La proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE para perdonar todo tipo de delitos relacionados con procès ha sembrado algunas dudas sobre el alcance de la misma especialmente en lo que se refiere a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La norma dejará sin mácula delictiva a los líderes políticos como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, a los actos de terrorismo de los Comités de Defensa de la República (CDR) y a las maniobras de contacto con el Kremlin de la operación Voloh. También incluyen a los agentes que participaron en el dispositivo especial para impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre, pero los matices están en las causas en las que haya torturas.

A pesar de que el Gobierno asegura haber redactado el texto sin nombres y apellidos, tiene ya un cálculo muy exacto de personas que podrían verse beneficiadas por el perdón colectivo e incluye a 73 agentes, entre policías, mossos d'esquadra y guardias civiles, por las actuaciones en los colegios electorales hace ahora seis años. Muchos manifestantes denunciaron desproporción policial en las cargas por parte de unos e inacción por parte de otros, en concreto de la policía autónoma. Varios juzgados tienen abiertos procedimientos judiciales para dirimir el papel que cada uno desarrolló aquella jornada.

El que más focos mediáticos ha acaparado es el de 45 policías nacionales encausados por delitos de lesiones en el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona. El magistrado Francisco Mirallés, en el auto de procesamiento, dejó abierta la puerta a que pudiesen ser condenados por delitos de torturas, si bien la causa se dirige en realidad por lesiones leves y, en algunos casos puntuales, por un delito contra la integridad moral.

En el apartado de exclusiones de la ley de amnistía se puede leer que no podrán ser exonerados "los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes siempre que superen un umbral mínimo de gravedad". También se excluyen  los actos que hubieran producido un resultado de muerte, aborto o lesiones al feto, la pérdida o la inutilidad de un órgano, miembro o sentido, así como impotencia, esterilidad o una grave deformidad. Ese punto, el 2.b, hizo saltar las alarmas en algunos sindicatos policiales como el SUP o Jupol.

La denuncia por torturas de una manifestante

La razón: hay algunas causas que todavía siguen en instrucción y está por determinarse si se acusa por torturas o no. En la investigación, a la que ha tenido acceso El Independiente, consta un documento del SiR[a] que es un centro acreditado en España para evaluación de casos de tortura y otros tratos penas crueles, inhumanos en el que señala que un denunciante pudo "haber sido maltratada por agentes en el transcurso de una detención en la Vía Laietana" el 18 de octubre de 2019.

Los hechos se enmarcan en todas las protestas que se produjeron en Barcelona cuando se conoció la sentencia de condena de los líderes del procés por el Tribunal Supremo, dos años después del 1-0. Una joven de 24 años se encontraba en una concentración en la Plaza Urquinaona de Barcelona, como parte de las denominadas "marxes per la libertat".

En el acta policial de su arresto consta que sobre las 18:30 horas de ese día "se encontraba arrojando todo tipo de objetos tales como piedras, adoquines, botellas de vidrio, bolas de petanca, canicas y demás objetos contundentes". La manifestación que había sido convocada por diversas organizaciones independentistas confluyó en la vía Laietana deteniéndose frente al número 43 donde se encuentra la Jefatura Superior de Policía de cataluña. En un momento dado, describe el atestado, "no solo se volvió hostil contra los agentes de la Unidad de Intervención policial (UIP) allí desplegados para dar seguridad al edificio e institución, sino que su virulencia parecía tener como fin el acceso al interior del edificio, iniciándose un asedio violento". Ese día resultaron lesionados 58 agentes de la UIP, cinco de ellos heridos graves, de los cuales 3 fueron hospitalizados.

La chica fue arrestada por daños, desórdenes públicos y atentado a la autoridad y pasó diez días en prisión provisional. El 3 de mayo de 2021 el Juzgado de Instrucción número 30 incoó unas diligencias después de que ella interpusiera una denuncia contra varios policías que la custodiaron. Describe que en su detención fue esposada en una posición incómoda y dolorosa: "Nos tiraron a la furgoneta y como iba esposada, caí y me partí el labio. En la furgoneta de detenidos solo estábamos [otro detenido] y yo y tres antidisturbios hombres. Me sentía insegura, fatal, quería salir de allí, de ese espacio, no les veía la cara, estaba esposada, no había espacio, no podía moverme. Tenía miedo".

El relato de supuestas torturas continúa explicando que los policías UIP que iban al lavabo y pasaban por su lado le daban patadas con las botas. "Entran varios antidisturbios diciendo 'habéis matado a un compañero'. Hay un cúter en el suelo, y uno de los policías uniformados de oficina empieza a abrirlo y cerrarlo acercándose a mí y diciéndome "¿qué estás buscando con esto? ¿Un muerto, estás buscando un muerto? ¿No vas a parar hasta que haya un muerto? Tranquila, que no será de nuestro bando", le espetó presuntamente. "Me sentí amenazada, no sabía bien si se había muerto un policía y tenía miedo de las consecuencias", relata ella.

El informe que alega trato inhumano invoca el Protocolo de Estambul y cuenta cómo la joven se sintió angustiada y humillada. "Uno de los momentos más angustiosos y claustrofóbicos de mi vida, fue el rato más largo de mi vida", añade sobre una vez que la dejaron en un furgón. La chica asegura haber estado sometida a traumatismos causados por golpes y patadas: un golpe contundente en la cabeza, realizado con un puño o la parte de atrás de un arma, cuando la tiran de la furgoneta, patadas, retención en un estado claustrofóbico, amenaza con un elemento cortante estando maniatada, no haber recibido comida ni agua ni haber podido ir al baño durante la detención, etc.

Su defensa ha pedido que la causa se extienda a cerca de unos 15 agentes que, según uno de sus últimos escritos, fueron la que la custodiaron ese día. Ahora está por ver si esta causa supera ese margen de malos tratos que fija la ley y todo queda en papel mojado. "Lo nuestro es imposible que supere ese umbral mínimo", asegura uno de los agentes imputados en esa causa, que cree que sí incluirá a él y a sus compañeros, aunque reniegan de la misma. "El juez dejó abierto el tema de las torturas, pero sólo imputó por lesiones. Las acusaciones las pedirán, pero no creo que la Audiencia Provincial lo estime", indican fuentes del cuerpo.

En esta causa hay 15 policías investigados. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) se manifestó el pasado viernes 10 en Barcelona para mostrarl su apoyo a la primera decena que declaró. A principios de diciembre lo hará el resto. Estos, más los otros 45, suman un total de 60 agentes. El resto hasta llegar a los 73 son en su mayoría mossos denunciados por inacción en los colegios electorales.

La ley prevé otras exclusiones que puede afectar al agente que actuó en el colegio electoral Ramon Llull y que disparó una de las pelotas de goma que dejó sin un ojo a un hombre, y el texto apunta a que no serán amnistiados los que provoquen "la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro".