La celebración del aniversario constitucional por parte del ejecutivo de la Comunidad de Madrid introdujo este año ciertas novedades, quizá, la principal, que la Delegación del Gobierno quedara apartada de los preparativos de la misma, sin posibilidad, si quiera, de proponer o sugerir nombres de invitados. Y es que la baronesa popular, Isabel Díaz Ayuso, declaró la guerra a Moncloa en lo que consideró un veto a su persona en la inauguración de un tramo el AVE que transcurría entre León y Asturias. En esos momentos, la Comunidad anunció su decisión de excluir a cualquier representante del Gobierno central a sus actos y el de este lunes en la Puerta del Sol ha sido el primero de ellos.
Lo que pasa es que, para cuando se desencadenó ese choque institucional, ya se había cursado la invitación al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para la celebración del aniversario de la Carta Magna que el Gobierno regional convoca desde los tiempos de Esperanza Aguirre unos días antes del 6 de diciembre. Y en el equipo de la presidenta optaron por no retirar dicha invitación. A cambio, eso sí, se optó por excluir a la Delegación del Gobierno de un acto sobre el que se han hecho con todo el control.
La Comunidad de Madrid coge todo el control del acto con motivo del aniversario de la Carta Magna
En la Comunidad de Madrid alegan que, en todo caso, el grueso de la organización siempre lo ha ostentado el gobierno autonómico "como anfitrión del acto", puesto que se celebra en la sede la Comunidad de Madrid, esto es, en la Real Casa de Correos. La logística, los costes, el programa del acto, las actuaciones y el 95 por ciento de los invitados corren a cuenta de la Puerta del Sol, aseguran. La Delegación, aducen "mandaba una sugerencia de invitados". Este año, ni eso.
Acaso no querían correr el riesgo de que Martín incluyera el nombre de algún ministro en ese listado en pleno choque institucional entre los dos gobiernos. De hecho, este año la presidenta impulsó un cambio de formato, por el cual introdujo más intervenciones aparte de la suya propia y la del delegado. Tomó la palabra una joven de la generación de la Princesa de Asturias. Pero no sólo, porque en un claro guiño al mundo de la Justicia, invitó a la tribuna de oradores a la magistrada y ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal, quien salió en defensa de sus compañeros en unos momentos en los que el gobierno de coalición, con Pedro Sánchez a la cabeza, abraza las teorías de la lawfare que hasta ahora solo manejaban los independentistas.
Martín, en su intervención no se amedrentó. Apenas arrancó el discurso recordó otro aniversario, el de los cinco años sin renovación del CGPJ. La Constitución, dijo, "se cumple íntegramente en toda España, hoy sí, pero con una significativa excepción, porque se cumplen cinco años desde que debiera haberse renovado el órgano de gobierno del poder judicial". Y tras hablar de "deslealtad constitucionalidad de algunos actores", en alusión al PP, y salir en defensa de la "justicia social" como elemento vertebrador de la Constitución -contra la creencia de Ayuso de que ese término sirve para "justificar los abusos del poder" y que "unos vivan del trabajo de los demás"- ha apelado a "coser las brechas reales y no abrir nuevas heridas".
Nuevo choque institucional
El delegado, en una intervención con una fuerte carga política, abogó por "no responder al ruido con más ruido ni a la bronca con más bronca. Los madrileños están cansados de polémicas artificiales. Se merecen que sus instituciones cooperemos sin vetos ni puertas cerradas", dijo a modo de conclusión para invitar a Ayuso que "retomemos la organización conjunta de este acto institucional. Será una magnífica señal". Martín acusaba el golpe de una exclusión que, a decir del equipo de la presidenta, no es tan trascendente.
En respuesta, Ayuso apenas se alejó unas líneas del discurso que llevaba escrito -mucho más institucional que en otras ocasiones, con menos descalificaciones al Gobierno, en general, y a Pedro Sánchez, en particular- para anunciar que se trataba de un nuevo formato "donde queremos dar participación a los jóvenes, a la sociedad civil y a personas de reconocido prestigio" y lanzar una pulla respecto a que se trataba de una invitación "que espero que otras regiones de España celebren con la presencia de representantes del Gobierno. Mucho más me gustaría que se realizara en otras comunidades autónomas, como el País Vasco o Cataluña. Nada me gustaría más”.
Además, no descarta la Comunidad dar otra vuelta de tuerca a ese acto para años venideros, lo que podría pasar por no convocar siquiera al representante del Gobierno central en Madrid.
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