Si nada se tuerce, quedan apenas unas horas para que PSOE y PP formalicen su primer pacto de esta XV Legislatura, justo en un contexto de máxima polarización. No será el de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que no ha avanzado. Se trata del acuerdo más fácil y el menos costoso para ambos, el que concierne a la reforma del artículo 49 de la Constitución para suprimir el término "disminuidos" y reemplazarlo por la expresión "personas con discapacidad". Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo apalabraron hace una semana que antes de fin de año estaría lista la proposición conjunta de modificación de la Carta Magna y, tal y como confirmaban este jueves ambas partes, ese compromiso está a punto de ver la luz. Se anunciará o bien este 29 de diciembre por la tarde o bien el sábado 30 por la mañana, antes de que cierre el registro del Congreso de los Diputados.

Tras el encuentro del pasado viernes, se pusieron en contacto el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Lo reconoció en rueda de prensa este jueves el propio líder de los conservadores. La llamada se produjo a comienzos de esta semana, y tanto Bolaños como Gamarra coincidieron en que debía presentarse el texto que ellos dos ya tenían cerrado en abril.

El PP pidió en abril que no se arrancara la tramitación porque ya estaban próximas las autonómicas y municipales del 28-M

Y es que la reforma del artículo 49 de la Carta Magna viene de lejos. Se arrastra desde la primera legislatura de Sánchez, desde hace cinco años. Pero en todo este tiempo ha sido imposible que culminase su tramitación. La dirección de Pablo Casado bloqueó el cambio, pero tampoco lo retomó Feijóo nada más llegar a la cúpula de Génova. Solo lo reactivó en enero de 2023. Entonces, Gobierno y PP se emplazaron a redactar un texto conjunto, consensuado y "ajustado a las recomendaciones del Consejo de Estado" de 2019. El nuevo artículo 49 ya estaba listo en abril, pero el PP pidió que no se siguiera adelante con la tramitación porque ya estaban próximas las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. El Ejecutivo lo leyó como "una excusa", pero lo cierto es que la propuesta no dio un paso más.

En su reunión del pasado viernes, que tanto costó agendar y que se produjo en un ambiente de total tensión entre los dos grandes partidos, Sánchez y Feijóo acordaron presentar la proposición de reforma del artículo 49 de la Constitución antes de que acabara 2023, con vistas a que un pleno monográfico en enero en el Congreso aprobara el texto, para desde allí dirigirlo al Senado.

El jefe de los populares quería que el presidente del Gobierno le garantizara que no se tramitará ninguna enmienda que puedan presentar los socios de investidura y que los dos grandes partidos no compartan. Es decir, que no se aceptarán modificaciones que se salgan del perímetro de la reforma, la eliminación del término "disminuidos" y la protección reforzada de las personas con discapacidad. El PP también quería cerciorarse de que ninguno de los aliados del Ejecutivo pudiera forzar la convocatoria de un referéndum para ratificar la modificación del artículo 49. Tras el encuentro en el Congreso de la semana pasada, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, recordaba que para poder provocar un plebiscito, se necesita la firma de 35 diputados, y Sumar solo tiene 26 (y Podemos, otros cinco). La plataforma de Yolanda Díaz, no obstante, no ha lanzado señales de que persiga un referéndum, y los socialistas tampoco han abierto la puerta a ese escenario.

Alternativamente, en el arranque de enero

Ya solo queda, por tanto, la firma y el registro de la iniciativa. Y llegará, presumiblemente, en horas. El relevo de Nadia Calviño al frente de Economía colonizará la actualidad informativa de la mañana de este viernes, así que se descarta esa ventana. El presidente comunicará la crisis de gobierno a las 9 horas en la Moncloa, después una edición extraordinaria del BOE oficializará los cambios y seguirá la promesa del cargo ante el Rey en la Zarzuela y el traspaso de carteras a las 13.30 horas.

La mañana de este viernes estará copada informativamente por el relevo de Calviño en el Gobierno. Bolaños recuerda que se trataría de la "primera reforma social de la Carta Magna"

La tarde sí que estaría más libre para lanzar el anuncio conjunto. Y también lo está el sábado 30 por la mañana. Son los dos momentos que ambas partes barajan para proceder al registro del texto en el Congreso. De no ser así, podría llevarse a comienzos de la próxima semana, en el arranque de enero de 2024. En cualquier caso, la redacción que entre en la Cámara baja "no reflejará cambios", por tanto, respecto de la que Gobierno y PP pactaron en abril, según ratifican fuentes gubernamentales. Su textualidad no se conoce.

