"La Fundación Hay Derecho no es una pantalla instrumental creada para litigar, sino una entidad que se ha hecho un lugar propio en el conjunto de formaciones de la sociedad civil española que persiguen finalidades de claro interés público o social". Así de contundente ha sido el Tribunal Supremo sobre la asociación privada que ha recurrido el nombramiento de la exministra Magdalena Valerio que ocupaba la presidencia del Consejo de Estado. La Sala de lo Contencioso lo ha anulado y la sentencia supone un paso de gigante para la Fundación que ahora tiene luz verde para recurrir otras muchas cosas, pero ¿quién está realmente detrás?

"No nos hemos montado un chiringuito para recurrir ni somos nada parecido a Manos Limpias", defiende la secretaria general de Hay Derecho y Abogada del Estado en excedencia, Elisa de la Nuez. En una conversación con El Independiente, cuenta cómo todo comenzó a finales de 2010 cuando un grupo de juristas montaron un blog con el mismo nombre para publicar artículos con enfoques divulgativos y críticos. "En 2014 nos pareció que nos quedábamos cortos. Pilló un poco la gran recesión, el comienzo del Gobierno de Mariano Rajoy en el que ya había casos de corrupción... entonces nace la Fundación", explica.

La actividad principal la han llevado todos estos años en el campo de la investigación y la divulgación colaborando, incluso, con la Comisión Europea en distintos estudios. Por ejemplo ahora acaban de ganar un proyecto para analizar la protección de los denunciantes de corrupción en el ámbito ibérico, en colaboración con Portugal.

El salto cuantitativo lo dieron en 2022 cuando buscaron una dirección general profesional que ha recaído en manos de Safira Santos. "Ya hay un equipo estable de personas que trabaja full time y eso nos ha dado más capacidad de hacer cosas, entre ellas, empezar a plantear recursos procesales", comenta De la Nuez. Hay Derecho está integrada por perfiles, principalmente jurídicos, como notarios, abogados en ejercicio, catedráticos de universidad aunque "últimamente hemos ampliado a personas de procedencia diferente, gente del mundo de la empresa, del marketing... que nos permitiesen llegar a ámbitos diferentes".

Existe un Consejo Asesor en el que está desde Nemesio Fernández, exsecretario de Estado de Energía en el Gobierno de José María Aznar, hasta Manuela Carmena, exalcaldesa de Podemos en Madrid. "Ahora todo el mundo dice que somos de derechas, pero hemos intentado cuidar mucho que hubiese gente de distintas procedencias, no sólo profesionales sino también ideológicas", esgrime la secretaria general. Los perfiles diferentes los enriquecen y, en base a debates que se crean, forman sus opiniones como la que ahora sostienen en contra de la amnistía. "Ese tema para nosotros era muy claro desde el principio. Hicimos un debate con expertos y ahí las posiciones fueron muy unánimes", agrega. La Fundación acaba de entregar más de 100.000 firmas en el Congreso contra esta medida de gracia.

Hay Derecho, por tanto, no se casa con ninguna ideología. En sus bases está, la defensa del Estado social y de derecho, la separación de poderes, etc.

El recurso contra Valerio en el Supremo

Precisamente en esa defensa decidieron recurrir el nombramiento de Magdalena Valerio al Consejo de Estado por no cumplir el requisito de "jurista de reconocido prestigio". "Buscamos un caso que pensábamos que pudiéramos defender si existía esa legitimación activa porque hubiera esa relación directa con estudios que nosotros hubiéramos hecho", expone De la Nuez.

Esa legitimación activa de la que habla es el botón verde que todas las fundaciones y asociaciones quieren tener. Es la vía libre que da el Tribunal Supremo para que se puedan interponer recursos en decisiones concretas de la Administración y conseguirla no es fácil.

La Sala de lo Contencioso no la ha reconocido a diversas asociaciones o fundaciones o no en la medida pretendida por los recurrentes. Por ejemplo, se le negó a la Fundación Francisco Franco en una sentencia del 13 de abril de 2023 que pretendía impugnar cambios de nombres de calles. Tampoco se la reconocieron al Club Liberal Español que querían recurrir el acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional de 6 de octubre de 2020 que aprobó el procedimiento de actuación contra la desinformación; o al 'Access Infor Europe' y a Andalucía Acoge para recurrir el acuerdo del Consejo de Ministros del 19 de julio de 2019, que autorizaba la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 30 millones de euros.

La negativa se ha sucedido en otros casos como el de la Asociación de Víctimas de la Ley de Violencia de Género para recurrir el acuerdo del Consejo de Ministros que acordó conmutar una pena de cuatro meses de prisión por la de 30 días de trabajo en beneficio de la comunidad con determinadas condiciones o a la Asociación Plataforma Cívica por la independencia judicial para recurrir el acuerdo del CGPJ por el que se aprobó el Reglamento de 2011 de la carrera judicial.

El Supremo tiene que ver un interés directo entre quien está recurriendo y lo que se está recurriendo. Una afectación que sí descubrió en la Fundación Toro de Lidia cuando impugnó el Real Decreto de marzo de 2022 por el que se establecían las reglas del Bono Cultural Joven o en Cáritas contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla que aprobó las “instrucciones para la gestión del padrón municipal de habitantes de Melilla” con un apartado correspondiente al empadronamiento de menores extranjeros procedentes de Nador.

En el caso de la Fundación 'Hay Derecho' existían ciertas dudas porque ya la Audiencia Nacional les había denegado este interés legítimo en un recurso contra las bases de la convocatoria de la Agencia de Protección de Datos. La Abogacía del Estado apuntaba en el asunto de Valerio a una falta de legitimación de la Fundación recurrente. "Personas jurídicas privadas no cuentan con legitimación activa para la impugnación de actos y disposiciones que puedan afectar a intereses difusos", redactaron los servicios jurídicos del Gobierno.

"Para nosotros este recurso era para ver si nos abrían o no la puerta por el tema de la legitimación activa. Si no nos la reconocían pues no tiene mucho sentido que nosotros interpongamos recursos", confiesa De la Nuez. Pero el Supremo lo ha dejado bien claro: "No es, por tanto, la mera y sola autoatribución estatutaria la que aparece aquí, sino una trayectoria continuada, manifestada en las diversas actividades y realizaciones que constan en su web. Tampoco su compromiso con la defensa del Estado de Derecho y con la mejora de nuestro ordenamiento jurídico y de sus intenciones se agota en la mera defensa de la legalidad, sino que se plasma en el planteamiento de soluciones concretas, fruto de un trabajo interdisciplinar, reflexivo y fundamentado".

En la Fundación se confiesan muy satisfechos ahora que tienen vía libre para impugnar decisiones del Gobierno que afecten al Estado de Derecho, pero advierten de que a hora no van a impugnar todo lo que se ponga en el camino. "No se trata de recurrir a diestro y siniestro. Litigios estratégicos. Sabemos lo que podemos hacer y si hay un caso en el que podamos en el futuro iremos viendo", sentencia la Abogada del Estado en excedencia.