En el Gobierno y en el PSOE se dicen confiados. Creen que al final la negociación surtirá efecto y que sus tres reales decretos leyes, los primeros de la legislatura, quedarán a salvo. Pero el tiempo se agota, la votación se aproxima —ya restan poco más de 24 horas— y nada es seguro aún. ERC, Bildu, PNV y también Coalición Canaria han confirmado su voto a favor de los tres textos. Pero los números no le dan al Ejecutivo si Junts y sus siete diputados se mantienen en el no. Y es ahí donde se han atrincherado. La Moncloa ha abierto asimismo un canal de comunicación con el PP, pero esa vía parece, por ahora, intransitable a ojos de los socialistas. Prácticamente todos los esfuerzos se vuelcan en convencer a los posconvergentes. Sin embargo, el riesgo de descarrilamiento existe y eso explica que ya Ferraz vaya preparando el discurso por si el Congreso tumba este miércoles sus tres normas: serán los grupos que voten en contra los que tengan que explicar por qué se oponen a la revalorización de las pensiones, la prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos básicos, las bonificaciones al transporte público o la subida progresiva de los impuestos de la electricidad y del gas.

Hasta ahora, sin embargo, el diálogo con Junts ha sido infructuoso. Es más, el partido independentista exige, y así lo verbalizó su vicepresidente y portavoz, Josep Rius, que el Gobierno retire sus tres primeros decretos leyes "y los vuelva a presentar, negociados y acordados" con ellos, de manera "individualizada para cada ámbito temático". De lo contrario, los siete parlamentarios independentistas votarán el miércoles "en contra" de los tres textos, "aprobados deprisa y corriendo" por el Ejecutivo "sin haber cerrado un acuerdo con Junts".

Para Junts, los decretos "agravan la infrafinanciación" de Cataluña, suponen un "recorte de competencias de la Generalitat" y "ponen en peligro la amnistía"

La formación de Carles Puigdemont quiere dejar claro que no opera como ERC y que no funciona como un seguro de vida para PSOE y Sumar. "En esta legislatura no funcionará el a cambio de nada", decía este lunes Rius, "Junts no ha firmado un acuerdo de legislatura. Solo habrá estabilidad si hay avances en el ámbito nacional y en el ámbito social". Para los posconvergentes, los decretos "agravan la infrafinanciación" de Cataluña, suponen "un recorte de competencias de la Generalitat" y "ponen en peligro la aplicación de la ley de amnistía".

El Ejecutivo se abre a tramitar como proyectos de ley los tres decretos. Es decir, que acepta que se puedan incorporar enmiendas de los grupos. No tanto para quitar algunos puntos —menos aún los comprometidos con Bruselas—, sino para agregar otros. Lo aseguraba a primera hora de este lunes la número dos del Gobierno y del PSOE, María Jesús Montero, en La hora de La 1 de TVE: los socialistas están "intentando ver si hay otras materias, otras cuestiones que a ellos [a Junts] les pueda resultar de interés". Se trata de "explorar el perímetro" para ver si así cuaja el acuerdo. La vicepresidenta primera no adelantó qué ofrecerá el Gabinete para aproximar posturas, aunque desde Ferraz señalaban que lo lógico es que se discuta sobre "cosas del comer". O sea, sobre demandas que tengan conexión con las materias que abordan los tres macrodecretos, y no sobre otros asuntos —como la financiación de Cataluña o su reconocimiento nacional— que ya se discuten en la mesa de partidos (y con participación del mediador extranjero).

"Hasta el último minuto"

Públicamente tampoco quiso dar más detalles Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y negociador jefe con los posconvergentes. Se negociará "hasta el último minuto" con Junts y con el resto de fuerzas para salvar los textos. Es decir, que tela queda por cortar. Sobre todo con los de Puigdemont: "Vamos a seguir hablando con Junts hasta el miércoles. Se tendrán que poner encima de la mesa otras cosas que ellos quieran. Si alguna de esas cosas que ponen encima de la mesa las aceptamos, las haremos públicas".

Los textos amplían el subsidio de desempleo, prorrogan parte del escudo anticrisis y abordan la eficiencia procesal y digital de la Justicia

Los decretos leyes que se someten a la convalidación del Congreso este miércoles —en un pleno que se celebrará físicamente en la sede del Senado, ya que el hemiciclo de la Cámara baja está en obras— son tres grandes contenedores. Uno reforma y mejora el subsidio de desempleo (se eleva a 570 euros la ayuda durante los seis primeros meses). El segundo texto, aprobado en el último Consejo de Ministros de 2023, prorroga parte de las medidas de control de la inflación como respuesta a la guerra de Ucrania —desde la extensión de la rebaja del IVA de los alimentos de primera necesidad, la bonificación del transporte público, la subida, aunque gradual, de los impuestos de la luz y del gas, o la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables—.

El último es el llamado decreto ómnibus. En él, además de abordar la eficiencia procesal y digital de la Justicia, se introduce un nuevo artículo 43 bis en la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que cuando un magistrado plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la causa se paralice de inmediato hasta que este órgano se pronuncie y diga si casa con el derecho comunitario. Junts entiende que este punto puede poner "en peligro" la ley de amnistía. El Gobierno alega que no cambia nada respecto a lo que ya ocurría, porque la jurisprudencia está muy asentada y siempre ocurre —y así lo lee también ERC— que cuando se eleva una cuestión prejudicial las actuaciones se detienen hasta que haya una respuesta.

