Un juzgado de Madrid ha abierto una investigación por revelación de secretos a varios agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por una supuesta filtración de información reservada a Estados Unidos, según publica este lunes El Confidencial y ha confirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles. Dos funcionarios han sido detenidos.

La titular de Defensa, en su visita a la base Adazi de Letonia, ha confirmado la apertura de esas pesquisas y ha indicado que la denuncia partió precisamente del centro de inteligencia al que pertenecen los agentes. Del resto del caso no han trascendido más detalles al tratarse de un asunto bajo secreto de sumario.

La ministra tampoco ha explicado nada más y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no ha concretado ni siquiera cuál es el juzgado que dirige la investigación.

El diario digital precisa que las diligencias han provocado "una crisis con Washington, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado que no trascienda". Lo llamativo del caso es que, precisamente, los servicios de inteligencia americanos, la CIA, se caracterizan por su estrecha colaboración con los españoles, puesto que se trata de un país aliado.

Los agentes están siendo investigados presuntamente por un delito de revelación de secretos, pero los funcionarios se pueden enfrentar a ilícitos más graves del Código Penal relacionados con la tración nacional. Por ejemplo, el artículo 584 que castiga con penas de seis a doce años de prisión al "español que, con el propósito de favorecer a una potencia extranjera, asociación u organización internacional, se procure, falsee, inutilice o revele información clasificada como reservada o secreta, susceptible de perjudicar la seguridad nacional o la defensa nacional".

Cada cierto tiempo el CNI que ahora dirige Esperanza Casteleiro realiza controles sobre el uso de la información clasificada. Este escándalo ha recordado un incidente aparentemente similar que se produjo en 2007 cuando el exespía Roberto Flórez fue captado por los servicios secretos rusos. Nunca se pudo probar la entrega de documentos, pero en 2010 fue condenado a 12 años de cárcel porque en su apartamento se encontró documentación secreta.