El PP empieza a perfilar de una forma más concreta su primera acción judicial contra la futura Ley de Amnistía al procés y a sus involucrados. Emergerá en forma de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) y como respuesta a la calificación en positivo que la Mesa del Congreso de los Diputados ha hecho este martes de la proposición de ley registrada por el PSOE. Tanto por una consideración de mala praxis administrativa, como por entender que se han vulnerado principios como el de "neutralidad" en lo que respecta al informe preceptivo del letrado mayor de la Cámara. También por "ser inconstitucional", dicen los populares. El amparo se evitaría, no obstante, si la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa rectifica antes de que pase a la Junta de Portavoces y se marque fecha para someter a votación en el pleno su paso a comisión.

Tanto dentro del Grupo parlamentario del PP como en la sede nacional de Génova no se contempla dicho escenario de rectificación. Este recurso de amparo sería el inicio de una batería de iniciativas ante el Alto Tribunal que, de aprobarse la amnistía en pleno mediante el uso de la mayoría de investidura existente, pasaría a ser uno de inconstitucionalidad tras su tránsito al Senado y aprobación final. En todo caso, para poder optar con todas las garantías a esa atención judicial para que se paralice la tramitación, el PP sabe que es necesario "llegar hasta el final" en lo que al Congreso se refiere, para justificar su petición sin vía alternativa. Más allá de un simple sentimiento de agravio en sus derechos como parlamentarios al no atenderse las demandas.

Como Vox, el PP ha presentado un amplio escrito pidiendo la reconsideración a la Mesa en el que se solicita que se revierta la decisión y suspenda la tramitación de la ley de amnistía hasta que se oficialice una inadmisión definitiva. En primera instancia, los de Santiago Abascal se centran más en el fin, apuntando que ésta daría pie a "la quiebra del Estado de derecho, la ruptura de la unidad nacional, el respeto a la igualdad de todos los españoles, y un ataque sin precedentes a la independencia del Poder Judicial y el principio de legalidad constitucional". Pero los populares justifican esa reconsideración en términos administrativos, en una línea más oficial que combativa.

Por un lado, ven cimentada esa necesidad de volver a evaluar la amnistía ante la ausencia de "objetividad del secretario general de la Cámara", que también es el letrado mayor de la misma, Fernando Galindo. El PP pidió su recusación en el proceso por escrito a la Mesa, algo que este martes se ha denegado. Galindo ha realizado el informe preceptivo de la proposición de amnistía, sin advertir ningún carácter de inconstitucionalidad. Pero desde el PP insisten en su vinculación hasta "hace poco" con el anterior Gobierno de Pedro Sánchez, en el que ejercía de subsecretario de Política Territorial bajo el mando de la ya exministra Isabel Rodríguez. Aunque recalcan que el informe "no es vinculante" para la decisión de la Mesa, creen que dado los hechos, "hay nulidad en cuanto al trámite" al "carecer" el escrito de "neutralidad". Se cuestiona a su vez que se haya presentado ese documento antes de valorar la solicitud del PP.

El PP afirma que el informe del letrado mayor del Congreso carece de neutralidad por estar vinculado con el anterior gobierno tanto profesional como personalmente"

A ello unen que Francina Armengol, la presidenta del Congreso y de la Mesa no ha seguido el procedimiento marcado para dar respuesta a su demanda de recusación. "No nos han contestado en forma. Es un trámite administrativo al que nos deberían haber contestado por escrito, y lo ha hecho a viva voz" en la última reunión del órgano, profundizan fuentes conocedoras de los pormenores. Un encuentro que se califica de "intenso y largo". Armengol "tiene una asesoría potente, está más que al tanto" de los procedimientos a seguir, entienden desde el principal partido de la oposición. Frente a las críticas del PP, Armengol habría validado el procedimiento cargando la responsabilidad interpretativa a la futura comisión que lo aborde. Desde el PSOE y Sumar, en privado, definen como "ruido" estas acciones de la oposición, que se unen al cambio del Reglamento del Senado para alargar la tramitación una vez llegue allí; haciéndose valer la mayoría absoluta conservadora.

