Sentadas las bases entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para una nueva negociación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) así como un futuro cambio de modelo del sistema de elección de sus 12 jueces -todo ello con la supervisión de la Comisión Europea- desde el PP comienzan a ver alternativas al actual método. Uno de ellas pasaría por evitar interinidades y prórroga de mandatos poniendo en marcha el mecanismo de sustitución tres meses antes de concluir los cinco años preceptivos.

Según explican en el equipo de Feijóo, en esos tres meses previos se presentarían los aspirantes a magistrados del Consejo y se procedería a la votación de los mismos por sus compañeros jueces, esto es, por sus "pares" tal y como aconsejan desde Europa, de modo que un mes antes ya estuvieran elegidos para sustituir de forma automática a los salientes en cuanto acabara el mandato.

Eso no soluciona, admiten las mismas fuentes, la elección de los otros ocho miembros, los llamados "juristas de reconocido prestigio", dado que vuelve a quedar su renovación en manos de una mayoría cualificada de tres quintos del Congreso y del Senado. Exige, por tanto, buscar un método que no bloquee una renovación que debe hacerse de la totalidad de sus miembros, esto es, 12 jueces y ocho juristas, en total 20.

"No volver a marear la perdiz"

Uno de los aspectos que el PP no quiere repetir de la reforma defendida por ellos mismos hace poco más de un año, en octubre de 2022, es que sea el propio Consejo, una vez renovado, el que haga una propuesta de cambio de la ley del Poder Judicial para su renovación. El líder popular "no acepta volver a marear al perdiz". Si a fin de cuentas son las dos grandes fuerzas mayoritarias, PP y PSOE, las que se tienen que poner de acuerdo para aprobar un nuevo texto orgánico -a través de una proposición de ley conjunta que se debería registrar el mismo día en que se procede a la renovación de los magistrados-, "¿para qué se lo vamos a encargar al Consejo?".

Por lo demás, Feijóo dijo ayer que le valían las grandes líneas de ese principio de acuerdo, que contenía además, un paquete de medidas dedicado a la despolitización de la Justicia y que, de haber salido adelante entonces, hubiera impedido que el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo fuera ahora magistrado del Tribunal Constitucional, pues debiera haber transcurrido como poco cinco años para pasar de la política a la Justicia.

La gran novedad del que sería quinto intento desde 2018 para renovar el órgano de gobierno de los jueces es el papel verificador de la Comisión Europea, muy probablemente de la del comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, entre otras cosas porque resulta un gran conocedor de la situación de total bloqueo a la que se ha llegado.

El PP quiere que Reynders sea el supervisor de la negociación del Consejo

Los populares creen que es el más adecuado. Conoce a las partes y los escollos, y él mismo ha presentado los informes sobre la situación del Estado de derecho en España donde se pone el acento tanto en la necesaria renovación del Consejo como en la modificación del sistema de elección de sus miembros para despolitizarlo. Eso exige que la nueva negociación no se dilate mucho, habida cuenta que los europeos estamos llamados a las urnas el 9 de junio para renovar la Eurocámara, lo que supondrá posteriormente la constitución de un nuevo 'gobierno' de la Unión. Quiere decir que las cosas no pueden ir más allá del mes de abril en que arrancará la campaña electoral.

En el punto quinto del documento que Feijóo entregó ayer al jefe del Ejecutivo referido a la independencia del poder judicial y su órgano
de gobierno, los populares expresan que la Justicia "constituye un dique de contención a los abusos del resto de poderes del Estado". Es por ello que, agregan, "la necesaria renovación del CGPJ no puede darse sin garantías que aseguren la independencia judicial. El PP propone sumar a la negociación a la Comisión Europea, a efectos de que pueda supervisar y acreditar de forma inequívoca que la renovación del CGPJ se acomete de forma simultánea a la reforma del método de elección".

Posición PP Orden del día Reunión Sánchez-ANFDescarga

El párrafo anterior del documento está dedicado a defender a jueces y magistrados tanto de los ataques del Ejecutivo como de sus socios. Los populares critican los recientes episodios "de señalamiento y amenazas" a éstos "por parte de partidos independentistas, inaceptables en cualquier régimen democrático. Unos hechos que, unidos a las acusaciones de lawfare realizadas de manera constante por miembros del Gobierno, han generado enorme malestar entre las asociaciones de los profesionales".

Al hilo de esta afirmación consideran "imperativo reforzar su autoridad, protegerlos de este acoso y evitar dar pábulo al cuestionamiento de su legitimidad con comisiones de investigación como las pactadas en el Congreso". Por ello, Feijóo defendió ayer ante Sánchez algo que éste no podía darle, y que no era otra cosa que que paralizar las comisiones de investigación pactadas por el PSOE con sus socios de ERC y de Junts, "que persiguen menoscabar el crédito de los jueces y magistrados". También quieren los populares que el Reglamento del Congreso prohíba expresamente que los profesionales de la Justicia sean llamados a comparecer sobre casos de los que han tenido conocimiento en ejercicio de sus funciones.