El Gobierno sabía que esta legislatura sería mucho más compleja, que el Congreso se convertiría en un potro de tortura permanente, que la producción legislativa forzosamente sería menor, pero incluso este punto le inquietaba relativamente porque, como ya defendió el propio Pedro Sánchez en campaña, este cuatrienio sería el de la consolidación de las reformas aprobadas. Pero quizá no contaba con que la primera gran prueba parlamentaria, el primer gran riesgo, estaba a la vuelta de la esquina, apenas mes y medio después de la investidura —con las vacaciones de Navidad de por medio—, en el arranque de 2024. Y es que ahora mismo peligra la convalidación en la Cámara baja de tres reales decretos leyes aprobados por el Ejecutivo en diciembre, dos de ellos de carácter económico, y que se votan este miércoles, 10 de enero. Si la coalición de PSOE y Sumar no logra los apoyos necesarios, y ahí es clave que Junts salga de su anunciado y repetido voto en contra, tropezará con una derrota parlamentaria muy severa que puede poner en duda la viabilidad de la legislatura. Por ahora, nada está hecho pero, como insisten desde la cúpula socialista y desde la Moncloa, “nada está perdido”. Es decir, la negociación seguirá hasta el final, hasta prácticamente la votación.

Enero es un mes inhábil en las Cortes, pero este 2024 la actividad arranca muy pronto. Y lo hace físicamente en el Senado, porque el Congreso está en obras, así que los diputados se trasladarán a la plaza de la Marina —donde se ubica la Cámara alta— para asistir a un pleno previsiblemente largo en el que se discutirán y votarán los tres reales decretos leyes pendientes de convalidación y las enmiendas de totalidad de PP y Vox a la ley de amnistía. Además, el Gobierno informará del techo de gasto y someterá a votación del Congreso la senda de déficit, paso previo a la aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2024.

El primer decreto afecta a la mejora del subsidio de desempleo; el segundo aborda la eficiencia procesal y digital de la Justicia y el tercero contiene el nuevo paquete de medidas anticrisis

Lo que sigue ahora mismo en el aire son los tres decretos leyes, los primeros aprobados por el nuevo Gobierno de Sánchez. Dos fueron acordados por el Consejo de Ministros el pasado 19 de diciembre. Uno abordó la reforma del subsidio de desempleo —sube a 570 euros al mes en el primer semestre, en el segundo baja a 540 euros y el resto se mantiene en 480 euros—. El otro es el llamado decreto ómnibus, un macrodecreto de 187 páginas que integra los proyectos de ley de eficiencia digital y eficiencia procesal de la Justicia que comenzaron a tramitarse en la pasada legislatura y que decayeron por el anticipo electoral. El Gobierno tuvo que aprobarlo a toda prisa antes de que acabara el año porque de su impulso depende la liberación, por parte de la Comisión Europea, de un tramo de 10.000 millones de euros de los fondos de recuperación. El tercer y último decreto ley fue lanzado el 27 de diciembre, en el último Consejo de Ministros del año, y se trata del nuevo paquete anticrisis, de respuesta a la guerra de Ucrania y a la crisis inflacionaria. Contiene desde la extensión de la bajada del IVA de los alimentos de primera necesidad hasta la gratuidad del transporte público o la subida progresiva de los impuestos de la factura eléctrica. Si alguno o los tres decretos no son convalidados el miércoles por el Congreso, dejarían de estar automáticamente en vigor. Quedarían derogados.

Contra los “decretos macedonia”

Junts, cuyos siete votos son imprescindibles para el Ejecutivo, puso primero pegas al decreto ómnibus. Para los posconvergentes, el decreto sobre la transformación digital de la Justicia puede “poner en riesgo” la aplicación de la ley de amnistía que está ahora mismo tramitándose en el Congreso. La razón es el artículo 43 bis que se ha incluido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Lo que dice ese precepto es que cuando un magistrado plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) entonces se suspenden todas las actuaciones previstas hasta que se pronuncie la Justicia europea, y contra esa decisión del juez no cabe recurso. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha repetido en numerosas ocasiones que ese nuevo artículo no supone “ningún cambio” respecto a lo que ya ocurre ahora mismo, de modo que lo “único” que hace el decreto ley del Ejecutivo es incorporar una “jurisprudencia absolutamente pacífica” tanto de la Justicia europea como del Supremo, cumpliendo así un “compromiso de España con la Comisión Europea”.

