Sánchez compara la digestión de la amnistía con el matrimonio LGTBI y ve necesario el verificador: "Se conocerá"

Con la ley de amnistía sucederá, cree Pedro Sánchez, como con otros avances que fueron controvertidos en su momento y que se asumieron socialmente, como el matrimonio LGTBI o el divorcio. Que al final incluso aquellos que lo rechazaron, aquellos que se manifestaron en las calles, como los partidos que ahora se oponen al perdón al procés, entendieron que era algo positivo.

Fue la comparación que trazó el presidente del Gobierno este jueves en La hora de La 1 de TVE, en su primera entrevista desde la investidura, en la que también defendió la figura del verificador internacional que mediará en las negociaciones con Junts. Es necesario que "acompañe", aseguró, dada la "extraordinaria desconfianza" entre las dos organizaciones. Las conversaciones posteriores a su reelección con los posconvergentes comienzan este sábado y nada se sabe. Todo está envuelto en la opacidad. Sánchez apuntó que no está todavía en condiciones ni de decir dónde se producirá el encuentro —no confirmó que vaya a tener lugar en Ginebra—, pero adelantó, para hacer frente a las críticas, que "se conocerá" su identidad.

Reconoce que la amnistía "no era el paso siguiente que quería dar", pero es "coherente y consecuente" con su política en Cataluña

El presidente ya señaló el pasado domingo en el mitin fiesta de su partido en Madrid que la amnistía acabará siendo asumida incluso por los que hoy protestan contra ella. Este jueves, en TVE, y ante los periodistas Silvia Intxaurrondo y Marc Sala, Sánchez amplió más ese argumento, tejiendo esa analogía con el matrimonio LGTBI (2005) o la ley del divorcio (1981). Quienes se oponen acabarán actuando, pronosticó, como "ese viejo dicho de 'si te he visto no me acuerdo'". La amnistía se digerirá, alegó, porque "va a ser bueno para el país en términos de convivencia" y "reincorpora" al sistema a fuerzas que desde 2017 estaban fuera de él, como Junts.

Ni Sánchez ni su partido ni su Gobierno defendían esta medida antes de las elecciones generales. "Lo que ha pasado es el 23-J", explicó. El PSOE, dijo, logró "frenar el avance reaccionario" que se cernía sobre España, se dispuso a negociar con distintas fuerzas políticas y más de 50 diputados abogaban por esta medida de gracia. Reconoció que la amnistía "no era el paso siguiente que quería dar", pero sí es "coherente y consecuente" con la política de "normalización y estabilización" de Cataluña que su Ejecutivo ha ido desplegando en estos últimos años.

En política, como en la vida, hay que optar entre las soluciones ideales o las soluciones posibles"

El problema discursivo para el presidente es que él mismo y su equipo insistieron en que la amnistía no cabía en la Constitución. Sánchez defendió que la propuesta que blandieron los partidos independentistas la pasada legislatura sí que era inconstitucional, frente a la proposición de ley registrada por su partido el pasado 13 de noviembre, que a su juicio sí cumple con la Carta Magna. Pero "en política, como en la vida, hay que optar entre las soluciones ideales o las soluciones posibles". Explicó que las primeras solo caben cuando se dispone de mayoría absoluta y se puede aplicar el programa electoral al 100%, pero las segundas son las que se abren cuando hay que pactar.

"Dentro de la Constitución"

Y la "disyuntiva" que estaba sobre la mesa el 23-J era o un "Gobierno progresista cuatro años más para consolidar los avances logrados" o bien un Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo con Santiago Abascal. Él tuvo claro que aquella noche España había "salvado una bola de partido muy importante", a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países del mundo, en estas últimas semanas en Argentina o en Holanda, con el ascenso de una ultraderecha apoyada por la derecha tradicional. El presidente dijo entender a los electores "conservadores" que tienen "dudas" sobre esta decisión, pero les garantizó que será "buena para la convivencia en Cataluña y por tanto en España" y que todo lo que se haga estará "dentro de la Constitución".

Alega que el verificador puede contribuir a salvar la "extraordinaria desconfianza" que tiene el PSOE con las fuerzas independentistas

Este sábado PSOE y Junts vuelven a la mesa de negociación, ya tras la investidura. Sánchez señaló que no está "en condiciones de decir" dónde se producirá ese encuentro, escudándose en que las conversaciones han de ser discretas y los acuerdos, públicos. Explicó que las mesas de partidos —hay una con Junts y otra con ERC, además de la interlocución entre Gobierno y Generalitat que existía ya en la legislatura pasada— es donde se tiene que "hacer política", y que es en las Cortes Generales donde se decide "el futuro del país". Mesas, adujo, que son necesarias por los puntos de partida tan alejados de los que parten socialistas e independentistas. "A partir de ahí, creo que es bueno que si dos no se entienden, en este caso estamos hablando de nuestra mesa con ERC y también la mesa con Junts, haya un tercero que nos acompañe, que verifique que los acuerdos se ponen en marcha". Verificador que es preciso, siguió, para salvar la "extraordinaria desconfianza" que tiene el PSOE con ERC y con Junts. Por eso, "nos hemos convocado a hablar, a dialogar y eventualmente a acordar, ojalá logremos ese objetivo".

