Los cuatro fiscales del 'procés' han remitido una carta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para reclamar que salga en defensa de la institución tras los ataques a la Justicia con el término lawfare ("guerra judicial") en el pacto Junts-PSOE. García Ortiz ha contestado refiriéndose sólo a la amnistía y pidiendo tiempo para posicionarse cuando la ley esté publicada. Asegura en su misiva que él "velará siempre por la autonomía de quienes han ejercido y ejercen como fiscales en defensa de la legalidad".

La carta con fecha de este martes fue enviada por los cuatro fiscales del Tribunal Supremo Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadenas y señala que "el contenido de ese acuerdo genera una especial preocupación, ya que anula el principio de separación de poderes y cercera de raíz la independencia judicial". Los que dirigieron la acusación durante el juicio a los líderes del 1-0 dicen ahora que el "reconocimiendo de que la actuación judicial fue injustificada y obedecía exlusivamente a razones políticas" representa "una quiebra absoluta de los valores constitucionales que insperan nuestra democracia".

El pacto que lleva explícito la ley de amnistía se olvida, apuntan, de que hubo actos "manifiestamente" delictivos y de que ellos como fiscales sólo se rigen por el principio de "legalidad e imparcialidad" actuando, además, con el beneplácito del fiscal general del Estado en ese momento.

"El solo hecho de que se arroje la sospecha sobre los fiscales" como si su intervención en la causa independentista hubiera sido movida por intereses políticos "solo puede entenderse como un ataque a la institución que debe ser objeto de respuesta inmediata por el fiscal general del Estado como cúspide de la carrera judicia".

Este reclamo se lleva produciendo varios días por una parte de la Fiscalía que considera inexcusable que García Ortiz se posicione después de que lo haya hecho ya el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, la de la Audiencia Nacional, las cuatro asociaciones de jueces, las tres de fiscales, jueces decanos de tribunales superiores de justicia y de audiencias provinciales y una larga lista de instituciones y asociaciones más.

De hecho, la Asociación de Fiscales --mayoritaria en la carrera-- ha pedido que se debata este asunto en el Consejo Fiscal (órgano asesor de García Ortiz) y su presidenta, Cristina Dexeus, expuso en una entrevista en El Independiente su disgusto por lo que consideraba la "pasividad" del jefe del Ministerio Público de quien han pedido su dimisión.

García Ortiz ha contestado con otro documento en el que recuerda que debe respetar el principio de separación de poderes y "evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionales atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado". Por eso, considera que "cualquier posicionamiento del Ministerio Público respecto de una futura amnistía de los hechos acaecidos en CAtaluña en relación con el proceso independentista exige conocer la definitiva norma que la regule" una vez ésta se haya publicado en el BOE.

En todo caso, anticipa que no tiene intención de posicionarse de manera pública, sino que lo hará de forma "técnico-jurídica" y "a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que se demanda" la intervención de la Fiscalía. "La observancia del derecho vigente y la sujeción al principio de legalidad constituyen mandatos imperativos para el Ministerio Fiscal", dice, sin mencionar en ningún momento el lawfare. Eso sí, recalca que él siempre velará por la independencia y la autonomía de su trabajo.

Los cuatro togados dicen no entender por qué "dilatar la declaración" del fiscal general "bajo el argumento de que no está aún publicada la ley de amnistía cuando lo que se solicita es el pronunciamiento sobre el texto de un acuerdo que ya existe y ha sido publicado". "Parece más que necesario", reclaman, "que exprese públicamente y en este momento la postura que ahora interesamos de defensa de la institución". Fuentes fiscales del Supremo señalan que la respuesta de García Ortiz no contesta expresamente a lo que se les había solicitado que no era una postura sobre la amnistía sino sobre lo que consideran un ataque a la Justicia.