Turull insiste en que a día de hoy su formación dará "un 'no' como una casa" al 'decreto ómnibus' y advierte de que las cosas han de funcionar de otro modo entre el Gobierno y ellos

Pero Junts también rechaza los otros dos decretos porque contemplan traspasos de servicios sin recursos extra para la Generalitat y por “invasión competencial”. Además, la formación de Carles Puigdemont, a través de su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ha advertido contra el hábito del Ejecutivo de aprobar “decretos macedonia” que regulan materias muy distintas “e inconexas” que dificultan el posicionamiento político.

Es cierto que PNV, Bildu o ERC, partidos igualmente socios del Gobierno, no han desvelado su sentido del voto. Pero ha sido Junts el que ha confirmado, al menos por ahora, su rotundo no. Lo hizo el viernes y lo ratificó este domingo, en una entrevista en El Nacional, Jordi Turull, secretario general de los posconvergentes. “Este decreto [el ómnibus] ahora no tiene nuestro apoyo de ninguna de las maneras. No solo por este artículo [el 43 bis], sino por muchas otras cosas. Tal como está, nuestra votación en el Congreso es un no como una casa”, aseguraba Turull.

Pero, en la misma entrevista, el dirigente lanzaba severas advertencias al Ejecutivo, también de cara al futuro: “Les hemos dicho que las cosas han de funcionar de manera diferente a como han funcionado en los últimos cuatro años. Esto no va de que nosotros aprobamos estos y ellos deben votarlo: esto no funciona así. Ellos deben decidir cómo gestionan esta situación, si es negociando e incorporando nuestras aportaciones en los diferentes decretos, si aplazarlo o volver a redactar otros”.

En suma, que Junts quiere que el Gobierno negocie de manera muy diferente. Que ellos no son ERC, venía a expresar. De nuevo, la competición en el flanco independentista.

Reunión de Cerdán con Turull el jueves pasado

Bolaños ya ofreció tramitar el decreto ómnibus como proyecto de ley, para poder incorporar enmiendas. Pero eso no bastó para apaciguar a Junts. El jueves pasado, 4 de enero, Santos Cerdán, el secretario de Organización del PSOE y muñidor del acuerdo con Puigdemont, se reunió con Turull en Barcelona, pero no hubo cambio de postura. Y el viernes los posconvergentes anunciaron su rechazo a los tres decretos leyes.

El Ejecutivo no contempla retirar los decretos para evitar la derrota. Los contactos siguen: "Seguimos trabajando, y hasta el día 10 queda tiempo"

En la Moncloa anticipan que no retirarán los textos para evitar una votación adversa. “Ellos verán, perderán ellos más”, apuntan en el equipo directo de Sánchez, refiriéndose a los grupos y en particular a los de Puigdemont. “Ellos saben que no hay ningún cambio en relación con las cuestiones prejudiciales. Ninguno. El régimen es el mismo con real decreto ley que sin él. Pero es amenazar con todo”, observan. Desde el Gobierno se añade que no se puede eliminar ese punto del decreto, aunque se abriese a la incorporación de enmiendas, porque “la Comisión Europea exige llevar la jurisprudencia y usos del TJUE a la legislación nacional”.