Las críticas han sido muchas por la opacidad con que se vuelven a conducir las negociaciones. Ni siquiera PSOE y Junts han facilitado la identidad de ese mediador. "Se conocerá la persona que nos va a acompañar en ese proceso de diálogo, tanto con ERC como con Junts. Estamos hablando con las dos organizaciones, pero efectivamente se conocerá". Intentaba así Sánchez salir al paso de los reproches, defendiendo a su vez, como hizo la semana pasada en conversación informal con los periodistas que cubrían su visita a Israel, Palestina y Egipto, que esa figura puede "ayudar a llegar a acuerdos".

Admitió que echar mano de un relator internacional es un "mecanismo excepcional", pero también lo es la "situación que se está viviendo" por parte de republicanos y posconvergentes "en el sistema político español". " Ojalá en un futuro no necesitemos este sistema de verificación porque eso significará que hemos construido una confianza que yo no la tengo completa y total", remachó.

Sánchez señala la 'operación Kitchen' como ejemplo de 'lawfare', y remarca que no se busca fiscalizar la acción de los tribunales

En el acuerdo con Junts se incluyó la referencia al lawfare, alusión que ha puesto en pie de guerra a jueces y fiscales, además de a la oposición. El término no se llevó, sin embargo, a la ley de amnistía. Sánchez defendió en TVE que "definitivamente" se han "instrumentalizado instituciones públicas de nuestro país". No quiso hablar de lawfare en la Justicia. Se refería a casos como la operación Kitchen —la presunta ocultación de pruebas en causas judiciales que afectaban al PP— o la utilización de recursos del Estado para "perseguir a adversarios políticos". "Nosotros hemos hablado de eso", precisó, para explicar que van a abrir dos comisiones de investigación en el Congreso, una sobre la operación Cataluña y sobre la Kitchen.

Recordó que tanto el artículo 76 de la Constitución como el 52 del reglamento del Congreso fijan que las comisiones de investigación parlamentarias "no cuestionan las sentencias judiciales, pero sí pueden ser objeto de informe a la Fiscalía para que las tenga en consideración". Fue lo que ocurrió, indicó, con el caso del lino: el ministerio público requirió el informe del Congreso para investigar los casos. Sánchez añadió que no hay en la hemeroteca cuestionamiento suyo de sentencias judiciales. Podrá tener "dudas" o estar en contra, pero siempre el Gobierno las acata, indició, a diferencia de un PP que lleva "incumpliendo" cinco años la Constitución al negarse a desbloquear el Consejo General del Poder Judicial.

"No voy a alterar esas mayorías"

Esta cuestión condujo la entrevista hacia esa renovación pendiente desde hace cinco años. Sánchez, de entrada, y como ya hiciera la semana pasada, se comprometió a no cambiar la ley para rebajar las mayorías necesarias para elegir a los vocales. "Yo no voy a alterar esas mayorías. No voy a alterarlas, porque yo cumplo con la Constitución", dijo, para subrayar que su Ejecutivo sí es "extraordinariamente respetuoso con la separación de poderes". El PP, a su juicio, no solo "incumple" la Carta Magna, sino que además cuestiona la legitimidad de las Cortes, como ayer demostró al no aplaudir el discurso de la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, en la solemne apertura de las Cortes de la XV Legislatura. Y ese gesto es un "caso muy paradigmático", una "declaración de intenciones" de cómo quiere que sea esta legislatura el PP.

Tiende la mano al PP y adelanta que habrá llamada a Feijóo, aunque no en las próximas horas. Recalca que no responderá a los "insultos" del PP con más "insultos"

Y eso lo hiló Sánchez con la reorganización de la cúpula conservadora decidida por Feijóo y, en concreto, con su elección de Miguel Tellado como nuevo portavoz en la Cámara baja, representante de la línea dura del partido. "Elegir a determinadas personas al frente de la organización en el Congreso que llegan a decir que el presidente del Gobierno tiene que esconderse en un maletero para salir de España si demuestra algo es que ha ganado el insulto frente al respeto", afeó.

Pese a todo, el jefe del Ejecutivo insistió en que tiende la mano para buscar la renovación del CGPJ, un asunto que juzga "nuclear" para el "futuro entendimiento" entre los dos grandes partidos, y que hoy no es una simple "piedra en el zapato", sino "una enorme roca". Su intención es hablar con Feijóo, aunque no habrá una llamada en las próximas horas —el presidente viaja este jueves a Dubái, a la COP28—, porque desea tener una "mayor y mejor interlocución" con el PP para abordar no solo el desbloqueo del Poder Judicial, sino otros asuntos capitales como la eliminación del término "disminuido" del artículo 49 de la Constitución o la política energética.

