martes, Vox presentó ante el Tribunal Supremo una querella contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez por cohecho, encubrimiento de delitos, usurpación de funciones del Poder Judicial y por negociaciones prohibidas de funcionarios públicos, apuntaron. La cual extendió al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y a los partidos de ambos: el PSOE y Junts. Santiago Abascal, que encabezó la delegación, volvió a advertir al PP de que si no bloquea la ley con su mayoría absoluta en el Senado una vez llegue, también se querellaría contra los senadores de la Mesa de la cámara territorial. Ello incluye al presidente y miembro de la dirección en Génova, Pedro Rollán.

La posición pública de los populares es la de dejar hacer a los tribunales. Así lo planteaba la secretaria general del partido y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra. Tanto en lo que respecta a la querella contra Sánchez y el resto de implicados en la amnistía y las negociaciones de investidura -avalando implícitamente la posibilidad de que la Justicia la frene antes de la votación-; como también ante la posibilidad de que Rollán y el resto de miembros de su partido reciban querellas. "No tememos a la separación de poderes, ante las sanciones se impulsen, deben ser los tribunales quienes se pronuncien", dijo Gamarra, reivindicando que su posición contraria a la amnistía es la misma que la de 2021. Entonces el independentismo presentó una propuesta similar rechazada junto al PSOE.

Precisamente, los motivos que se dieron entonces, como el de inconstitucionalidad, se mantienen intactos ante un marco constitucional "que no ha cambiado", señaló igualmente la popular. "Lo que ha cambiado es el PSOE", dijo en rueda de prensa, anunciando que por eso votará en contra de la calificación de la PL de amnistía la próxima semana en el Congreso. La controversia se daba por el compromiso de mantener ese mismo posicionamiento contrario a la calificación en el Senado cuando llegue la iniciativa una vez aprobada en las Cortes. El asunto quedó ahí, dado que Gamarra finalizó la intervención posterior a la Junta de Portavoces parlamentarios. Hay que matizar que el Senado no califica las leyes llegadas del Congreso, solo las organiza para su traslado a comisión para su estudio y valoración de manera ordinaria en un plazo máximo de dos meses, o por vía de urgencia en 20 días si así se insta desde la Carrera de San Jerónimo -la reforma sacada este martes adelante por el PP permite atender o no a ello-. Y desde ahí puede volver al Congreso o no.

El PP quiere poner el foco en el momento actual, en el compromiso de rechazo que ejercerá en la próxima reunión de la Mesa con Francina Armengol en frente, y ya con Sánchez reelegido y probablemente el nuevo equipo de Gobierno anunciado. La ausencia de claridad en el procedimiento por el que se debe regir el Senado evidencia la presión a la que Vox está sometiendo en público al PP y la demanda de ir avanzando poco a poco en el asunto; sobre el terreno y con la ley en un estadio prematuro. Primero, ejerciendo una "movilización permanente" frente a Ferraz y denunciando la tibieza de Génova con protestas "de fin de semana", indican fuentes del partido ultraconservador. Segundo, alentando la idea de que el PP sería responsable de cooperar con el nuevo Gobierno y sus socios si no bloquea la ley, lo que repercutiría en presión en la calle contra los de Alberto Núñez Feijóo.

El PP limita su actuación judicial contra la amnistía a un recurso de inconstitucionalidad ante el TC"

Ante las dudas planteadas por el asunto, fuentes populares, en conversaciones con El Independiente, descartan cualquier capacidad de la Cámara Alta o resquicio legal al pueda agarrarse su partido para paralizar la amnistía. Afirman que el horizonte es muy claro, y que la norma estará aprobada a finales de marzo e incluso principios de abril. Dependerá del calendario. Este plazo de tres meses responde a que enero no es mes hábil, y la reforma del PP en el Senado les deja dos meses de plazo para alargar su tramitación. La única posibilidad de acción política que se vislumbra desde el PP es el recurso al Tribunal Constitucional (TC). "Feijóo ya lo anunció hace un tiempo, y en ello estamos", exponen esas fuentes. Ni siquiera el veto en el Senado a la norma, ya que eso dejaría en papel mojado la utilizad de la reforma del Reglamento: al vetarla en comisión y pleno vuelve sin más al Congreso, que puede aprobarla definitivamente.

