La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acusado a los integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) de pertenecer a una organización terrorista. Los acusados fueron detenidos dentro de la operación Judas y estarían beneficiados por la ley de amnistía cuando esta se apruebe.
El Ministerio Público considera que ocho de los acusados se integraron en un Equipo de Respuesta Táctica (ERT), un grupo de personas de diferentes Comités en Defensa de la República (CDR), que habrían conformado una organización terrorista paralela, "de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias".
En su escrito, pide ocho años de prisión por pertenencia a organización terrorista, 11 años por tenencia, depósito y fabricación de explosivos y otros ocho años por el delito de estragos de carácter terrorista en grado de tentativa. A otros cuatro acusados, la Fiscalía sólo les considera miembros de un grupo terrorista, y por ello pide ocho años para cada uno.
"Nos encontramos ante grupos, compuestos por una pluralidad de personas que tendrían como objetivo subvertir el orden constitucional de forma material, mediante una estrategia planificada y organizada", explica el fiscal Miguel Ángel Carballo, el mismo que firmó el escrito en el que no considera que haya terrorismo en la causa de Tsunami Democratic.
"Los acusados, todos ellos, comparten activismo radical para conseguir la independencia ; su objetivo final como organización era conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España".
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