Convencidos de que en la sesión parlamentaria del pasado miércoles en Estrasburgo para debatir sobre la situación del Estado de derecho en España alcanzaron los objetivos perseguidos, el PP prosigue con su estrategia de implicar a la Unión en su campaña en contra de la ley de Amnistía. Tal es así, que los populares han organizado para el próximo lunes en Barcelona unas jornadas en las que, bajo el título genérico "Camino a la recuperación", debatirán sobre los principios del estado de Derecho.

Se trata de un acto al que han invitado a varios dirigentes europeos como el presidente del PPE, Manfred Weber, totalmente alineado a las tesis de Alberto Núñez Feijóo ante la amnistía; los ministros de Exteriores de Italia y de Bulgaria, Antonio Tajani y Mariya Gabriel, respectivamente, o a la presidenta del Grupo Europeo de la CSU alemana en la Eurocámara, Angelika Niebler, según el programa provisional. Curiosamente, en el panel económico tomará la palabra el presidente de Foment del Treball y ex diputado de Unió, Josep Sánchez-Llibre.

Además de Weber, está prevista la presencia del ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani

Además, la elección de la ciudad de Barcelona para la celebración de estas jornadas no es ni mucho menos casual, dado que fue el epicentro de los hechos delictivos de septiembre de 2017 que juzgó el Supremo y que ahora se amnistiarán, de modo que los que participaron en los mismos quedan exentos de cualquier responsabilidad penal. Precisamente, Weber se mostró durísimo el pasado miércoles en la Eurocámara al afirmar que Pedro Sánchez "ha sido elegido, no cabe duda alguna, pero prometió no dar una amnistía y luego lo hizo. Europa necesita constructores de puentes y no políticos que antepongan su ego y su carrera. Pasará a la historia por haber roto el estado de derecho".

Por otro lado, los barones del Partido Popular han arrancado la andanada contra la Amnistía para llevarla ante el Tribunal Constitucional. Y aunque para ello la ley deberá superar todo el trámite parlamentario, cosa que no pasará hasta abril próximo como pronto, el Consejo de gobierno de la Región de Murcia ha aprobó ayer en una reunión extraordinaria la presentación del recurso en cuanto la ley esté aprobada.

"La Ley de la amnistía es la ley de la discordia, la ley de la división, del privilegio para unos pocos y de la desigualdad para la mayoría y es hoy igual de inconstitucional que antes del 23 de julio", dijo ayer el popular Fernando López Miras. Tras analizar en profundidad la proposición de ley presentada con la única firma del PSOE y todavía pendiente de someterse al proceso de enmiendas, el Ejecutivo murciano considera que el texto “socava los mismos cimientos del Estado de Derecho, la separación de poderes y la igualdad de todos los españoles”, y sólo responde “a los intereses de una persona que ha dispuesto todo para garantizarse el poder a costa de humillar al país que debe defender”, agregó.

Lo más probable es que otros ejecutivos autonómicos en manos del PP sigan el mismo camino, esto es, someter a consideración de sus consejos de gobierno la presentación del recurso de inconstitucionalidad de una ley que perdona graves delitos del desafío independentista a cambio de los 7 votos de Junts. Incluso así lo admitió el pasado miércoles el nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible además de azote de la oposición, Óscar Puente, en "La noche en 24 horas" de TVE. "¿Lo hubiéramos hecho si no lo hubiéramos necesitado? Probablemente no", dijo en un arranque de sinceridad.

Muchos otros barones populares ya habían puesto a trabajar a sus equipos jurídicos sobre la proposición de ley de Amnistía. Así lo ha hecho Andalucía o Valencia. También Aragón y Castilla y León. De hecho, Alfonso Fernández Mañueco fue de los primeros en anunciar que acudiría al tribunal de garantías. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso seguirá el mismo camino.

Petición de reunión urgente de la Conferencia de Presidentes

Asimismo, ayer se acordó en una reunión en Génova de la secretaria general, Cuca Gamarra, con los consejeros de Presidencia de las Comunidades y Ciudades Autónomas gobernadas por el PP que los trece presidentes firmen, de manera conjunta, una petición para que se celebre de manera inmediata una reunión de la Conferencia de Presidentes.

Pretenden con ello que Sánchez informe “sobre el alcance y los efectos que tendrán los acuerdos para su investidura sobre principios básicos como la equidad de trato entre los españoles o la independencia judicial”, según hizo público el PP en una nota. De la reunión salió un texto en el que destacan "la enorme preocupación” social de los pactos con los independentistas", por lo que consideran "indispensable y urgente la convocatoria del máximo órgano de cooperación institucional" con el gobierno central.