Los policías y guardias civiles han llevado sus reivindicaciones hasta Bruselas. La plataforma por una jubilación digna y una equipación plena estuvo este jueves en el Parlamento Europeo con el apoyo de varios eurodiputado, como Maite Pagaurtundúa.
Representantes de la mayoría de sindicatos y guardias civiles estuvieron en la cámara comunitaria han presentado un "detallado informe" en el que especifican lo que supondría equiparar salarialmente a ambos Cuerpos con el resto de policías autonómicas y locales. "Las cifras son más que esclarecedoras", señalan las fuentes consultadas.
"Los agentes que alcanzan la jubilación en ambos cuerpos se quedan en una situación de precariedad sin parangón, que a la vista del informe elaborado, se soluciona con un pequeño gesto político que apenas tendría impacto en los Presupuestos Generales del Estado durante su primer año de aplicación y que arrojaría un saldo positivo para las arcas estatales al tercer año de su aplicación gracias a la cotización adicional de los funcionarios de ambos cuerpos", explican a este periódico.
En 2018 se firmó el famoso acuerdo para subir el sueldo a los agentes y equipararlos a otras fuerzas autonómicas como los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza. Pero en junio de este año, la Audiencia Nacion daba la razón a la AUGC y obligaba al Ministerio a "iniciar una renegociación para el cumplimiento de las cláusulas tercera y octava".
El primero de esos puntos recogía el compromiso de destinar cien millones de euros en tres años "para incentivar el reingreso del personal de segunda actividad sin destino y reserva al servicio activo". La segunda obligaba a tomar "medidas legislativas para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones".
Recientemente, un juzgado de Madrid daba la razón al Sindicato Profesional de Policía (SPP) sobre la situación de un agente que había pasado a lo que en el Cuerpo se conoce como segunda actividad y que quería volver a su destino de manera ordinaria. Y lo hizo precisamente basándose en lo firmado por Interior con las organizaciones representativas.
Reunión en Europa
La plataforma ha buscado este jueves en el Parlamento Europeo el impulso necesario para alcanzar cuatro objetivos principales: el reconocimiento al conjunto de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como profesión de riesgo, la aprobación de una ley que recoja la aplicación de índices correctores para una jubilación anticipada para los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, el pleno cumplimiento del acuerdo de equiparación y conseguir que "a la totalidad de los miembros de Guardia Civil se les permita continuar en la situación administrativa de servicio activo de forma voluntaria hasta alcanzar la edad de jubilación ordinaria, 65 años".
La europarlamentaria Maite Pagazaurtundúa ha recibido el informe y se ha comprometido con los miembros de la Plataforma "a registrar una iniciativa parlamentaria contra la discriminación" que sufren policías y guardias civiles "desde hace tanto tiempo".
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