Díaz centra la batalla en el impuesto a las energéticas y las ayudas al transporte en la prórroga parcial del escudo social

La liturgia se repite. Una vez más. Negociación in extremis entre los dos socios del Gobierno antes de la aprobación de un real decreto ley de prórroga de las medidas anticrisis. Puede que incluso los últimos flecos los acaben cerrando el presidente, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Pero, salvo sorpresa mayúscula, habrá acuerdo. Es lo que calculan las dos partes en las horas previas al último Consejo de Ministros de este 2023, el que alumbrará esa prolongación parcial del escudo social para mitigar la escalada de precios provocada por la guerra de Ucrania.

Los socialistas no quieren dar nada por confirmado hasta que no se cierre el acuerdo y lo anuncie, de hecho, el propio Sánchez a mediodía de este miércoles, 27 de diciembre, cuando comparezca en la Moncloa. Pero en Sumar sí destacan cuáles son los dos principales puntos de fricción con sus socios y los que impiden que se selle el pacto: los impuestos a la banca y a las compañías energéticas y las ayudas al transporte público. En ambas materias es en las que la vicepresidenta está dando la batalla. Pero hay otras medidas de calado cuya prórroga depende de la redacción del decreto ley que quede aprobado por el Gabinete de coalición, como las rebajas de impuestos en la factura de la luz o las subvenciones al combustible para los transportistas. El jefe del Ejecutivo ya dejó claro que se mantendría hasta junio la bajada del IVA a los alimentos de primera necesidad y que el transporte sería gratuito para menores, jóvenes y desempleados desde el 1 de enero.

Las negociaciones están siendo intensas, pero "no tensas". Los socialistas las desdramatizan. Puede que los últimos flecos los cierren antes del Consejo el presidente y la vicepresidenta

La negociación está siendo intensa entre PSOE y Sumar, pero no "tensa", según insistían en Hacienda y reconocían en el equipo de Díaz. Lo previsible es que el tira y afloja se prolongue hasta poco antes del Consejo de Ministros de este miércoles. Antes las conversaciones se prolongaban hasta el último aliento con Unidas Podemos. Ahora, con Sumar. En la parte socialista del Ejecutivo desdramatizan totalmente las negociaciones con sus socios. Ya pasó lo mismo la semana pasada, inciden, con la ampliación del subsidio de desempleo.

El Gobierno sí ha cerrado ya con EH Bildu varias medidas, tal y como anunciaba este martes la formación de la izquierda abertzale: la prórroga de la prohibición de desahucios de personas vulnerables hasta 2025, de la prohibición de los cortes de suministros básicos (luz, gas y agua) y la ampliación de la tarifa regulada TUR4 para calderas comunitarias que vencían el 31 de diciembre —o sea, la calefacción central que todavía da servicio a muchos inmuebles—. Desde Sumar también asumen que está acordado el mantenimiento de la prohibición de despidos por la crisis energética a las empresas que hayan recibido ayudas directas. Y señalan que seguirán los descuentos del bono social eléctrico.

El IVA de los alimentos de primera necesidad (pan, harinas, leches, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales) continuará suprimido, y se mantendrá la rebaja del 10% al 5% para aceites de olivas y de semillas y pastas alimenticias, tal y como ya anunció el presidente en su investidura. El PP lleva un año reclamando que se extienda a carnes y pescados. El Consejo de Ministros también aprobará la ampliación del umbral de renta para poder acceder a las medidas de alivio hipotecario. Ese listón aumenta de 3,5 a 4,5 veces el IPREM, por lo que podrán optar hogares con una renta anual de hasta aproximadamente 38.000 euros. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ya informó de esta medida el pasado 18 de diciembre a las patronales bancarias y a las asociaciones de usuarios.