Así que lo que hace el decreto, insiste el Ejecutivo, es llevar a la legislación española lo que sucede en la práctica y lo que exige Bruselas, y por eso no está dispuesto a cambiarlo. Así lo volvió a certificar Cerdán. De la convalidación del decreto ómnibus depende la liberación, por parte de la Comisión Europea, del cuarto desembolso del plan de recuperación, por valor de 10.021 millones de euros. Hacienda solicitó ese cuarto desembolso el pasado 20 de diciembre, justo después de que el Consejo de Ministros aprobara este macrodecreto de 187 páginas.

El acuerdo de PSOE y Junts ya apuntaba la necesidad de un "plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas" que se fueron por el 'procés'

Rius explicó en rueda de prensa que aunque comparten buena parte de las medidas incluidas en los tres textos, pidió un decreto por cada temática negociados previamente con ellos: Justicia, régimen local, función pública, mecenazgo, ámbito laboral y reforma de la ley de sociedades de capital. Según publica La Vanguardia en su edición de este martes, los de Puigdemont condicionan su voto a que se multe a las empresas que no vuelvan a Cataluña. Fuentes próximas a Pedro Sánchez confirman a este diario que se están "buscando fórmulas eficaces para el retorno" de las compañías que se marcharon con el procés, pero no a través de sanciones. El acuerdo del PSOE con Junts, firmado el pasado noviembre, los dos partidos se comprometían a abordar "los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años".

El 'sí' de Coalición Canaria está garantizado

La confianza en que Junts acabará cediendo está extendida en el equipo de Sánchez. En las alturas de Ferraz dicen ser conscientes de que tendrán que cambiar las formas de negociación para tener más en cuenta a los socios, pero que también en este caso operaba la "urgencia", porque había que alumbrar el decreto ómnibus para poder pedir ese cuarto tramo de los fondos europeos. "En Junts están en proceso de construcción de su estrategia. Se engrasará", señala un dirigente con hilo directo con el presidente, convencido de que los posconvergentes apoyarán los tres decretos leyes. En realidad, y si el diputado del BNG confirma su aval, bastaría con la abstención de los de Puigdemont, ya que el respaldo garantizado de Coalición Canaria hace que los teóricos síes (172) sean más que los noes (171). Siempre y cuando Podemos se aliste en los grupos que apoyen al Ejecutivo, cosa que sigue sin estar clara.

El PNV apoyará los tres decretos, según confirma Ortuzar, por "responsabilidad", pero avisa al Gobierno de que no puede legislar a golpe de decreto ley

No obstante, pese a que la duda descansa ahora mismo en Junts, el Gobierno ha recibido avisos del resto de sus socios. ERC y Bildu pedirán que se tramiten como proyecto de ley los decretos que se someten a votación este miércoles para introducir "mejoras" y el PNV avisó al Ejecutivo de que debe aparcar la vía de los decretos leyes, una vía rápida y más cómoda de tramitación pero que ahorra debate. "Nuestra vocación —señaló el presidente del partido, Andoni Ortuzar, en 24 horas de RNE— es votar a favor de los tres decretos, por responsabilidad. Pero el Gobierno de Sánchez debe volver a la senda de la normalidad y no seguir, como en la pasada legislatura, utilizando una figura tan extraordinaria como el decreto ley. Es un error".

El plan b, el camino con el PP, no es realmente una opción —al menos por ahora— para los socialistas. Contactos sí que ha habido. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, llamó en la tarde del domingo y en la mañana del lunes a la número dos del PP, Cuca Gamarra, y también la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, telefoneó al portavoz y vicesecretario de Cultura de los conservadores, Borja Sémper. Los dos dirigentes populares se reafirmaron en la decisión del partido de votar en contra de los tres decretos. "El Gobierno llamó para para pedir, no para ofrecer, y el principal partido de España no socorrerá a Pedro Sánchez en caso de que sus socios le fallen pasado mañana [por este miércoles]".

Bolaños llamó a Gamarra, y Díaz, a Sémper. El PP se reafirmó en su 'no'

Génova solo se abre a una abstención en el real decreto ley de medidas anticrisis siempre que el Ejecutivo acepte tres condiciones: deflactar la tarifa del IRPF a las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros; bajar el IVA a la carne, al pescado y a las conservas, y reconsiderar la subida del IVA de la luz y del gas, especialmente a las rentas más bajas. "Si no es para adquirir este compromiso, pueden ahorrarse nuevas llamadas para solicitar nuestro apoyo", concluyeron fuentes del PP.

En Ferraz valoraban que al menos las demandas de los conservadores quedaban dentro del perímetro de los decretos, pero advertían de que resulta poco viable pedir, como también hace Bruselas, una reducción del déficit y del gasto y al mismo tiempo pedir más bajadas de impuestos sin aumentar los ingresos o sin explicitar de dónde habría que recortar.

No se debería perjudicar a un partido votando en contra de la ciudadanía", señala Cerdán

Cerdán hilvanó un discurso que es el que disparará el PSOE en caso de que su estrategia fracase y no logra convencer a Junts ni ablandar al PP. Recordó que los decretos recogen medidas como la mejora de los servicios públicos, la ampliación de la ayuda a desempleados para nuevos colectivos, la subida de las pensiones un 3,8% o la gratuidad de los trenes de media distancia para usuarios recurrentes. "Los socialistas estamos en política para mejorarle la vida a la gente y hacer que el país avance —defendió el número tres—. Cabe preguntarse para qué están en política" aquellas fuerzas que ponen en riesgo estas propuestas. "No se debería tratar de perjudicar a un partido votando en contra de la ciudadanía", insistió Cerdán, reclamando a la oposición que sea responsable aunque discrepe, porque sabe que "estas medidas son necesarias y buenas para la gente de nuestro país". A Alberto Núñez Feijóo le replicó que no se trata de "rescatar a Sánchez", porque "el beneficiado de estas medidas" no es el presidente del Gobierno, "sino la ciudadanía".