"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". El artículo 14 de la Constitución española encabeza el capítulo de los "Derechos y libertades" y no deja margen de error: todos los ciudadanos debemos ser iguales. Cuando se cumplen 45 años del nacimiento de la Carta Magna, el debate sobre si esta afirmación se corresponde con la realidad está más abierto que nunca. En el centro, la ley de amnistía que ha irrumpido en la opinión pública y que será la norma clave durante toda la legislatura.

El 6 de diciembre de años anteriores ha estado, no en pocas ocasiones, marcado por las discusiones de posibles cambios que se podrían introducir en el texto que vertebra el Estado de Derecho. Bien para modernizarlo o bien para dar un verdadero giro a ciertos asuntos como por ejemplo el alcance de las autonomías. Sin embargo, este año las alfombras del Congreso escucharán conversaciones que nunca antes se habían dado en la democracia reciente porque no ha existido medida similar tras el fin de la dictadura de Franco. Lo que está sobre la mesa hoy es, por tanto, saber si la medida de gracia que plantea el Gobierno cabe o no en la Constitución de 1978.

"Cuando se desactiva la aplicación de la ley para algunos, mientras se entone la prisión para los demás ciudadanos que realizan las mismas conductas, la sociedad queda presentada en la duda y el privilegio", dijo hace unos días el hombre al que muchos miran ahora en el Tribunal Supremo. El juez Pablo Llarena, magistrado encargado de la instrucción del procés, recogió un premio del Colegio de Procuradores de Madrid y dejó algunos recados en torno a la amnistía, aunque sin nombrarla: "Del mismo modo que una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley, el sistema de Justicia penal no puede asumir que un ciudadano pierda su libertad en supuestos en los que otros no merecieron sanción por el mismo comportamiento".

Si como todo parece indicar la amnistía se termina aprobando, esto a lo que se refiere Llarena ocurrirá, por ejemplo, entre dos de los líderes del independentismo de más peso. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, fue condenado en 2019 por sedición y malversación, cumplió varios años en prisión y sigue inhabilitado por una condena de 13 años. Sin embargo, el expresidente de Cataluña y jefe de Junts Carles Puigdemont no ha entrado nunca en un centro penitenciario y permanece desde 2017 huido de la Justicia. La medida de gracia logrará que todos los procedimientos contra él decaigan y jamás sea condenado, a pesar de que se le acusa de lo mismo por lo que ha cumplido Junqueras, de organizar el referéndum ilegal del 1-0.

La constitucionalidad o inconstitucionalidad de esto ha llenado páginas y páginas de periódicos, nutrido digitales y alimentado todo tipo de textos desde que el pasado mes de septiembre el PSOE empezara a virar en su relato y donde había colocado el "claramente inconstitucional" desplegó la opción contraria.

Lo cierto es que el texto constitucional no dice ni una sola vez la palabra "amnistía". Algunos interpretan que lo que no está prohibido está, por tanto, permitido. Otros, en cambio, señalan lo contrario, que si los constituyentes hubieran querido permitirlo lo habrían dejado por escrito. "En la Constitución tampoco pone que esté prohibida la esclavitud", expresó otro de los jueces que estos días ha estado envuelto en la polémica, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón quien dirige causas como los CDR y Tsunami Democràtic. En el texto de la ley de amnistía que el PSOE ha presentado en la Mesa del Congreso sí se lee la palabra "Constitución". Hasta 14 veces. Para algunos, síntoma claro de lo que no es: "Si algo es constitucional no tienes que esforzarte tanto en dejarlo tan claro en el preámbulo", indican fuentes jurídicas.

Opiniones hay de todo tipo. El catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Córdoba Manuel Torres, que ha escrito un libro sobre 'Historia del indulto y la amnistía', aseguró en una entrevista en El Independiente que una medida de este tipo sí cabe en la Carta Magna; mientras que el magistrado emérito del Tribunal Constitucional Andrés Ollero se expresó en sentido contrario: "La Constitución no habla de amnistía porque entiende que España no es una dictadura". En la misma línea si situó el catedrático de Derecho Penal Bernardo del Rosal quien entiende que si el texto prohíbe los indultos generales, con más razón no serán posibles las amnistías, una medida que directamente borra los antecedentes penales.

En cualquier caso, será precisamente el Tribunal garante de la Ley Fundamental el que deba dar la puntada al texto y dejar negro sobre blanco si una amnistía choca con la afirmación inequívoca de "la ley es igual para todos".

Otros debates

Sacar el cuchillo que diseccione la Constitución y acometa algunos cambios genera muchas discrepancias y pocos son los gobiernos que se han atrevido a ellos. Y si lo han hecho, siempre ha sido para temas muy menores, casi de corrección del lenguaje.

El cambio más plausible por el que existe un consenso político de un lado a otro de la bancada del Congreso es el artículo 57 que indica que la Corona de España es hereditaria y prevalece "el varón a la mujer". Felipe VI accedió al trono por ello y si bien la princesa Leonor no va a tener problema porque no tiene hermanos chicos, perpetuar esta redacción supone ir en contra, precisamente, de ese otro artículo que habla de que subraya la igualdad entre todos.

Pero abrir el melón de esta modificación supondría instaurar un debate con demasiadas aristas en la opinión pública. La introducción de las lenguas oficiales, que España sea un Estado aconfesional o descentralizado, que el Senado tenga más competencias o abrir la posibilidad de una consulta sobre la pertenencia a España de las Comunidades Autónomas son algunas de las ideas que van y vienen año tras año en este día. En cualquier caso, si por algo será recordado este 2023 no es por una batalla en torno al cambio de la Carta Magna, sino más bien por la cuestión de si se está cumpliendo.