Es la segunda muerte, la que provoca el olvido, el social y el judicial. La sufrieron cuatro de cada diez víctimas del terrorismo de ETA. Para la mayoría ya no tiene solución. El tiempo ha enterrado su caso hasta la prescripción. Los más afortunados, los menos, aún albergan alguna posibilidad de poder reabrir su caso, de encontrar una nueva pista, un nuevo indicio que permita abrigar el duelo con algo de Justicia.

Son más de 300. Sus circunstancias, su devenir, queda reflejado, caso a caso en ''Sin Justicia. Más de 300 asesinato de ETA sin resolver' (Editorial Espasa). obra de Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, y la periodista y doctora en Comunicación por la Universidad de Navarra, María Jiménez. En realidad, no son 300 sino 376 los asesinatos sin resolver. Los autores reflejan cómo antes de la Ley de Amnistía de 1977 ETA ya había cometido 67 asesinatos de los que la inmensa mayoría, el 94% (63) quedaron sin resolver tras la aprobación de la medida de gracia.

El problema continuó después, desde 1977 hasta el día de hoy. En la actualidad otros 312 crímenes mortales siguen sin condena de sus autores. La inmensa mayoría se cometieron en Euskadi (255), fundamentalmente en Bizkaia (101), seguidos por Gipuzkoa (95) y Alava (19).

Domínguez subraya las condiciones en las que tuvieron que afrontar los Cuerpos de Seguridad y la justicia española los años 'de plomo', los más convulsos del terrorismo etarra. La presión violenta, la falta de medios y el clima social que dificultaba las investigaciones impidió en muchos casos identificar y sentar ante un tribunal a los etarras.

Pregunta.- ¿Por qué deciden publicar un trabajo de estas características, que repasa uno a uno los atentado sin resolver, sin culpables condenados, de la historia de ETA?

R.- Es la consecuencia de un debate público que viene desde hace años. En 2011 se identificó, a partir de un informe para Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT) tras la publicación de ‘Vidas rotas’, esta situación. Se descubrió que había una cantidad significativa de casos no esclarecidos, casos de ETA que no han sido juzgados o sobre los que no ha habido condena. Durante este tiempo se fue arrastrando. Incluso hubo una visita de una comisión del Parlamento Europeo para tratar el tema. Por eso nos pareció oportuno hacerlo desde un punto de vista más periodístico, hacer un análisis de las circunstancias que habían llevado a esta situación.

P.- 300 casos son muchos, muchas familias sin Justicia ni verdad…

R.- Sí. Son dos bloques con situaciones jurídicas distintas. Por un lado los anteriores a la Ley de Amnistía de 1977 y los posteriores, 312, los que no tienen ningún autor material condenado. De esos 312 hubo juicio en una cuarta parte de los casos pero se resolvieron sin condenar a ningún autor material o fueron condenados colaboradores o cómplices, pero no los autores. En esos casos por tanto la Justicia es parcial, pero sí revela que hubo un esfuerzo, una labor policial.

P.- ¿Hay alguno que le llame especialmente la atención, por las circunstancias en las que se encuentra el caso, por cómo se desarrolló?

R.-  Algunos casos tienen que ver con decisiones judiciales muy polémicas. Que un juez de San Sebastián, sin enviar el sumario a la Audiencia Nacional, que era la competente, estableciera que la muerte de un desactivador de explosivos al estallarle la bomba que trataba de desactivar -23 de enero de 1983-, no era un ilícito penal clama al cielo. Este caso, el de Aniano Sutil Pelayo, ahí se quedó. Un juez que debía enviarlo a la AN dictó ese auto y lo archivó diciendo que no era delito. Hay una veintena de casos que tampoco fueron remitidos a la Audiencia Nacional, sino que se los quedaron los juzgados locales. Uno de ello, el del periodista José María Portell, asesinado por ETA. Su expediente fue expurgado al paso de los años sin que llegara al tribunal competente. O el caso de dos asesinatos del año 80 que pocos años después se detuvo a dos de los autores de esos asesinatos, uno en el ‘comando Donosti’ y otro en el ‘Comando Eibar’, que reconocen el asesinato. Esas diligencias se remitieron a la Audiencia Nacional pero no estaban ahí porque se los quedó un juzgado de Pamplona y lo archivó.