Precisamente en el PP atribuyen, por lo que respecta al TC, que la ausencia de capacidad de Vox para presentar ya recursos de inconstitucionalidad como formación -al no tener 50 escaños como mínimo- han hecho que las filas ultraconservadoras estén ejerciendo esta "especie de pinza" al PP. En un momento en el que consideran que son ellos y no Bambú quien "está capitalizando el descontento en la calle". "Se vio este fin de semana en Madrid" y en otras capitales de provincia, argumentan sectores del PP. Califican de "artificios" los amagos de Vox para ir al Supremo y querellarse contra Rollán, el vicepresidente primero y exportavoz Javier Maroto, y las secretarias primera y segunda, Eva Ortiz y Marimar Blanco; así como al resto de integrantes socialistas: el vicepresidente segundo Guillermo Fernández Vara, y los secretarios tercero y cuarto, María de los Ángeles Luna y Francisco Manuel Fajardo. "No tiene base alguna" acudir al TS en esta ocasión, sentencian las fuentes consultadas.

Momento sin precedentes

La ley de amnistía sitúa en un escenario sin precedentes a la política española. El PP aboga por alentar la inconstitucionalidad de la misma refiriéndose a la ausencia de mención alguna dentro de la Carta Magna, mientras que el PSOE y el futuro Gobierno hace lo propio utilizando ese vacío legal como justificación para avanzar en "la convivencia entre catalanes, y catalanes y españoles". La actuación de las cámaras también se enfrenta a esa excepcionalidad, no obstante.

Habría algunas situaciones concretas en las que la proposición de ley pudiera quedar en standby, pero requiere la participación del TC. Y no es otra que el manifiesto de diputados o senadores apelando al amparo del Alto Tribunal y solicitando medidas cautelares. Por ejemplo, argumentando que al obligarse a valorar la amnistía, se les está instando a ir en contra de la Constitución si así lo consideran. Pero la última palabra la tendría el TC, algo que aporta pocas certezas habiendo precedentes como los de diciembre, con el rechazo de cautelarisimas a petición del PP para frenar la derogación del delito de sedición o la rebaja de la malversación. Otra opción que no se descarta es acudir al TC previo informe del letrado mayor del Senado, si este apunta que es inconstitucional el proyecto presentado. Para pedir el bloqueo temporal del trámite hasta su pronunciamiento.

Vox amaga con querellas en el Congreso

Antes de darse esa batalla en el Senado, la ofensiva será contra la Mesa del Congreso. Si la mayoría progresista sigue con normalidad la calificación de la amnistía y de igual manera se aprueba en la Junta de Portavoces iniciar la tramitación, como se estima, Vox iniciará otra oleada de querellas "por prevaricación" contra los miembros de la misma. Desde la presidenta Armengol, hasta la secretaria cuarta, Carmen Navarro, del PP. Añadirá al letrado mayor Fernando Galindo, quien a su vez ejerce de secretario general del Congreso. Así lo trasladó la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán este martes.

La Mesa ha calificado favorablemente este martes una iniciativa de Vox para "garantizar la unidad de España" en la que, nuevamente, se propone ilegalizar partidos separatistas. La Constitución, en su artículo 1, "propugna el pluralismo político como valor superior del ordenamiento jurídico". Esta propuesta también entra en conflicto con la Ley Orgánica de Partidos, que reserva al Poder Judicial la capacidad para ilegalizar agrupaciones. Pasó con Batasuna en 2003. En base a ello, y ante las probables querellas, la Mesa podría argumentar que la tramitación de la amnistía o de la propuesta de Vox obvia el carácter de constitucionalidad, y que se admite a trámite para que sea la cámara quien debata sobre ello y de ser necesario la Justicia.