El nuevo Gobierno ya está constituido. Y volverá a intentar. Volverá a buscar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó hace casi cinco años, pero no lo hará cambiando la ley para rebajar las mayorías necesarias para elegir a los 12 vocales del turno judicial. Tratará de tender puentes con el PP, consciente, no obstante de que será prácticamente imposible, por la negativa total de Alberto Núñez Feijóo a abordar esta carpeta vieja, y menos con la tramitación de la ley de amnistía ya en marcha.

El presidente, Pedro Sánchez, y el nuevo superministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se coordinaron en el mensaje en las últimas horas, justo antes de la reunión de este último con el presidente por suplencia del CGPJ, Vicente Guilarte. Sánchez, en una conversación informal con los periodistas que cubren su visita a Israel, Palestina y Egipto —su primer viaje internacional tras la investidura de la semana pasada—, subrayó que no modificará las mayorías para elegir al Poder Judicial y que, pese a la actitud de destrucción que atribuye al PP, intentará tender puentes con su líder para normalizar la relación y salir del bloqueo, informa EFE. Eso sí, no adelantó si piensa llamarlo. Sí enfatizó que a lo que aspira, una vez ya puesta en marcha la legislatura, es a mantener una relación institucional normal, dado que es bueno para España lograr esos acuerdos. Y, entre ellos, el más urgente es el que afecta al CGPJ. En apenas unos días se cumplirán cinco años del vencimiento de su mandato.

El ministro promete "máximo diálogo" y "máximo respeto" con la Justicia para lograr el desbloqueo del CGPJ

También Bolaños insistió en que su objetivo es que el órgano de gobierno de los jueces recupere su "prestigio" y retorne a la "normalidad institucional que nunca debió perder". "A nadie se le puede ocurrir que si esta situación persiste no esté haciendo daño a la Justicia y a nuestro país en definitiva. Yo voy a hacer el mayor esfuerzo posible por mi parte con el máximo diálogo y el máximo respeto con todos los profesionales de la Justicia para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esa va a ser la política que voy a llevar a cabo en los próximos años", respondió a los periodistas durante un desayuno informativo en Madrid.

Pero justo este viernes Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, se querelló en el Supremo contra Guilarte y los vocales conservadores del CGPJ por su "inaceptable intromisión" en la función legislativa del Congreso, al pronunciarse en una declaración institucional el pasado 6 de noviembre sobre la ley de amnistía, antes incluso de que el PSOE registrara la proposición en la Cámara baja, el pasado lunes 13.

Bolaños y Alegría enmarcan la querella de Sumar en una decisión que toma como fuerza política autónoma y que no comparte el PSOE

Bolaños se desmarcó por completo de ese movimiento de la formación que lidera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. "Es una decisión que ha tomado una fuerza política con la que compartimos Gobierno de coalición pero desde luego es una decisión de una fuerza política que no es el Partido Socialista. Lo que a mí me gustaría y lo que voy a hacer en los próximos años es intentar resolver las cuestiones con diálogo. Se ha abierto una nueva etapa. Después de la investidura estamos en una nueva etapa. Hay un nuevo Gobierno, hay un nuevo ministro de Justicia y yo lo que voy a hacer es dedicar todo mi esfuerzo a, con diálogo, tender puentes de entendimiento con el Consejo General del Poder Judicial".

"Puentes de entendimiento"

El titular de Presidencia y Justicia recordó que justo después del desayuno informativo al que acudía tenía la cita con Guilarte, con el objetivo de que la Justicia, reiteró, recupere su "normalidad institucional". "Se está haciendo daño con el mandato caducado del Consejo, se está haciendo daño a las instituciones de la Justicia, se está haciendo daño a los ciudadanos que tienen un servicio público de Justicia que es peor. Yo lo que pretendo es mejorar las instituciones democráticas en materia de Justicia y hacerlo con diálogo y con puentes de entendimiento".

El titular de Justicia se entrevista con Jourová y Reynders el jueves de la semana próxima para explicarles la ley de amnistía

En el mismo sentido se pronunció en la SER la nueva portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Enmarcó la querella de Sumar en un gesto dentro de su "autonomía política": "Si ellos entienden que este es el mejor camino, lo único que le puedo decir es que es una decisión de un partido político". El propósito de la Moncloa, pues, es claro: rebajar la tensión con el mundo judicial, ahora que se ha revuelto por la ley de amnistía. No echar más leña a la caldera y no abrir otro frente de colisión.

El Gobierno también se mueve ante la Comisión Europea, también para contrarrestar la fortísima estrategia del PP de internacionalizar la tramitación de la norma. El propio Bolaños se ofreció a explicar la iniciativa a la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, y al comisario de Justicia, Didier Reynders. El ministro precisó a los periodistas que viaja el miércoles a Bruselas para verse al día siguiente con Jourová y Reynders.

La visita se producirá una semana después del debate en la Eurocámara sobre la ley de amnistía. En Estrasburgo, Reynders sostuvo que este es un debate interno de España, aunque la Comisión vigilará "muy de cerca" la norma. El análisis no concluirá hasta que el Parlamento apruebe el texto final y concluya la tramitación de enmiendas. Para Bolaños, PP y Vox, los promotores del debate, cosecharon "un fracaso estrepitoso porque Europa sabe perfectamente cuál es la situación en España, sabe la fortaleza y la solidez de nuestras instituciones democráticas y del Estado de derecho".

Bolaños subrayó que, de hecho, el llamamiento "más claro" que hizo Reynders fue el de renovación inmediata del CGPJ. "El PP tiene muy poca credibilidad para hablar de Estado de derecho en Europa cuando en Europa saben perfectamente que llevan cinco años incumpliendo la Constitución por no renovarlo". Ese argumento también se lo reiteró Sánchez a los periodistas: es el PP el que no atiende el requerimiento de la Carta Magna.

Sánchez asegura que si el PP sigue negándose a la renovación, seguirá llamando a la responsabilidad y al compromiso constitucional del principal partido de la oposición

¿Pero qué ocurrirá si los conservadores se siguen negando al desbloqueo? Sánchez aseguró que no tocará las mayorías cualificadas exigidas en la actualidad —tres quintos de cada Cámara— y que seguirá llamando a la responsabilidad y el compromiso constitucional del principal partido de la oposición, informa EFE.

La rebaja de las mayorías ya se plasmó en una proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos en la legislatura pasada, y se desechó por la advertencia de Bruselas. El programa de gobierno de PSOE y Sumar apuntaba a una posibilidad de reforma legislativa. Si la hay, no será por la vía de la modificación de las mayorías. Un cambio, por otro lado, que no sería ahora mismo demasiado útil. De los 20 vocales del CGPJ que eligen las Cámaras, 12 son del turno judicial y los ocho restantes, juristas de reconocido prestigio. La Constitución especifica que estos ocho son elegidos por mayoría de tres quintos —cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado—, así que en este caso es imposible rebajar mayorías. Una eventual modificación vía ley afectaría a los otros 12 integrantes del CGPJ, los del cupo judicial, seis elegidos por el Congreso y seis por el Senado. Pero en esta legislatura el PP disfruta de mayoría absoluta en la Cámara alta, por lo que la coalición solo podría imponer nombres de sensibilidad progresista entre los seis que vota el Congreso.