Cada vez que se avanza un paso se retrocede otro, hasta el punto de volver a la casilla de salida. Esta viene siendo la tónica habitual con la pendiente renovación del Consejo General del Poder Judicial, que vive ahora uno de sus enésimos capítulos. El Gobierno quiere proceder a la renovación de inmediato y el PP cambiar el sistema de elección de los miembros del órgano consultivo de los jueces. Unos y otros creen refrendadas sus respectivas posiciones por la Comisión Europea, que ya ha tirado de las orejas a España más de una vez por este bloqueo.

Lo nuevo es la declarada disposición de Pedro Sánchez a telefonear a Alberto Núñez Feijóo para retomar la negociación, pero desde el cuartel general de los populares dejan muy claro que tanto Sánchez como su ministro de Presidencia, Félix Bolaños, "se pueden ahorrar la llamada si no están en disposición de cambiar la ley que regula la renovación del Consejo". Es decir, los populares sólo se volverán a sentar para pactar la renovación y el cambio de la ley, las dos cosas al tiempo, incluso volviendo a la postura inicial de Feijóo de renovar con el actual sistema y no con el nuevo, siempre y cuando haya un nuevo sistema siguiendo la recomendación de la comisión de que los magistrados sean elegidos por sus "pares".

Los populares endurecieron su posición tras la última negociación fallida

Lo cierto es que los populares endurecieron su posición tras la última negociación fallida, en que el Gobierno les ocultó que al tiempo avanzaba en su agenda catalana para eliminar la sedición del Código Penal y rebajar el delito de malversación de fondos públicos. Aquello saltó por los aires y hoy se vuelve a la casilla de salida. Es cierto que en Génova dicen ahora que les vale el actual sistema de elección, lo que supone una rectificación, pero en el fondo poco cambia, porque el Gobierno de coalición no quiere ni oír hablar de un cambio de sistema, no creen en él, por mucho que esa última negociación se avinieran a que el Consejo hiciera, en el plazo de seis meses, un informe al respecto.

"Hagamos la ley y renovemos el Consejo de forma simultánea. Firmemos un pacto, presentemos a la sociedad y tramitemos la ley. Esto es lo que pretendemos", explicó el líder del PP ayer por la mañana en entrevista en la Cope. Pero el Ejecutivo no recogió ese guante. "Primero renovar y cumplir con la Constitución y luego se podrá dialogar", replicó la ministra portavoz, Pilar Alegría desde la mesa del Consejo de Ministros. La renovación, dijo, "es una obligación legal" y de cambiar el sistema de elección de los miembros "ya se hablará después", lo que ha oídos del PP es igual a "nunca".

Génova se aferra a las cesiones a Junts para argumentar que "si por 7 votos han redactado una ley de amnistía, si quieren nuestros 137, ya saben lo que tienen que hacer". Mientras tanto, advierten que ni Sánchez ni Bolaños levanten el teléfono, bien para convocar a Núñez Feijóo o Esteban González Pons respectivamente, si no es para cambiar la ley.

Tellado dice que el PP no va a "caer en las trampas del propio Sánchez"

En su estreno como portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, afirmó que el PP no va a "caer en las trampas del propio Sánchez" porque "cuando tiene problemas", como ocurre ahora con la Ley de Amnistía y la reunión con Junts en Suiza con un mediador, "acude al comodín del CGPJ". Dicho esto, recalcó que el PP "no participará en una renovación del CGPJ si no se reforma la ley para que los jueces sean los que eligen a los representantes de los jueces en el Consejo", algo que, según ha dicho, es lo que lleva "reivindicando" su partido "desde el principio de los tiempos" y "además es lo que pide Europa". "Si Sánchez sabe ceder ante Junts por siete votos, debería poder acordar con nosotros la reforma de esa ley y eso es lo que le exigimos al presidente del Gobierno".

Cuesta pensar en todo caso que no acudan a esa cita en caso de ser convocados. Pero el grado de desconfianza hacia Moncloa es de tal calibre que los populares abogan por una proposición de ley firmada por los dos Grupos Parlamentarios, nada de propuestas a futuro que pueden o no materializarse aunque en ese tránsito parlamentario se recurra a los órganos consultivos como el Consejo de Estado o el propio CGPJ.

Génova considera que el renacido debate sobre la renovación del CGPJ "es una cortina de humo" de los socialistas para tapar la ley de Amnistía y las conversaciones ginebrinas con mediador y no tanto por el hecho de que se han cumplido exactamente nada menos que cinco años de bloqueo sin que se haya cumplido el encargo constitucional al respecto. Los populares son conscientes de que tienen una patata caliente, pero hace tiempo llegaron a la conclusión de que no les pasa factura por mucho que este asunto se haya convertido en la excusa perfecta para los socialistas cada vez que se les acusa de injerencia en la Justicia a cuenta de Juan Carlos Campo, Dolores Delgado o Álvaro García.