El Gobierno aplaude que Feijóo quiera también un mediador para renovar el CGPJ: "Estamos encantados"

Las expectativas estaban por los suelos. En los últimos días, en las últimas semanas, en el núcleo de confianza de Pedro Sánchez aseguraban que veían a Alberto Núñez Feijóo "muy cerrado", incapaz de salir de la ratonera en la que él mismo se había encerrado, incapaz de encontrar la puerta para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años de bloqueo y más de una treintena de "excusas". En las horas previas Génova sí deslizaba que podría aceptar volver al punto en el que se dejaron las conversaciones, en octubre de 2022, cuando al acuerdo trabado entre el ministro Félix Bolaños y el dirigente popular Esteban González Pons, pero en la Moncloa preferían acogerse a la prudencia.

Por eso, cuando el líder del PP planteó este viernes al presidente del Gobierno, en su reunión de casi dos horas en el Congreso, que una vía para desatascar el CGPJ podría ser que la Comisión Europea "supervise" las negociaciones, la reacción era a la vez de asombro y celebración. Feijóo estaba poniendo sobre la mesa, ni más ni menos, que Bruselas ejerza el papel de "mediación y verificación". Un árbitro extranjero para que propicie el acercamiento. Una figura que permitía a los socialistas salvar su relato y sus pactos con ERC y Junts, porque con ambos partidos firmó la presencia de un mediador, necesario, según los independentistas, para superar el muro de desconfianza. Justo la razón que esgrimió el líder del PP ante los periodistas: "Si los socios del Gobierno no se fían del Gobierno, comprenderá que la oposición tiene muy difícil fiarse del Gobierno cuyos socios no lo hacen".

Alegría repitió el rol de "mediación y verificación" de la Comisión. El Ejecutivo cantaba victoria: Feijóo, que había denostado la figura del mediador, acababa comprando ese mismo marco

Sánchez aceptó de inmediato, como después, y desde el palacio de la Moncloa, trasladó a los medios la portavoz, Pilar Alegría: se acordó que sea el Ejecutivo comunitario el que "medie y verifique", pues "todo lo que sea restablecer la normalidad institucional y cumplir con la Constitución será bienvenido". La ministra repitió varias veces, y no por casualidad, el rol de "mediación y verificación" de Bruselas. Se le atisbaba incluso una sonrisa de satisfacción cada vez que lo pronunciaba, como se iluminaban los rostros de los colaboradores del presidente: Feijóo había comprado el marco del Gobierno. De tachar de "bochorno" la elección del diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez como verificador entre PSOE y Junts a ser él el que postulaba a la Comisión para mediar entre el Gobierno y el PP. Con todas las diferencias obvias, pero mediación a fin de cuentas. En la Moncloa y en Ferraz se relamían. Cantaban victoria. Festejaban el tanto que se acababan de anotar.

"No era un formato que tuviéramos identificado, desde luego —apuntaban este viernes en la Moncloa—, porque el miércoles en el pleno del Congreso Feijóo rechazó expresamente la figura del mediador. Así que sí, nos pilló por sorpresa pero nos parece bien". "Estamos encantados. Desde luego, tenemos experiencia", concluían en el equipo del presidente, tirando de ironía. El dirigente gallego, en su comparecencia en el Congreso posterior a la reunión, rechazó el término mediador: "Equiparar a la Comisión Europea a un mediador salvadoreño especializado en bandas armadas me parece una falta de respeto", sostuvo. Y para evitar comparaciones con las mesas que tiene el PSOE con ERC y Junts, rechazó la comisión de trabajo que le había propuesto en los días anteriores Sánchez, con el argumento de que la vía para hablar con los socialistas está abierta "todos los días" en la Cámara baja y si el presidente quiere conocer su opinión sobre alguna materia solo tiene que pedírsela.

Equiparar a la Comisión Europea a un mediador salvadoreño especializado en bandas armadas me parece una falta de respeto", asegura el líder del PP

Puestas las bases para un nuevo intento de desbloqueo del CGPJ, el Gobierno evitó echar más sal a la herida. Alegría, durante su comparecencia, midió sus palabras para rebajar la tensión con el PP, y por ello enfatizó en todo momento el ambiente de "normalidad" y de "respeto institucional" que presidió la reunión, y dio la bienvenida al "diálogo" de Feijóo. Pero en privado fuentes del Ejecutivo explicaban que si finalmente el presidente del PP había claudicado era porque estaba "atrapado", "en una esquina". "Estaba en un callejón sin salida, tener bloqueado el Poder Judicial no le daba imagen de moderación. Ya parece que está asumiendo que perdió pese a ser la primera fuerza, y por eso era injustificable seguir diciendo que no vas a cumplir la Constitución. Y el comisario de Justicia lanzó un mensaje claro".

El papel clave de Reynders

Así, en la Moncloa creen que un elemento insoslayable de presión para el PP ha sido que Didier Reynders, en su comparecencia con el ministro Félix Bolaños del pasado 4 de diciembre, fuera rotundo, al insistir en que era "prioritaria" y "urgente" la renovación del CGPJ, para luego estudiar un cambio en el sistema de elección de los 12 vocales de extracción judicial —los otro ocho son juristas de reconocido prestigio—.

El Ejecutivo insiste en que la renovación no está vinculada al cambio de la ley, y que tampoco eso lo exigía Bruselas. No le parece mal el nombre de Reynders, pero también aporta el de Jourová

Precisamente Reynders es a quien el PP mira como posible mediador —o "supervisor", según su terminología—. Al Gobierno no le parece mal que lo sea él o bien la vicepresidenta de la UE y comisaria de Valores y Transparencia, la checa Věra Jourová, pero en todo caso se remite a lo que decida Bruselas. El PP, para negar que se trate de una verificación internacional, se aferra a que la Comisión es una institución española, dado que la UE es depositaria de la soberanía española. "Reynders o Jourová no parecen apellidos muy españoles", respondían con mordacidad desde el Ejecutivo.