"Justicia fiscal y sostenimiento del Estado del bienestar"

A última hora de este martes, todavía no había acuerdo en el seno de la coalición. Sumar ponía en el foco esas dos cuestiones prioritarias: las bonificaciones al transporte y los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas. En este último caso, el programa de gobierno de PSOE y Sumar se afirmaba que se revisarán "con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos" una vez expire su periodo de aplicación, y precisamente su último año previsto es el referente a los ingresos de 2023, con pago en 2024.

Sánchez ya adelantó que se mantendrán hasta junio la rebaja del IVA de los alimentos de primera necesidad

Realmente, ahora el punto de fricción es el gravamen a las energéticas. Los socialistas quieren suavizarlo porque entienden que las circunstancias han cambiado. El propio presidente ya aseguró a principios de este mes es que hay que reorientar el impuesto para que se incentiven grandes inversiones en energías renovables. Respecto al recargo a la banca, no hay intención, tampoco en Hacienda, de tocarlo por el momento. Los dos socios sí se comprometieron, cuando firmaron su contrato para cuatro años más, a que banca y energéticas "sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado del bienestar".

En Hacienda recordaban este martes que los dos impuestos extraordinarios, no obstante, "están en vigor", por lo tanto cabe que el real decreto ley incorpore novedades o no, pero no por ello "cambia la situación ahora mismo".

El presidente prometió transporte público gratuito desde el 1 de enero para menores, jóvenes y parados

En su discurso de investidura, Sánchez incorporó un compromiso electoral: que desde el próximo 1 de enero, el transporte público sea gratuito para "todos los menores y jóvenes, y también para las personas desempleadas". Además, en todo 2024 se mantendría la gratuidad de los trenes de cercanías y media distancia, que ya se incluyó en los Presupuestos del Estado de 2023. "Queremos dar un paso más", añadió, "en coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos queremos que esta política de transporte público gratuito sea permanente y consolide a España como un referente de sostenibilidad medioambiental".

La primera gran negociación tras la investidura

Sumar empuja para que las bonificaciones al transporte queden "como están", es decir, que se beneficien todos los ciudadanos, o bien "si se deja la ayuda para menores, jóvenes y parados". Ahora mismo, la rebaja en el precio del abono puede llegar hasta el 60%: el 30% lo pone el Gobierno central y hasta el 30% restante lo sufragan comunidades y ayuntamientos.

Hacienda pretende ir subiendo los impuestos de la factura de la luz de manera "gradual", no de golpe, para que no se dispare la inflación

Se espera un recorte a las ayudas al combustible para los transportistas. Y otra cuestión importante son las rebajas en la factura de la electricidad. En todo 2023 ha seguido estando vigente la reducción del IVA de la luz del 21% al 5% y del impuesto especial sobre la energía eléctrica al 0,5%, además de la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. La idea de Hacienda es la de ir subiendo estos gravámenes de manera "gradual". No de golpe, aducen, porque ello haría alzarse la inflación. El Gobierno sabe que tiene que calibrar cada paso que dé, para levantar las medidas más costosas, como le pide la Comisión Europea, y que al tiempo no se vuelvan a disparar los precios.

El real decreto ley será aprobado por el Consejo de Ministros, pero el siguiente paso será procurar su convalidación en el Congreso. Esta será, de hecho, la primera gran negociación con los grupos que sustentan al Ejecutivo tras la investidura. Conversaciones en las que entrará al juego Junts, que junto a PNV puede intentar centrar el contenido del texto, empujarlo hacia la derecha. Podemos, ERC y Bildu buscarán arrastrar al Ejecutivo hacia la izquierda. El decreto deberá recibir el visto bueno de la Cámara baja en un plazo de un mes. Está por ver que los grupos puedan introducir modificaciones, porque ello obligaría a tramitar el texto como proyecto de ley. En todo caso, tras las vacaciones de Navidad vendrá la negociación más relevante y la que dará combustible a Sánchez como mínimo para dos años: la de los Presupuestos Generales del Estado para 2024.