El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto sobre la mesa tres asuntos para tratar con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en un encuentro que pretende tengan antes de que acabe el año. Sobre la mesa están la renovación del CGPJ, la financiación autonómica y la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar de su texto la palabra "disminuido", en alusión a la discapacidad.

Si ya son públicas y notorias las dificultades para avanzar en la renovación del órgano de Gobierno de los jueces, mientras que la financiación autonómica requiere de una negociación multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el tercer punto no habría ninguna fricción para llegar a un acuerdo tanto técnico como político entre el PSOE y el PP.

Pero los populares creen que es mucho más difícil abordar esta cuestión en la actual legislatura que en la anterior "porque no hay garantías por parte de los socios de Pedro Sánchez de que no aprovechen esta reforma para abrir el debate en torno a otras partes del articulado de la Constitución", que bien puedan afectar a la Corona, a la integridad territorial de España o al Título VIII o, simplemente, "pedir un referéndum para abordar los cambios del artículo 49 y abrir con ello, un debate general sobre la vigencia de la Crta Magna".

El artículo 167.3 de la Constitución abre la puerta a forzar una consulta

Y es que aunque PSOE y PP lleven bien cerrada la reforma temen que la entrada de Junts en la mayoría de investidura incorpora un nuevo socio "aún más peligroso que los anteriores" y ese es un riesgo que no quieren correr y para que el exigen garantías a los socialistas. Ese fue, precisamente, el problema que impidió avanzar la pasada legislatura, a pesar de tener muy avanzado el acuerdo.

El artículo 167.3 de la Carta Magna abre la puerta a forzar una consulta en cuanto se cambie una coma del texto constitucional. "Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras", reza el susodicho artículo.

Significa que 35 diputados o 27 senadores podrían solicitar un consulta sobre dicha reforma. Conforme al reparto actual en las Cámaras, en el Senado bastaría que se pusieran de acuerdo el grupo formado por ERC y Bildu (con 11 senadores); el llamado Plural, con 6 miembros aunque uno es de Coalición Canaria y podría descolgarse de esta iniciativa; el PNV con otros seis escaños y algunos miembros de la Izquierda Confederal, como Geroa Bai u otras formaciones regionalistas.

Más riesgo en el Senado que en el Congreso

En el Congreso es de suponer que ni los 33 diputados de Vox ni los 26 de Sumar se subirían a ese carro, aunque lo cierto es que la errática estrategia del partido de Santiago Abascal no permite aventurar cuál sería su posicionamiento final. A la tesis de forzar una consulta podrían sumarse los 14 diputados de ERC y de Junts, los 6 de Eh-Bildu y los 5 del PNV, así como los otros cinco de Podemos, que ahora tienen vida propia fuera de Sumar. Se quedarían, en todo caso, a cinco diputados, por lo que ese riesgo está más residenciado en la Cámara Alta.

El artículo objeto de una reforma que reclaman todas las asociaciones de la discapacidad por considerar ofensivo el término "disminuido" —más propio de los tiempos en que se redactó la Constitución— señala que "los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) va mucho mas lejos y propone incorporar tres puntos más, entre ellos el reconocimiento de que las personas con discapacidad "son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación".

Feijóo se comprometió a la reforma

Cabe destacar que el líder del PP llevó este asunto a su debate de investidura cuando defendió que se trataba de "una deuda con las personas con discapacidad que yo me comprometo a saldar con la mayor brevedad". Sin embargo, en el PP no las tienen todas consigo y reclaman a los socialistas garantías para que sus socios parlamentarios no quieran instrumentalizar esta reforma.