P.- ¿Cuál es la dimensión de este problema de falta de Justicia en los cientos de atentados cometidos por ETA?

R.- En un 40% de los asesinatos posteriores a la amnistía de 1977 vimos que o no había habido juicio o no había condena de los autores materiales.

P.- En ‘Sin Justicia’ detallan casos de hace más de cuarenta años. ¿Cómo han logrado documentarlos?

Que un juez, sin enviar el sumario a la Audiencia Nacional, que era la competente, estableciera que la muerte de un desactivador de explosivos al estallarle la bomba no era un ilícito penal clama al cielo"

R.- Ha sido un trabajo de documentación de los dos. Llevamos mucho tiempo haciendo investigaciones sobre terrorismo. Teníamos bien sistematizada la información, en algunos casos si no contábamos con información la hemos buscado para conocer qué actuaciones judiciales o policiales se habían hecho en cada caso. Conocer hasta dónde se llegó y hasta dónde no. En la mayoría de los casos no esclarecidos la causa es que no se llegó a identificar la autoría, no se pudo poner nombre a quien puso la bomba o apretó el gatillo. Nuestro objetivo era conocer los procesamientos que ha habido, la información que existe de los archivos, el estado de posibles reaperturas judiciales, las investigaciones policiales, etcétera.

P.- Que cuatro de cada diez atentados de ETA no tengan una condena, ¿en qué lugar deja a la Justicia y la policía española? ¿Cómo lo interpreta?

R.- Hay un dato que no debemos olvidar. Lo pone de relieve el informe del Parlamento Europeo: España es el país que ha esclarecido el mayor número de asesinatos terroristas. Las diferencias con Irlanda del Norte, otro foco de terrorismo en Europa, son abismales. Allí el 88% de los asesinatos está por esclarecer. La sociedad española es exigente. Si no conocemos el contexto nos podemos perder. Tres cuartas partes de los asesinatos no esclarecidos se cometieron en los conocidos como los ‘años de plomo’, los que van desde finales de los 70 hasta la década de los 80. Hay que tener en cuenta las circunstancias en las que trabajaban las Fuerzas de Seguridad en esa época. Estaban siendo acosadas con una intensidad sinigual en ningún otro foco terrorista europeo. La Policía y la Guardia Civil eran objetivo terrorista y eso les obligaba a destinar muchos recursos a la autoprotección. Para sacar un coche ‘zeta’ con distintivos debían ir otros dos coches adicionales camuflados para asegurar su seguridad. Esas eran las circunstancias en las que trabajaban y vivían. Eso requería mucho personal que se retraía de otras actividades con lo que eso suponía de ineficiencia.

P.- En su libro destacan que la actitud de mirar hacia otro lado, el miedo social y el silencio de los ciudadanos tampoco contribuyó a esclarecer los atentados. Encontrar testigos era difícil, nadie veía nunca nada…

R.- Sí, la falta de colaboración ciudadana existió. El miedo impuesto por ETA complica encontrar testigos, detectar a las personas que podían identificar a los autores. Nadie veía nunca nada. La falta de colaboración ciudadana fue un factor sustancial que impidió que se esclarecieran muchos atentados. Fue una época en la que el terrorismo provocaba que la iniciativa de las Fuerzas de Seguridad estuvieran a la defensiva y que la capacidad de intimidación de los terroristas en la sociedad tuviera su impacto. Eso se reflejaba los resultados de las investigaciones.