También Bolaños reconoció, tras las palabras de Feijóo, el contacto con el PP en declaraciones a los medios tras su reunión con la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega. El ministro expresó su deseo de presentar de manera "inminente" la reforma del artículo 49 de la Constitución en el Congreso. "Por nosotros ya, hoy, mañana", aseguró. No quiso quitar importancia al acuerdo: "Una reforma de la Constitución siempre es trascendente, pero en este caso estamos hablando de la primera reforma social de la Constitución y, por tanto, creo que es imprescindible que lo pongamos en valor y por supuesto que es un avance muy significativo para las personas con discapacidad". Primero, siguió, por "dignidad", para eliminar una terminología "tan desfasada", y segundo, "porque refuerza los derechos de las personas con discapacidad". De prosperar, esta sería la tercera reforma de la Constitución de 1978: la primera se aprobó en 1992 para permitir a los ciudadanos comunitarios residentes en España pudieran presentarse como candidatos en las elecciones municipales (artículo 13.2), y la segunda, en 2011, para consagrar el principio de estabilidad presupuestaria y de reducción del déficit (artículo 135).

Reynders, Jourová o una tercera persona

La renovación del CGPJ, mientras, no ha dado más pasos significativos. Feijóo propuso a Sánchez que la Comisión Europea (CE) ejerciese una labor de "supervisión". El presidente aceptó "encantado" esa idea de que el Ejecutivo comunitario "medie y verifique". En la Moncloa contaban la semana pasada que el siguiente capítulo sería la comunicación entre Bolaños y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons. Pero no era esa la previsión de Génova. El vicesecretario económico de los populares, Juan Bravo, confirmó este pasado martes que su partido está esperando a que la Comisión "acepte el encargo" para a partir de ahí establecer un calendario de reuniones. El PP sí sondeó previamente a la CE para ver si era viable su propuesta. Tras la reunión de los dos líderes, el Gobierno elevó formalmente la consulta. Bruselas respondió asegurando que estaba "reflexionando", pensando cómo dar salida a la petición. Aún no hay contestación oficial al requerimiento insólito llegado desde España, ni se ha adelantado, obviamente, si en ese caso la labor de mediación corresponderá al comisario de Justicia, Didier Reynders, o a la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, o a una tercera persona.

Feijóo alega que la mediación de la UE es la "única posibilidad" que hay para renovar el CGPJ por el "engaño" del Gobierno. Bolaños insta al PP a sentarse "cuanto antes" y subraya que acepta la propuesta de "verificación internacional"

Feijóo apuntó a los periodistas que, dadas las fiestas navideñas, habrá aún que esperar a la primera o la segunda semana de enero para avanzar sobre este asunto. Bolaños no dio más detalles y se limitó a apremiar al PP a "sentarse cuanto antes" tras más de cinco años de "bloqueo", que ha ocasionado un "estropicio" en la Justicia. Y remarcó que Sánchez aceptó la idea del líder del PP: "Acogimos esa iniciativa, el presidente lo demostró en aquella reunión y acogió la propuesta de verificación internacional".

El jefe de los conservadores rechaza que se hable de "mediación" o "verificación internacional", justo lo que el PSOE pactó con los independentistas catalanes. De ahí que este jueves intentara armar mejor su relato, insistiendo en que la Comisión en realidad siempre ha estado implicada porque de hecho emite anualmente sus informes sobre el Estado de derecho y sabe cuál es la situación: "Comprendo la sorpresa que ha podido producir en algunos españoles el tener que acudir a la Comisión Europea para garantizar la independencia del Poder Judicial y nuestras conversaciones, pero le aseguro que es la única posibilidad que tenemos porque nos han engañado tanto y con tanta intensidad que necesitamos que garanticen la independencia judicial por la única institución que pueda abrir un expediente [a España]". Es decir, que el PP recurre al Ejecutivo comunitario porque es la que puede forzar al Gobierno a no dar marcha atrás y cumplir con la segunda obligación que pone Bruselas: cambiar el modelo de elección de los vocales, para que los jueces elijan a los jueces.

A su vez, el Ejecutivo de Sánchez, afirmó el propio presidente el miércoles tras el último Consejo de Ministros de este año, no va a "perder ninguna ocasión, ninguna oportunidad para trasladar la gravedad de la situación, la necesidad cuando no urgencia, de renovar el CGPJ". Recordó que había alcanzado tres acuerdos con el PP —dos con Casado y el último con Feijóo, en octubre de 2022— que fueron "rotos unilateralmente" por Génova. "No hay justificación", se quejó.

El contexto es de enorme tensión entre los dos partidos, y con varias elecciones a la vista

2023 puede alumbrar, en sus últimas horas de vida, el primer pacto de PSOE y PP de esta legislatura. Puede ser el preludio del desbloqueo del CGPJ o bien un acuerdo puntual. 2024 dará la respuesta, pero parece difícil pensar que, en un clima tan dominado por el enfrentamiento y por el protagonismo de la ley de amnistía, con hasta (por el momento) tres convocatorias electorales sucesivas, Gobierno y Génova encuentren el modo de bajar las armas. Siquiera por unos días.