La salida que señala el Ejecutivo, cuando quedan tres días para la votación por el Congreso —pero desde la sede del Senado—, es la de agotarán el margen de negociación. “Esperemos que entren en razón. Seguimos trabajando, y hasta el día 10 queda tiempo”, insisten a este periódico en la Moncloa.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, durante su comparecencia del pasado 21 de diciembre de 2023 en el Congreso, para informar de los retos de su departamento en esta legislatura. EUROPA PRESS / JESÚS HELLÍN

Por ahora, los destinatarios de los contactos son los socios de investidura. Pero, si Junts no se mueve del no, la única salvación posible para el Gobierno tendría que venir desde el PP. Pero el Ejecutivo dice no esperar “nada” de Alberto Núñez Feijóo. Los populares ya han avisado de que no apoyarán el decreto anticrisis del 27 de diciembre porque no incluye rebajas del IVA de la carne y el pescado y contempla la subida progresiva de los impuestos de la factura eléctrica. Génova adelanta que Sánchez no puede contar con el PP “cuando le fallen sus socios”, informa EFE. El PP no se opuso en la pasada legislatura a la tramitación de los proyectos de agilización y transformación digital de la Justicia, pero la situación hoy día es de tensión máxima, y más aún con unas elecciones, las gallegas del 18 de febrero, a escasamente mes y medio a la vista.

Si el PP no se mueve del 'no', valdría con la abstención de Junts, ya que CC sí tiene previsto apoyar los tres decretos

”En un país normal, [los populares] tendrían difícil votar en contra del cumplimiento de compromisos europeos o de ayudas como bajar la factura de la luz o hacer gratuito el transporte público, pero aquí…”, resoplan fuentes del Ejecutivo, en conversación con El Independiente.

Si el PP se queda en el no, el Gobierno necesita al menos la abstención de Junts. Solo la abstención porque la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, sí apoyará la convalidación de los tres decretos leyes, según confirmaron a este diario desde la formación nacionalista. Así, dando por hecho el respaldo de las fuerzas que componen la coalición (PSOE y Sumar) y de los demás socios de investidura (ERC, Bildu, Podemos, PNV, BNG y CC), se contabilizarían 172 síes por los 171 noes (PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro) de la oposición. De ahí que en ese escenario bastara la abstención de los siete parlamentarios de Junts.

La rivalidad de Podemos con Sumar

Pero a la ya endiablada aritmética de esta legislatura se agregó este domingo otro obstáculo. Podemos anunció que estudia rechazar el decreto ley de reforma del subsidio de desempleo —responsabilidad de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz—, porque considera que se queda corto. Los morados reclaman al Ejecutivo que “elimine los recortes en las pensiones de jubilación que implica la reforma del subsidio para mayores de 52 años. La formación de la exministra Ione Belarra considera “de la máxima gravedad” la decisión del Ejecutivo de “reducir la base de cotización para estos perceptores” de la ayuda, porque se traduce en un “fuerte recorte de sus futuras pensiones de jubilación”. Y ponen un ejemplo: un trabajador de 52 años que hubiera percibido el salario medio y cobrara el subsidio hasta su retiro recibiría 162 euros al menos menos de pensión, o sea, un tijeretazo de 2.268 euros al año. El recorte figura en la disposición transitoria tercera del decreto ley, “sobre el que ya han alertado sindicatos y colectivos de pensionistas como Coespe”, concluyen los morados.

En Ferraz, igual que en la Moncloa, quieren proyectar calma y recuerdan que también se hablaba de inestabilidad la pasada legislatura, y "se equivocaron". La receta ahora, dicen, es la misma que antes: "El diálogo"

En Ferraz, igual que en la Moncloa, también quieren proyectar calma y no ven nada nuevo bajo el sol. Subrayan que estas votaciones al límite ya fueron corrientes la legislatura pasada, y el Gobierno de Sánchez aguantó casi cuatro años. “Tenemos costumbre, ganas y creemos en el diálogo. Por eso los que aventuraban que la legislatura pasada duraría poco se equivocaron. Así que se abre nueva ronda de apuestas, pero se volverán a equivocar. Solo hay un cambio que ya está demostrado que funciona: el diálogo”, señalan en el cuartel general de los socialistas.

La triple votación del miércoles, por tanto, pende de un hilo. Tres días pueden dar para mucho. Pueden provocar virajes en posiciones que hoy se anuncian inamovibles o bien confirmar que los avisos (en este caso, los de Junts) van muy en serio. Pero si el Gobierno sale derrotado en su primer pleno importante tras la investidura, quedará muy magullado. Y la advertencia sobre la inestabilidad de la legislatura y la enorme precariedad de los apoyos del presidente, más que hecha.