Aline F. se trasladó a Málaga en noviembre. Concretamente a Marbella, donde vivía entre hoteles y chalets de la ciudad, según apuntan fuentes de la investigación. Hacía vida normal, compartía su día a día en redes sociales. Dónde desayunaba, dónde estaba. Tampoco se escondía, a pesar de contar con una orden de detención en su país de origen, Brasil, donde tiene una causa pendiente por haber tratado de apuñalar, supuestamente, a un joven.

Este martes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la detuvieron. Eran alrededor de las 10.30 de la mañana. "No iba ni disfrazada ni nada, no nos evitaba", señalan fuentes conocedoras de la operación. La mujer, de 37 años, saltó a los medios de comunicación españoles el pasado 3 de noviembre, cuando denunció a Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del presidente del Tribunal Constitucional, por una supuesta agresión sexual en grupo.

Su aparición en los medios llamó la atención de las autoridades brasileñas, donde tenía una treintena de causas judiciales, pero la más grave de todas data de marzo de 2022. Aline presuntamente asestó varias puñadas a otro hombre, que tuvo que ser ingresado en un hospital "en cuidados intensivos, con grave riesgo para su vida", según explicó la Benemérita en una nota emitida este martes. Ahora, ella se enfrenta a una pena de prisión de hasta 30 años.

La orden de detención llegó a la Guardia Civil el pasado día 9. Fue entonces cuando los investigadores se pusieron a trabajar, culminando la operación este martes, tres días después. No les ha sido difícil localizarla. Ella misma daba cuenta de su vida en redes sociales. El hecho de que en el último mes se haya hospedado en hoteles de la Costa del Sol también ha ayudado. El sistema de registro de clientes, cuando se entrega el DNI, sirve a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para localizar a un fugitivo.

La mujer brasileña pasará este miércoles por la mañana a disposición judicial. El caso lo llevará, según citadas fuentes, el Juzgado Central de instrucción de la Audiencia Nacional número 4, cuyo titular es José Luis Calama. Este órgano es el competente en materia de extradiciones. El magistrado le tomará declaración y tendrá que decidir sobre su futuro. Mientras se tramite la extradición podrá dejarla en libertad u ordenar su ingreso en prisión provisional.

El juez Calama se ha vuelto muy mediático en los últimos años porque en su mesa han recaído causas como la de Pegasus, sobre la infección de los móviles del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y tres ministros con el virus israelí, la del envío de cartas bombas a distintas sedes gubernamentales o la del hackeo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte del joven 'Alcasec'. Es un magistrado poco dado a utilizar de forma prolongada la prisión provisional, como lo ha venido demostrando en algunos de sus movimientos. Ordenó la excarcelación del hacker al mes de haber ingresado en prisión cuando comenzó a colaborar con la Justicia a pesar de las reticencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y acordó también la libertad para el general de la Benemérita Francisco Espinosa Navas, implicado en el 'caso Mediador', con la oposición de la Fiscalía.

La denuncia a Conde-Pumpido

Aline denunció a principios de noviembre al abogado Cándido Conde-Pumpido y a dos amigos de este. Según su relato, había pasado la noche en casa del conocido letrado, ya que tras huir de su país se dedicaba a la prostitución, si bien afirmó que con él mantenía una relación sentimental. Una vez en el domicilio, explicó que los tres hombres la agredieron sexualmente al mismo tiempo que consumían estupefacientes.

La Policía acudió a la casa tras la llamada de la mujer. La UFAM, la unidad que se persigue delitos de violencia machista, la trasladó a un hospital al considerar que podría haber sufrido una agresión. En el hospital se le practicaron distintas pruebas para verificar su versión.

Paralelamente, otros agentes detuvieron a los tres hombres. Entraron un viernes a los calabozos y no fue hasta dos días después cuando la jueza de guardia los dejó en libertad sin cargos y sin medidas cautelares, aunque la Fiscalía pedía una orden de alejamiento. La magistrada se basó en el sistema de cámaras de seguridad que el abogado tenía en su casa y en las que no apreció verosimilitud con lo que la denunciante había expuesto.

Primero, ella situaba a uno de los arrestados en la casa, pero en las cámaras "no aparece en ningún momento" y él ha declarado que "puede acreditar que se encontraba en otro lugar desde las 22 horas del 2 de noviembre", se lee en el auto de la juez Isabel Durántez.

A quien sí se ve es a Conde-Pumpido en distintas estancias (cocina, dormitorio, parte exterior de las casa", etc. “Específicamente puede observarse a la denunciante y al denunciado en uno de los dormitorios durante varias horas, entrando y saliendo, bebiendo, etc.", señala la magistrada. Sin embargo, también puntualiza que en ninguna de estas escenas "puede adivinarse ninguna situación coincidente con el relato de hechos por ella mantenido”.

Pasadas las semanas, Aline acudió al juzgado para retirar la denuncia contra los tres acusados. También renunció a cualquier acción civil o penal contra ellos. Fue entonces cuando emprendió una huida hacia adelante que ha terminado este martes tras la aparición en escena de la UCO.