Tampoco queda muy claro el alcance del acuerdo avanzado por Sánchez y Feijóo. El PP quiere que se haga de forma "simultánea" la renovación del órgano de gobierno de los jueces y la reforma de la ley orgánica para reformar el método de elección del CGPJ. El Gobierno, en cambio, no se niega a hablar de ambas cosas a la vez pero dejando claro que primero ha de ejecutarse el relevo en el Poder Judicial y más adelante la eventual modificación legislativa. En la Moncloa, de hecho, recordaban que Reynders fue muy explícito: primero, renovar, y luego cambiar la ley, sin "vincular" el primer paso al segundo. Es decir, que la designación de los nuevos vocales no admite "condiciones".

El acuerdo que estuvo a punto de firmarse en octubre de 2022, en palabras de Alegría, es un "magnífico punto de partida" para retomar las conversaciones. Bolaños y Pons cerraron 32 nombres —los de los 20 vocales del CGPJ y los 12 suplentes— y pactaron una proposición de ley de "reforzamiento" de la independencia de la Justicia, en la que entre otras cuestiones se limitaban las puertas giratorias entre la política y la judicatura. A partir de ahí, las dos partes encargaban al nuevo órgano que en el plazo de seis meses elaborase una propuesta para cambiar el sistema de elección de los vocales. El Gobierno defiende que ese planteamiento sigue siendo válido y, por tanto, puede recibir el plácet de la Comisión.

En todo caso, para empezar a poner hilo a la aguja se deberán poner en marcha formalmente las conversaciones de Gobierno y PP. La intención de la Moncloa es que la próxima semana, antes de fin de año, Bolaños llame a Pons para dar los primeros pasos en la negociación. El Ejecutivo quiere que la renovación del CGPJ se produzca "lo antes posible". El PP sitúa el plazo máximo en la próxima primavera, antes de las elecciones europeas, tras las cuales se produce el relevo en las instituciones europeas.

Sánchez defiende a Bolaños como su interlocutor. En el equipo del ministro recordaban que si se rompió el pacto en 2022 fue porque Feijóo no aguantó las "presiones"

Lo que está claro es que los populares tendrán que aceptar al ministro de Presidencia y Justicia en la mesa. Feijóo le cuestionó en su reunión con Sánchez porque consideraba que fue él quien "engañó" al PP el año pasado. Alegría pidió a Génova "respetar" a quien la otra parte, en este caso el Gobierno, designa como interlocutor. Desde el equipo del ministro recordaban que cuando el acuerdo estaba a punto de cerrarse ya los medios hablaban de que la reforma de la sedición estaba en marcha y que de hecho la número dos del PP, Cuca Gamarra, aseguró en la tele que esa cuestión discurría por un carril distinto al de la negociación para el CGPJ. Pero luego Feijóo, añadieron, sucumbió a las "presiones" del ala radical de su partido y de la derecha mediática y económica.

Una reforma "necesaria" y "de justicia"

Sánchez y el jefe de los populares alcanzaron otro acuerdo muy relevante: PSOE y PP presentarán, antes del 31 de diciembre, una proposición conjunta para reformar el artículo 49 de la Constitución y eliminar el término "disminuidos". Una modificación que el Gobierno considera "necesaria" y "de justicia" para el colectivo de personas con discapacidad y por la que "siempre" apostó el presidente, recordó Alegría. Los dos líderes se conjuraron para rechazar las enmiendas que no compartan. El texto será aprobado en un pleno monográfico en enero.

Hubo acuerdo para el cambio del artículo 49 de la Constitución, pero no para la reforma de la financiación autonómica

En lo que no hubo avances fue en el tercer tema puesto sobre la mesa por Sánchez: la reforma del modelo de financiación autonómica. Feijóo pidió que primero haya un nuevo sistema para luego proceder a la condonación de deuda de las comunidades. Pero el Ejecutivo no comparte ese orden: Sánchez ya adelantó en Barcelona el jueves que en enero empezará a abordar con las CCAA, y no solo Cataluña, la discusión técnica de la quita de la deuda. "Hablar de financiación autonómica es hablar de educación, de sanidad, de dependencia... de los servicios públicos que más necesitan y valoran los ciudadanos. Queremos hacerlo frente a un nuevo escenario que es muy positivo, con los 154.000 millones de euros más que recibirán las comunidades. Es un buen momento y es necesario hacerlo. Todas las comunidades quieren llevar adelante el debate, pero es Feijóo el que no quiere. Este Gobierno sí, y consideramos necesario seguir hablando", insistió Alegría, agregando que el compromiso del Ejecutivo es asumir una parte del pasivo de todas las CCAA, deuda producto "de los últimos recortes de [Mariano] Rajoy".

La reunión de Sánchez y Feijóo fue, a ojos de la Moncloa, "mejor de lo previsto", porque se dieron pasos en dos temas fundamentales, la renovación del CGPJ y la reforma del artículo 49 de la Constitución. Y el clima fue de "normalidad" pese a la enorme tensión que precedió el encuentro. Y eso que solo hubo un regalo de cortesía, el que el presidente entregó a Feijóo, un ejemplar de Volver a dónde (Seix Barral, 2021), diario personal e íntimo de la pandemia escrito por Antonio Muñoz Molina a raíz del confinamiento. Con ese libro, Sánchez quería recordar "uno de los momentos más difíciles que ha vivido nuestro país en los últimos tiempos". Pero esa era solo la anécdota de una cita que sorprendió por sus resultados. Hasta al propio líder socialista.