Además, se hace mención desde el PP a la esposa de Galindo, Mercedes Cabrera, que hasta finales de octubre era Directora de Relaciones con las Cortes; mano derecha del exministro Félix Bolaños, que ahora ocupa las competencias de Justicia tras el anuncio del nuevo Ejecutivo. Un hecho que a juicio de los populares, añade más fundamento a esa quiebra del principio de neutralidad que se denuncia. En el PP matizan que en ningún caso se cuestiona la valía de Galindo para el puesto de letrado mayor, ni mucho menos es un ataque personal.

Por otro lado, se pone el foco en la presentación de la amnistía que hizo en sede parlamentaria el propio Bolaños hace una semana. "El propio Bolaños fue quien contaminó el proceso al presentar esta iniciativa y repetir por cuatro veces que se trataba de un proyecto de ley que se vehiculaba a través de una proposición. Estamos hablando de un posible fraude de ley, cuando la propia ley prohíbe a un Gobierno en funciones hacer y presentar proyectos", explican fuentes del PP.

Precisamente Bolaños arrancó su rueda de prensa calificando "de proyecto de ley orgánica" la amnistía. Piden que se tenga en cuenta esa "confesión de autor" que implican las palabras del ministro así como el resto de aspectos mencionados. Y detallan: "la jurisprudencia avala que solo por el hecho de que haya sospechas, debe inhibirse un proceso. El PSOE, por su parte, ya aseguró que se trató de un error de expresión.

El PSOE dijo que "era inconstitucional"

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, defendió ayer, de nuevo, que en 2021, con una propuesta similar de los grupos independentistas, el PSOE se posicionó en contra de la amnistía. Igualmente, lo hicieron los letrados, asegurando ambas partes que "era inconstitucional". El marco de ahora es el mismo, "la Constitución no ha cambiado", pero la dependencia de Sánchez sí, aseguró la diputada riojana. A ello, desde su partido añaden que "en un informe sobre los indultos y orientado a Oriol Junqueras, en la página 30, se habla de inconstitucionalidad" de la amnistía. "Eso vinculo al Gobierno y a Sánchez", entienden.

Frente al vacío legal al que se abraza el PSOE para justificar la constitucionalidad de la norma, desde el PP mencionan que "el legislador no puede realizar un trato arbitrario de la ley; va en contra de los principios rectores". Se defiende una actuación para garantizar "la separación de poderes" en un contexto donde el Supremo ha revocado el ascenso de Dolores Delgado señalando que hubo "desviación de poder".

Los populares no aventuran el plazo hábil para una posible rectificación, pero todo parece ir orientado a un margen con límite al 12 de diciembre, fecha en la que habrá pleno y podrá votarse si se acepta o no su paso a comisión.

Autonomía frente a Vox

En añadido a la reconsideración, Vox sigue obcecado en su amenaza de querellas contra los miembros de la Mesa del Congreso y los letrados -por avalar lo que se rechazó en 2021 bajo el mismo marco-. Si no se atiende al escrito enviado, se ejercerá de la misma manera que se hizo la semana pasada con Pedro Sánchez, Carles Puigdemont y el PSOE y Junts, por delitos como cohecho, encubrimiento de delitos, usurpación de funciones del Poder Judicial y por negociaciones prohibidas de funcionarios públicos. En este caso, se haría por prevaricación, según adelantó este martes la portavoz parlamentaria Pepa Millán.

En el PP, que votó en contra, rechazan esos mecanismos aunque recalcan su legalidad. Abogan por la autonomía propia para enfrentarse a la amnistía y limitan cualquier acción en los tribunales a lo relativo con el TC. Los de Abascal también definen de "fraude de ley" la amnistía, y achaca la fórmula de la PL en lugar del Proyecto de Ley para evitar informes preceptivos necesarios de organismos como el CGPJ o el Consejo de Estado. El primero, junto a otras organizaciones de jueces, se ha posicionado en contra de primeras.