Es la ley más importante de la legislatura. Tras años de negociaciones, de acuerdos y desacuerdos en su elaboración, finalmente verá la luz en vísperas navideñas y en el tramo final del actual mandato. Lo hará con el Gobierno enfrentado al líder de la oposición, EH Bildu, con el que aspiraba a consensuarla y sin que el resultado sea el deseado por el PNV, ni en contenido ni en apoyos. Al menos, al Gobierno de Iñigo Urkullu le permitirá cerrar el mandato con la norma estrella de la legislatura aprobada: la ley de Educación.

Sustituirá a la que ahora está en vigor desde hace tres décadas. Será en el pleno del Parlamento Vasco del próximo 21 de diciembre cuando los dos socios del Ejecutivo, PNV y PSE, salvo sorpresas de última hora, escenificarán la ‘soledad’ de la mayoría absoluta que ostentan. En abril de 2022 la esperanza con la que arrancaba el proceso de elaboración de la nueva ley era bien distinta. Entonces, a PNV y PSE se sumaron EH Bildu y Elkarrekin Podemos para fijar las bases sobre las que el departamento de Educación debía elaborar la nueva ley. Aquel acuerdo del 90% de los diputados de la Cámara acordó unos principios, unos pilares, de los que sólo se quedaban fuera PP, Cs y Vox.

Sin embargo, un año después la propuesta de ley presentada por el Gobierno abrió las primeras grietas. La más grave, la generada en torno al peso que debía tener el euskera en el sistema educativo vasco. El PNV proponía un modelo educativo plurilingüe en el que el euskera fuera el “eje central”. En él no se blindaba el actual sistema de tres modelos: el A (en castellano), el B (bilingüe) y el D (en euskera). Es ahí donde las desavenencias con su socio de Gobierno alcanza niveles de ruptura si no se garantiza la pervivencia de los tres modelos como garantía de elección de las familias. Finalmente, ayer el acuerdo entre el PNV y PSE primó –a través de una enmienda a la norma propuesta- para asegurar la continuidad de los tres modelos, además de fijar objetivos de conocimiento idiomático al finalizar la ESO; un B2 para euskera y castellano y un B1 para la lengua extranjera.   

Ahora EH Bildu no quiere saber nada del proyecto consensuado entre PNV y PSE. Ayer anunció una última propuesta pero que no tiene apenas posibilidades de prosperar al incidir en la necesidad de suprimir los modelos lingüísticos del sistema de enseñanza. Considera que se han demostrado ineficaces para aprender euskera. De este modo, el desmarque de Bildu se sumará al de Elkarrekin Podemos que hace tiempo que lo anunció por considerar que el articulado acordado por PNV y PSE no protege suficientemente a la escuela pública y continúa apoyando a la red concertada. La respuesta definitiva de los de Otegi se conocerá el próximo viernes día 1 de diciembre tras el proceso de consulta interna a sus bases que activará el lunes para tomar una decisión.

Centros concertados

Bildu y Podemos han coincidido además en que la financiación pública de los centros concertados debe ir aparejada de compromisos sociales o incluso de laicidad de los colegios, algo no recogido en el proyecto de ley. El peso de la red concertada en el caso del País Vasco es muy elevado. Casi la mitad de los 380.000 alumnos vasco está matriculado en un centro concertado.

Desde el Gobierno vasco confían en que en los próximos días aún se pueda reconducir a EH Bildu y lograr su respaldo a la norma. La necesidad de aprobar una ley lo más consensuada y trasversal posible fue siempre una aspiración del Ejecutivo de Urkullu que se ha ido desvaneciendo a medida que la ley ha ido tomando forma. En el pulso librado entre las formaciones finalmente ha pesado más el respaldo y mayoría suficiente que le brindaba su socio de Gobierno, el PSE, que las exigencias fundamentalmente en clave de euskaldunización que venía exigiendo la coalición de Otegi.

El portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria insistía ayer en que aún es posible “ensanchar” un acuerdo con otras formaciones. Les instaba a que valoren otros muchos aspectos recogidos en la norma y que van más allá de los aspectos lingüísticos como son la “escolarización equitativa, terminar con la segregación, la nueva financiación, la autonomía de los centros, la mejora permanente del sistema o la exigencia de un conocimiento suficiente de las lenguas”.  

La permanencia del sistema de modelos lingüísticos que ha forzado el PSE no supondrá la obligación de tener que aplicarlos sino la posibilidad de seguir aplicándolos. La única exigencia que se incluirá en la norma es que el alumnado de un centro tenga que acreditar al finalizar el periodo de escolarización obligatoria un nivel de euskera, castellano y una lengua extranjera determinado, el equivalente a un B2 en el caso de las dos lenguas cooficiales y un B1 en la tercera lengua que imparta el colegio.

'Modelo A', minoritario

La ley que se someterá a votación del Pleno el día 21 permite adaptar el sistema de aprendizaje de acuerdo a la realidad sociolingüística en el que esté sumido el centro educativo. Puede recurrir para ello a los modelos ya en vigor o a la elaboración de un modelo propio que deberá ser aprobado por el Departamento y que asegure alcanzar el nivel de conocimiento exigido. Actualmente el sistema de modelos lingüísticos ha acreditado niveles insuficientes de conocimiento y, fundamentalmente, de uso del euskera. Es esta la conclusión de las sucesivas encuestas llevadas a cabo en los últimos años y el argumento fundamental esgrimido por EH Bildu para tildar de ineficaces los modelos.  

Actualmente en el sistema educativo vasco es mayoritariamente euskaldun. Así, el modelo A, íntegramente en castellano con el euskera como asignatura tan sólo representa en términos generales el 14,5% del alumnado. A medida que el nivel educativo se acentúa el peso de la escolarización en castellano también crece. Del 3% en Primaria pasa a al 6% en Secundaria y al 26% en Bachillerato.