La legislatura terminó con el vaso colmado. La paciencia del PNV con el hasta hoy ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, estaba agotada. Los incumplimientos y retrasos en dos de los compromisos pactados con la formación nacionalista -el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital y de los estudios para la gestión económica de la Seguridad Social- estuvieron detrás de los reproches más duros escuchados en todo el mandato al socio del Ejecutivo: “Es un ministro obstáculo”, “nuestra relación se puede ir al carajo” o “estamos muy cabreados con este ministro” fueron sólo algunas de las lindezas que el PNV dedicó a Escrivá. El anuncio conocido ayer de que ya no estará al frente de la cartera de la Seguridad Social y que será sustituido por la exconsejera de Economía navarra, Elma Saiz, sentó bien en Sabin Etxea.

El PNV había reclamado en reiteradas ocasiones a Sánchez la necesidad de relevar a Escrivá de ese ministerio. Incluso mostró su decepción en las remodelaciones que Pedro Sánchez llevó a cabo y en las que dejó al margen a Escrivá. Esta vez, el guiño con el movimiento en su Gobierno, desplazando a Escrivá a un ministerio de nueva creación, el de ‘Transformación digital’, supone desbrozar el camino para alcanzar una de las viejas aspiraciones y grandes compromisos adquiridos en los acuerdos para investir a Sánchez: la gestión económica de la Seguridad Social. Lo hace además tras firmar un compromiso con un límite temporal “improrrogable”: dos años.

El malestar con Escrivá viene de lejos. El acuerdo para ceder a Euskadi la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se fue retrasando y modificando pese a repetidos compromisos firmados. Escrivá insistía en que debía ser un traspaso temporal, no definitivo. Sólo tras el último, el acuerdo presupuestario para las cuentas de 2022 terminó ejecutándose la cesión. Otro de los episodios del malestar viene de la falta de diálogo con el PNV en cuestiones como la reforma de las pensiones, en la que el PNV se sintió desplazado pese a ser socio preferente del Gobierno. La sintonía que sí ha existido entre los nacionalistas y algunos ministros económicos, como María Jesús Montero, ni siquiera ha asomado en el caso de Escrivá.

La resistencia del ministro a ceder competencias a Euskadi o incluso a cuestionar algunas reconocidas en el Estatuto de Gernika, sentaron especialmente mal. Una opinión que contrasta con la que los nacionalistas tienen de la nueva ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, con la que no en vano gobernaron en coalición durante el primer Ejecutivo de María Chivite. Los nacionalistas confían en que la singularidad compartida de la foralidad con una comunidad como la Navarra podrá facilitar el diálogo con la nueva titular del ministerio.

También en Navarra

Los acuerdos de investidura alcanzados con el PNV tan sólo contemplan la cesión de la gestión de la Seguridad Social a Euskadi. Sin embargo, los nacionalistas vascos no quieren dejar escapar el actual escenario de debilidad del Gobierno para extender esa reclamación a la vecina Navarra. Menos aún siendo Saiz -actual portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Navarra-, quien liderará el ministerio. Geroa Bai, la coalición en la que se integra el PNV, presentó ayer mismo una iniciativa en el Parlamento de Navarra para que la Cámara foral inste al Gobierno de Chivite a exigir lo mismo que Euskadi, la cesión de la gestión de la Seguridad Social.

El Amejoramiento navarro ya establece, al igual que el Estatuto de Gernika, en su artículo 54 que Navarra será competente en materia de gestión de la Seguridad Social. Se trata de una competencia que figura en una decena de Estatutos de autonomía pero que sólo en el caso del País Vasco y Navarra está arropada por su singularidad foral y su capacidad recaudatoria.

La cesión de la gestión del IMV se hizo de modo prácticamente simultáneo en ambas comunidades. En febrero del año pasado en Euskadi y en marzo en Navarra. El PNV viene reclamando la gestión económica de la Seguridad Social desde el primer momento que Sánchez accedió al Gobierno. En el cronograma que se pactó inicialmente figuraba el compromiso para avanzar al menos en los estudios para facilitar su transferencia. Precisamente las reticencias del aún ministro Escrivá fueron relegando esta cuestión, que ya situó en el último lugar de prioridades, y que ahora se quiere incluir de modo conjunto con la casi una treintena de transferencias que restan por cumplir.

¿Nuevo escenario en Pamplona?

La llegada de Saiz al ministerio podría desbrozar además otra cuestión enquistada en Pamplona y que enfrenta a Geroa Bai, Podemos y Bildu con el PSE. La conformación del ayuntamiento tras las elecciones del 28-M estuvo rodeada de polémica por los intentos de EH Bildu de acordar una alianza que impidiera a Unión del Pueblo Navarro (UPN) hacerse con la alcaldía. La negativa del PSN municipal, liderado por Saiz, de permitir un pacto progresista que facilitara la alcaldía al candidato de la izquierda abertzale sigue siendo hoy un reproche de los de Otegi a los socialistas navarros. Bildu insiste en que ellos sí facilitaron sus votos para que Chivite reeditara su Gobierno pero que no fueron correspondidos en el Ayuntamiento de Pamplona haciendo alcalde a Joseba Asirón.

En los cinco meses transcurridos Bildu ha insistido en reclamar esa alcaldía y en instar al resto de formaciones a hacer realidad una moción de censura que derroque al Gobierno de Cristina Ibarrola en la capital navarra. Con la inminente salida de Saiz del consistorio pamplonés y la conformación de todos los niveles institucionales iniciada en junio –municipal, autonómico y nacional- se inicia una nueva etapa y en ella Bildu ha vuelto a recordar que sólo es cuestión de voluntad hacer realidad la salida de UPN de la alcaldía: “Tiene fácil solución”, dijo ayer Otegi, en referencia a la posibilidad de pactar un moción contra Ibarrola, “de momento no está sobre la mesa pero podría ser uno de los instrumentos”.