"Hacen falta muchas personas. La patronal ya ha cifrado pérdidas diarias de 15 millones de euros. El Estado debe saber que su represión será muy costosa. No podemos aflojar". Con ese mensaje Xavier Vendrell,  exmilitante de Terra Lliure, exsecretario de Organización de ERC y consejero de Gobierno de la Generalitat en 2006, empuja a miembros de 'Tsunami Democràtic' a través de un grupo de mensajería para las acciones continúen. El sumario de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional revela que a finales de 2019 y una vez conocida la sentencia del procés diversos políticos alentaron los disturbios que terminaron causando un perjuicio de millones de euros para las arcas públicas.

La plataforma --que según el juez Manuel García Castellón estaba liderada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y por la líder de ERC en Ginebra Marta Rovira-- hizo cosas que creía "imposibles" para poder atraer la atención del extranjero hacia la causa independentistas y paralizar España. "Yo también pensaba que era imposible montar un escenario en mitad de la autopista y lo montamos (se ríe)", dijo el propio Vendrell en una conversación de teléfono que la Guardia Civil interceptó en su vehículo.

A esos chats donde los cabecillas se organizaban llegaban continuamente mensajes directos que los grupos políticos simpatizantes les transmitían para no desfallecer o para dar órdenes. "Desde Esquerra todo el mundo es consciente de que ser más de los que somos no es una condición suficiente para ganar, pero es condición necesaria. Y, por tanto, pensamos que la combinación de una acción política dirigida a sumar más personas al proyecto (la encuesta de La Vanguardia de hoy confirma que el independentismo sigue creciendo) y las acciones para poner en jaque al Estado (pienso que la mejor herramienta es 'Tsunami')... son el único cambio posible".

La organización jerarquizada parecía estar muy bien estructurada. La app por la que se coordinaban contaba con diversos apartados de "disponibilidad semanal", "disponibilidad horaria" o "recursos adicionales" para que los administradores de 'Tsunami' pudieran saber el músculo con el que contaban. Eran ellos los que podían restringir y cerrar el acceso a "cualquier persona sospechosa de tratarse de un infiltrado", refleja la benemérita. Los que confirmasen su asistencia a las protestas tenían, además, diferentes opciones en la aplicación a través de las que notificar a la 'central' si hacía falta más gente o si era necesario avituallamiento. Podían, incluso, solicitar los servicios médicos o avisar de la presencia de "piolines", forma despectiva para referirse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que estaban en Cataluña en ese momento.

'Tsunami Democrátic' logró boicotear la jornada de reflexión, previa a la votación electoral. Principalmente en Barcelona donde colocaron un escenario. Colapsó la AP-7 tanto en el lado francés como en el español, incluso mediante la instalación de barricadas lo que causó graves daños no sólo en la vía, sino derivados del colapso de transporte de mercancías.

En el modus operandi jugaban siempre con el factor sorpresa. Primero decían a sus seguidores que se reservaran los días "11,12 y 13 de noviembre". Unos días antes habían emitido un comunicado explicando que esta vez llevarían a cabo acciones más ambiciosas que las anteriores y advertían a la gente de que si querían participar deberían estar equipados con todo lo necesario para pernoctar fuera de sus domicilios. Llegado el 11 a primera hora de la mañana se lanzaba la convocatoria: concentrarse en el punto fronterizo de la autopista en La Junquera (Gerona). Al llamamiento se unieron los CDR, procesados en la Audiencia Nacional por terrorismo. La AP-7 permaneció cortada al tráfico por unas 1.000 personas hasta el día siguiente. Hubo 18 detenidos y numerosos daños materiales.

Uno de los elementos que caracterizan todas las convocatorias de la plataforma es el llamamiento a la "no violencia", pero la Guardia Civil destaca que la deriva de las mismas siempre revertía en acciones violentas. Para el partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid que consiguieron boicotear llevaron decenas de balones amarillos que lanzaron al campo con la inscripción "sit and talk". Para esta acción, la cúspide formó a más de un centenar de "chutadores" que lanzaran las pelotas:"No puede chutar nadie que no haya pasado por la formación". La actuación parecía pacífica sí, pero alrededor del estado se produjeron barricadas y fuertes disturbios que se saldaron con 46 heridos.

Lo mismo ocurrió en el bloqueo del aeropuerto de El Prat, una de sus primeras convocatorias el 14 de octubre. "Tothom a l'aeroport", decían sus redes sociales ese día, mientras que a la vez en el canal de Telegram repartieron billetes falsos para que todos pudieran entrar en el edificio y así burlar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El resultado fue un movimiento masivo de miles de personas, que se desplazaron hacia las instalaciones donde bloquearon accesos, cancelaron 169 vuelos con un coste de 489.000 euros y se produjeron graves disturbios. En total, el informe de la Guardia Civil calcula que los daños supusieron 1,2 millones de euros.

Pero el de El Prat no fue lo único que intentó bloquear 'Tsunami Democràtic'. La plataforma propuso cerrar los accesos del centro de control aéreo Enaire de Barcelona- Gavà la cual está ubicada a unos seis kilómetros del aeropuerto y desde donde se gestiona el tráfico aéreo de unos 300.000 kilómetros cuadrados desde la Comunidad Autónoma de Murcia hasta Aragón. Para tratar de frenar el avance de la masa convocada, los Mossos ordenaron el cierre de la línea 9 de metro y el tren entre el aeropuerto y Sants Estació para evitar que los manifestantes cumplieran su objetivo de bloquear la actividad.

Todavía entre las incógnitas del caso está saber quién estuvo detrás de la app. A pesar de que el juez envió una petición de información internacional a Estados Unidos para conocer las identidades, el país contestó con siete nombres que, según el sumario al que ha tenido acceso este medio, todavía no se han podido identificar.