Vox afronta una etapa madura como formación, consolidado ya como partido de gobierno. Al menos como socio de coalición minoritario. Tras experimentar un ascenso en los últimos cuatro años a raíz del problema territorial y el procés en Cataluña, los de Santiago Abascal han alcanzado cuotas de poder que como él mismo ha expresado en ocasiones, eran "impensables" al principio. La paradoja es que, en este momento cumbre, es cuando el grupo afronta sus mayores dificultades nacionales. Lo han sufrido ya Podemos, que agoniza y busca resurgir, desligado de Sumar, a través de las europeas, y Ciudadanos, quien está casi amortizado y ahora se lo juega todo a esos comicios con la amnistía como baza de fondo.

Los ultraconservadores forman parte de cinco gobiernos autonómicos y más de un centenar de alianzas locales. Además sostienen externamente el del PP en Baleares. En el ciclo electoral de mayo, en esos dos niveles mencionados, Vox superó sus cuotas previas con más de 8.000 alcaldes, casi 1.700 concejales y más de 1.200 parlamentarios autonómicos. El problema es que en medio de ese auge, es cuando menos peso nacional tiene tras las elecciones generales de julio. Los resultados han dejado a Vox en el Congreso de los Diputados con 33 escaños frente a los 50 anteriores, con menor visibilidad y sin su puesto en la Mesa de la cámara.

Ese declive deja al partido sin capacidad de utilizar sus principales armas de oposición empleadas hasta la fecha. Dependerá del apoyo de otro grupo mayoritario para solicitar mociones de censura o recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC). Por ejemplo, del PP, su socio natural a escala municipal y regional, pero con quien sigue teniendo notables tensiones por el objetivo de dominar el bloque de la derecha y recibir la mayor parte de sus votantes.

La investidura de Feijóo exigía altura de miras a Abascal, que solo demandó, a sabiendas de que no prosperaría el trámite, respeto a Vox y sus votantes. Eso también permitió desencallar el bloqueo político en Murcia, instaurándose el último gobierno autonómico de colaboración. Pero al fracasar oficialmente, la tensión entre ambas siglas, algo que ya se preveía internamente tanto en el propio Vox como en el PP, ha vuelto a situar en la contienda a Génova y Bambú. Para no dar oxígeno a Vox, Feijóo rehúye cualquier tipo de colaboración en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. También se niega a aceptar los marcos por los que aboga Vox para combatir el independentismo, caso de la ilegalización de ERC o Junts.

Vox ha roto con relaciones nacionales con el PP tras no fructificar sus presiones para colaborar contra la amnistía"

Tampoco accede a la paralización de la amnistía cuando llegue al Senado. Desde el PP admiten que solo puede retrasarse por la reforma del Reglamento fomentada, por lo que apostarán por un recurso de inconstitucionalidad en el TC cuando se apruebe definitivamente. Mientras tanto, Vox suma a la movilización permanente en la calle y frente a Ferraz, la amenaza de querellas multitudinarias a los involucrados en la tramitación de la amnistía en el Congreso y el Senado si no se bloquea hasta que haya, al menos, un informe del CGPJ. La querella presentada contra Sánchez y Puigdemont ante el Supremo por negociar la amnistía ya ha sido rechazada.

Esa negativa de participación ha hecho a Vox romper relaciones nacionales con Génova. Y abogar por intentar trasladar públicamente el marco de que el PP y el PSOE son lo mismo, colaboran y comparten objetivos. Sobre todo cada vez que se abordan cuestiones de Estado. O se reúnen, como este viernes, el jefe del Gobierno y el líder de la oposición. Todo, por intentar recuperar electorado perdido en estas últimas generales. En el pleno parlamentario que hace una semana aprobó el inicio de la tramitación de la amnistía, Abascal cargó contra Feijóo por condenar sus palabras ["habrá un momento en el que el pueblo español querrá colgarle de los pies"] contra Sánchez en la investidura de Javier Milei. Y ante esa censura compartida con la izquierda, Abascal acusó al gallego de haberse sumado a la corriente woke.

Problemas internos

Al desgaste nacional, se unen ciertos problemas internos que han seguido presentes a lo largo de este año. Al cisma abierto por Macarena Olona el año pasado, que denunció el avance paulatino de una corriente dura en Vox encarnada por Jorge Buxadé, su vicepresidente primero, le ha seguido la baja de diputados del ala liberal como Iván Espinosa de los Monteros, hombre clave desde su fundación. Y tras varias reestructuraciones de la dirección de Vox, Buxadé y sus próximos han acaparado la mayor parte del poder interno y la toma de decisiones. De ahí esa dureza del grupo. Ese aislamiento o buen puede ayudar a diferenciarse del PP, como se persigue, o bien puede perjudicar fomentando un éxodo hacia los populares.

La figura de Olona ha seguido presente en la segunda mitad de este año con la publicación de Soy Macarena, un libro en el que la exariete parlamentario de Vox ha expuesto su visión interna de la actuación del partido hasta su baja en agosto de 2022. Se ha centrado en incidir en los perfiles claves de la formación, así como en insistir en cuestiones económicas como los de la financiación de la Fundación Disenso. Desde la organización no han entrado a valorar un texto que catalogan de "ciencia ficción".

Este año el Tribunal de Cuentas ya ha dado la voz de alarma por ciertas irregularidades internas en Vox entre 2018 y 2019, que rondan los 350.000 euros. La cuentas de Vox, sin duda, serán uno de los principales temas que dará que hablar en 2024. También el rumbo de la corriente ultra continental tras las elecciones al Parlamento Europeo, tras su victoria en Países Bajos. Ha empañado el arrinconamiento logrado en Polonia y la suma del centroderecha de Donald Tusk.