P.- La intensa actividad terrorista de esos años, ¿llegaba al punto de solapar un atentado con otro sin dar tiempo para avanzar en un caso para tener que abrir otro?

R.- No sólo estaban los asesinatos. Había otro tipo de actividad terrorista sin víctimas mortales. Todo eso saturaba la capacidad de investigación. A pesar de todo se lograron éxitos importantes que provocaron un debilitamiento paulatino de la organización terrorista y una disminución que a partir de mediados de los 80 cae el número de atentados y víctimas, pese a trabajar en una situación muy adversa.

Se priorizaba detenerlos, sacarlos de la calle. Si se les conseguía una condena no se iba más allá para ver si tenían más delitos. Así era el funcionamiento práctico. Era una época con una actividad muy intensa"

P.- En esos años duros tampoco la sensibilidad hacia las víctimas estaba muy patente. ¿Eso influyó en arrinconar o no otorgar prioridad a su derecho a conocer la verdad y a la Justicia?

R.-  No existía un movimiento organizado de víctimas. La primera, la más antigua es la AVT, que nació en diciembre de 1980. No tenían capacidad de presión. No estaban presentes en la sociedad, que no las tenía presentes. En la estrategia de trabajo policial influía la necesidad de quitar terroristas de la calle cuanto antes. Para eso se priorizaba detenerlos, sacarlos de la calle. Si se les conseguía una condena muchas veces no se iba más allá para ver si tenían más delitos. Así era el funcionamiento práctico. Era una época con una actividad muy intensa.

P.- ¿Estamos a tiempo de saldar, al menos una parte, esta laguna de Justica con las víctimas o ya es demasiado tarde?

R.- Para buena parte la prescripción es firme y es muy difícil. Hay algunos que aún no han prescrito y se sigue trabajando y pueden tener recorrido judicial. Hace algo más de un mes un caso, el de Jiménez Abad, se resolvió con la condena de Mikel Karrera, ‘Ata’, 22 años después del atentado. Otros, como el asesinato de los dos ertzainas de Beasain, el de los dos policías de Sangüesa, el del cabo de la Guardia Civil de Leiza… hay varios con posibilidad de recorrido judicial que puedan acabar en juicio. En otros muchos ya no tienen posibilidades de resolución judicial. Quizá otros caminos sí, como el de recabar información.

P.- ¿De cuántos casos hablamos con opciones a ser reabiertos o esclarecidos?

R.- No sabría decirle, pero son unos cuantos, aunque los menos.

P.- Sin duda los presos de ETA son una fuente de información relevante para poder esclarecerlos. Pero en 2017 el colectivo de presos se comprometió a dos líneas rojas: ni arrepentimiento, ni delación. ¿Es una vía imposible?

R.- Salvo que alguno de modo singular decida informar, la gran mayoría de los presos de ETA no están por la labor de entrar por esa vía. Quizá alguno de modo individual. Ellos se han comprometido a no delatar ni reconocer nada. Algún caso se ha dado, pero son pocos.

P.- El Gobierno vasco lleva a cabo una iniciativa denominada los ‘Cuadernos de la memoria’ para que las familias al menos dispongan de información, de la documentación del expediente de su caso. ¿Le consta si el Gobierno Central hará algo similar?

R.- No lo sé, no tengo noticia de eso.

P.- El derecho a la verdad, a conocer lo que ocurrió, sí lo siguen teniendo las víctimas, incluso en aquellos casos prescritos. ¿Se le debería reconocer a las víctimas?

R.- Sí, claro. El Fiscal que lleva estos casos, el fiscal Marcelo Azkarraga mantiene esa tesis, la de investigar todo lo que se pueda y luego al final ver si ha prescrito o no. De este modo se puede acumular información sobre lo ocurrido y facilitarla a la familia. Es un modo de resarcir a la víctima conociendo qué ocurrió, cómo ocurro y qué personas presuntamente podrían haber estado implicadas, aunque no pueda haber juicio.