La ley de amnistía pactada por el PSOE y los partidos independentistas ya tiene su primera política beneficiada. Este viernes se conocía que un juzgado de Girona ha suspendido el juicio a cuatro independentistas acusados por desórdenes públicos por los cortes en el AVE que se produjeron en una protesta secesionista en esa localidad en 2018. Entre ellos está Berta Vilaseca Clopés, quien se presentó como 'número tres' de la CUP en Moià, un municipio de Barcelona.

Los hechos se produjeron en el primer aniversario del 1 de octubre, en 2018. El juicio por el corte de las vías del AVE debía celebrarse los próximos días 12 y 13 de diciembre. Para Vilaseca y otros tres de sus compañeros pedían cuatro años de prisión y multas por valor de 12.150 euros por los delitos de desórdenes públicos, atentado, daños y lesiones leves. Por el momento se salvan de sentarse en el banquillo gracias a la ley de amnistía, aunque todavía no está aprobada.

Los abogados de la defensa, Montserrat Vinyets y Benet Salellas, solicitaron la suspensión del juicio en base a la entrada en el registro del Congreso de los Diputados de la futura legislación. La Fiscalía se opuso a la suspensión del juicio al no estar en vigencia la ley. La Abogacía del Estado, por su parte, se mostró a favor de que no se realizase por la posiblidiad de que la ley "implicare la extinción de la responsabilidad penal de los cuatro acusados".

Finalmente el juicio ha sido apalzado para noviembre del año que viene. El juzgado se ha apoyado, también en que no consta localizado un testigo cuya declaración, según el fiscal, "resulta esencial" y cuya falta de citación, en su momento, motivó la suspensión del anterior señalamiento. También porque continúa de baja por incapacidad temporal con pronóstico de larga duración el agente de los Mossos que instruyó la causa.

La propia Vilaseca, primera política beneficia por la legislación pactada entre el PSOE y los independentistas, explicaba ante cámara los delitos a los que se enfrentaba, las penas que le pedían y que su situaciónle había producido un "desgaste emocional".

Primera política amnistiada

Berta Vilaseca es ya la primera política independentista amnistiada. En las elecciones municipales del 28 de mayo iba tercera en la lista de la CUP en Moià, un pequeño municipio de Barcelona. Esta era la carta de presentación de su candidatura:

"El proyecto Capgirem no tiene nada que ver con quién es el primero ni el último de una lista, porque este hecho irrelevante se corresponde con un imperativo legal necesario para concurrir a las elecciones municipales de 2023. Para nosotros el peso recae en el colector colectivo, en las personas que conforman el proyecto Capgirem y que, constituidas en asamblea, trabajan y trabajarán para construir un nuevo proyecto de pueblo y de República. Por eso, nuestro compromiso es rotar los cargos electos cada dos años, para que todas las integrantes de la lista puedan acceder a tareas de gestión municipal donde representar a la asamblea. Sabemos que somos nuevas, que tenemos mucho que aprender y que el camino que nos espera es largo. Pero todas tenemos razones, buenas razones para poner en marcha este proyecto de futuro".

Antes de ser política, la Berta fue activista. El 1 de octubre de 2018, un año después de depositar su voto a favor de que Cataluña se constituyese como república, se despertó temprano. Desayunó y se puso en marcha, dirección a las vías del AVE de Girona. Antes de las siete de la mañana, ella y decenas de personas rompieron las puertas de acceso a las vías del AVE en la estación de Girona para ocupar las vías, como ya hicieron el 3 de octubre de 2017 durante la jornada de "paro de país" convocada por la Generalitat para protestar por las cargas policiales del 1-O.

Esos hechos, por el momento, no tendrán castigo. Vilaseca y sus otros tres compañeros preamnistiados tendrán que esperar un año a que se celebre el juicio. Lo harán con un ojo puesto en Madrid, en el Congreso de los Diputados y el Senado, esperando el olvido de una ley española.