La renovación del Consejo General del Poder Judicial continúa siendo, cinco años después, la gran patata caliente de las relaciones entre Moncloa y el primer partido de la oposición. Será, precisamente, una de las cuestiones que se susciten en la reunión que este viernes a las 10,30 de la mañana unen al presidente del Gobierno y al líder del primer partido de la oposición en un escenario inusual, el Congreso de los Diputados en lugar de Moncloa. La elección del sitio por parte de Alberto Núñez Feijóo cayó como un jarro de agua fría en el equipo de Pedro Sánchez y éste dejó traslucir su malestar ayer desde la tribuna del Congreso al afirmar incómodo que "para usted la perra gorda", rescatando una expresión bastante en desuso.

La medida del alcance e importancia de esta entrevista la dará su capacidad o no de avanzar en la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Los populares parecen dispuestos a recoger ese guante y no necesariamente arrancando de cero sino a partir "del punto en que se dejó la negociación en octubre de 2022", según aseguran a El Independiente fuentes de la dirección nacional. Aquel acuerdo, suscrito entre el ministro de la Presidencia -que, entonces no lo era de Justicia-, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, naufragó tras admitir el Gobierno que iba a eliminar del Código Penal el delito de sedición en pago al apoyo de ERC la pasada legislatura.

Lo condicionan al compromiso por escrito de que "los jueces elegirán a los jueces"

Sin embargo, las mismas fuentes consultadas admiten que "hubo otro escollo", esto es, "incorporar en el pacto un párrafo que explicitara que, a futuro, los jueces elegirían a los jueces del CGPJ. Si aceptan ese párrafo, cerramos el acuerdo de inmediato". No se trata en todo caso de un escollo menor pues concentra el que ha sido el motivo de disputa entre Moncloa y los populares, a punto en cuatro ocasiones de acabar con la interinidad de los veinte miembros de este órgano además de su presidente. Todo ellos han doblado su mandato de cinco años pues la renovación debiera haberse producido en 2018.

En 2022 ambos interlocutores acordaron que el nuevo Consejo, renovado con el sistema actual, presentara en el plazo de seis meses una propuesta de reforma para "despolitizar" este órgano siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, propuesta sobre la que se sustanciaría una proposición de ley firmada por los grupos socialista y popular de la Cámara o, bien, un proyecto de ley del Gobierno.

También se pactó entonces que el presidente fuera elegido por los miembros del Consejo sin llevar "cocinado" su nombre entre los dos partidos mayoritarios -aunque se daba por hecho que la elección recaería en Cándido Conde Pumpido- con un reparto equitativo de magistrados y juristas de reconocido prestigio, demás de otras medidas contra la politización de la Justicia y periodos de carencia para pasar de la política a la justicia y viceversa, hoy ampliamente superadas con designaciones como la de Juan Carlos Campo para el Tribunal Constitucional.

En todo caso, debía explicitarse y por escrito, conforme a la exigencia del PP, que dicho modelo estaba destinado en el futuro a que fueran los jueces los que eligieran a los miembros del Consejo o, como dicen los informes de la comisión de Justicia de la UE, designados "entre sus pares".

Feijóo endureció su posición tras el fracaso de 2022

La ruptura de aquella negociación llevó al líder del PP a endurecer su postura, de modo que condicionaron cualquier negociación a que antes se cambiara la ley del Poder Judicial y sólo después, con un nuevo modelo de elección, se procediera a la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, en las últimas fechas, esa posición acabó suavizándose, en buena medida por los recados que lanzó el comisario de Justicia de la Unión, Didier Reynders, quien considera prioritaria la renovación por una cuestión de economía de tiempo pues el cambio de la ley conlleva unos plazos mucho más amplios.

La negociación se ha frustrado nada menos que en cuatro ocasiones, siempre por rupturas unilaterales del PP. La primera fue en 2018 cuando el famoso whatsaap del entonces portavoz del PP en el Senado, Juan Ignacio Cosidó de controlar la Sala Segunda "por la puerta de atrás". En verano de 2020 fueron unas críticas de Pablo Iglesias contra la marcha de Juan Carlos I lo que justificó que los populares se levantaran de la mesa de negociación.  Y en 2021 fue su negativa a aceptar los nombres de Victoria Rosell y del juez José Ricardo de Prada.

Hay acuerdo sobre el artículo 49 pero el PP exige al PSOE "garantías por escrito"

No será, sin embargo, la única cuestión que aborden Sánchez y Feijóo este viernes. Por ejemplo, ya era conocido que hay un acuerdo en torno a la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuido' por 'discapacitado' además de incorporar otras aportaciones de organizaciones como Cermi. Pero el PP quiere "garantías del PSOE de que sus socios no querrán abrir otros melones ni forzar un referéndum".

El PNV quería aprovechar esta reforma para eliminar la inviolabilidad del Rey y borrar la referencia a la integridad territorial de España y Junts incorporar el derecho de autodeterminación. Además, aunque estas cuestiones no prosperaran 35 diputados o 27 senadores podrían forzar una consulta sobre la reforma del 49, ante el riesgo de abrir "un debate sobre el texto constitucional".

Del resto de los temas puestos sobre la mesa se puede avanzar en la financiación autonómica -aunque el órgano de debate multilateral sea el Consejo de Política Fiscal y Financiera- en la cesión de tributos o en el mantenimiento del delito de enaltecimiento del terrorismo en el Código Penal, pero no así en la ley de Amnistía, en la parálisis de la moción de censura en Pamplona con Bildu o en el "deterioro institucional", con el foco puesto en el Consejo de Estado y en Fiscalía.