"Espero que el PP salga de este catastrofismo, porque España no se hunde por mucho que digan el PP y Vox [...]. España no se rompe por mucho que proclamen Vox y el PP. Si dejamos atrás la hipérbole y asume el resultado electoral el Partido Popular, puede también ser una legislatura fructífera en el entendimiento entre las dos grandes fuerzas políticas de nuestro país. Pero el PP tiene que hacer una reflexión sobre su estrategia", razonó. Prometió que el PSOE y su Ejecutivo no va a responder "al insulto con más insulto": "Lo que vamos a hacer es trabajar por el interés general, trabajar por las mayorías y hacerlo con respeto, incluso con algo de sentido de humor".

Confía en tener los próximos PGE en el primer trimestre de 2024 y garantiza que se aplicarán los mismos criterios para condonar la deuda de las CCAA

En materia económica, el presidente confirmó que, lógicamente, los Presupuestos de 2023 tendrán que ser prorrogados, aunque confía en que las nuevas cuentas estén aprobadas en el primer trimestre de 2024. Respecto a la condonación parcial de la deuda que pactó con ERC, garantizó que esa medida se aplicará en todas las comunidades con "criterios objetivos". Que el Gobierno asuma parte de la deuda pública de una región es una "extraordinaria noticia para los ciudadanos", defendió, porque son las CCAA las prestadoras de los principales servicios públicos —sanidad, educación, servicios sociales— y que se les alivie fiscalmente les dejará espacio para que "se centren en estas políticas sociales" y combatan la desigualdad entre los ciudadanos.

No adelantó qué medidas anticrisis se prorrogarán el 1 de enero, más allá de la extensión de la bajada del IVA o el transporte gratuito para jóvenes y desempleados. El Ejecutivo hablará con los sectores y con los grupos parlamentarios con el fin de atender las "necesidades más urgentes" y adecuarse a la situación actual, en la que la inflación ha remitido.

Habrá "reemplazo" para Calviño, tiene "cariño" a Montero

En apenas diez días se podría conocer si la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, accede a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), nombramiento, dijo, que sería una "muy buena noticia para España", porque "muchos de los recursos económicos que vienen de los fondos europeos se van a vehicular a través de instituciones financieras como el BEI".

Tiene "francas dudas" de que Israel esté cumpliendo con el derecho internacional humanitario

Si finalmente Calviño es elegida, habrá un "reemplazo", aunque no "inmediato", pues todavía pasarían unas semanas hasta que ella tuviera que marchar al banco. Tiene "alguna idea" de quién sería su sustituto, pero rehusó adelantar un nombre. Sí alabó la gestión de su vicepresidenta, de la que le va a "costar" prescindir porque ha sido "una estrecha colaboradora en momentos muy difíciles" y "una de los mejores ministros y ministras de Economía que ha tenido la democracia española". Y por eso solo tiene hacia ella "palabras de gratitud".

Tras la última crisis diplomática con Israel, Sánchez definió la relación entre los dos países como "correcta". "Los países amigos también tenemos que decirnos las cosas de verdad", justificó. Reiteró entonces su posición: condena de los atentados de Hamás del 7 de octubre —el ataque fue "execrable", "deleznable"—, exigencia de que la organización terrorista libere a los rehenes "sin ningún tipo de condiciones y de manera inmediata" y también exigencia al Gobierno de Benjamín Netanyahu de que respete la legalidad internacional. "Israel tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente de víctimas que están muriendo, sobre todo de niños y niñas, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario", alegó.

La solución política pasa, a su juicio, y como ha venido reiterando, por el reconocimiento del Estado palestino. Es un debate que cree que debe abordar Europa por "convicción moral", aunque también por "interés geopolítico", porque si no se estabiliza la región la crisis puede expandirse al Líbano, a Egipto o a Jordania. Sánchez se preguntó si Europa se puede permitir "tener dos frentes de guerra abiertos, uno en Ucrania y otro en Oriente Próximo". Él cree que no, que la política y la vía diplomática es la que tiene que "imperar" y es la que defiende su Ejecutivo. Lo que le llama la atención es que el PP no apoye "esta cuestión que es de humanidad". "Yo no pido que esté con el Gobierno de España, pero al menos que esté con los derechos humanos", reclamó.

A Sánchez se le recordaron las palabras de Irene Montero en su despedida como exministra de Igualdad, cuando le acusó de haber echado a Podemos del Gabinete. ¿Exigió él que no estuviera en el nuevo Gobierno? "Yo soy profundamente respetuoso con las organizaciones con las que pacto. Yo he pactado con Sumar y Podemos se presentó bajo las siglas de Sumar", respondió, dejando claro que había sido Yolanda Díaz quien decidió qué ministros de su coalición electoral quería. El presidente añadió que con Montero ha tenido "buena relación" y que en 2020, cuando se formó la primera coalición, y la semana pasada, cuando se celebró la primera reunión del Consejo de Ministros de la segunda coalición, dijo a todos sus miembros que son integrantes del Ejecutivo y no de "una organización política u otra". Evitando el conflicto con los morados, Sánchez deseó a la extitular de Igualdad "toda la suerte del mundo", porque tiene su "respeto" y su "cariño".