La negociación del Gobierno con sus socios para sacar adelante sus tres reales decretos leyes, los primeros de esta legislatura, continúa. Y eso explica que mida todas y cada una de sus palabras, sobre todo para no indisponer al grupo de quien depende que los tres textos sean convalidados: Junts. Los posconvergentes ya han aclarado qué piden a cambio de cambiar de posición y pasar del no al sí: poner incentivos fiscales a las empresas que quieran volver a Cataluña y sancionar a aquellas que no deseen regresar. El Ejecutivo, a 24 horas de la votación de los decretos, se limita a recalcar que “siempre” ha respetado y respetará la “seguridad jurídica” de las empresas. La Moncloa evitaba así rechazar la propuesta de la formación de Carles Puigdemont, pero tampoco le acababa de dar cobertura. No obstante, los socialistas sí deslizaron que las multas no pueden ser contempladas, así que la duda es si los incentivos son viables.

Hasta en cuatro ocasiones se enfrentó la ministra portavoz, Pilar Alegría, a una misma pregunta: si el Gobierno acepta o rechaza la condición puesta sobre la mesa por Junts. Pero no hubo ninguna respuesta diáfana. Deliberadamente. Y la razón, explicaban posteriormente fuentes de la Moncloa, es que se está aún negociando con Junts, así que toda “prudencia” es poca. El Ejecutivo necesita al menos la abstención de los siete diputados posconvergentes —o del PP— para que las tres normas no decaigan, ya que Coalición Canaria ha garantizado su apoyo, siempre y cuando el resto de socios, incluido Podemos, se mantengan en el sí.

Alegría incide en que la clave está en la "importancia" del contenido de los decretos, que afectan a millones de ciudadanos

Alegría insistió en que se está trabajando y hablando “con todos los grupos” y en que el Gobierno confía en poder aprobar los tres decretos. E incidió en que la clave está en la “importancia” del contenido, dado que afecta a millones de ciudadanos. Y tras recordar cuáles son las principales medidas que contienen —desde la revalorización de las pensiones, de media más de 52 euros al mes, a la bonificación del transporte o la extensión de la bajada del IVA a los alimentos de primera necesidad—, entró en materia lacónicamente: “Si algo caracteriza al Gobierno es que siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas”.

A partir de ahí, Alegría no se salió de esa aseveración, por mucho que se le preguntara. Tampoco se explayó Carlos Cuerpo, nuevo responsable de Economía, Comercio y Empresa —este martes debutaba en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: relevó a Nadia Calviño el pasado 29 de diciembre—, que estaba a su izquierda. La “estabilidad del marco jurídico” es un elemento “fundamental” para el Gobierno, una pieza “clave”, dijo, para “garantizar” el crecimiento económico. La “confianza institucional en un marco jurídico estable permite mantener una elevada confianza en el sector empresarial y un crecimiento sostenido”, sostuvo. La portavoz hizo suyas las palabras de su compañero y remarcó que la “seguridad jurídica” es un “sello” del Ejecutivo y de hecho eso forma parte de su “hemeroteca”. Otra vez Cuerpo: “El compromiso del Gobierno es garantizar un marco jurídico de confianza y que dé seguridad a las empresas. Nos van a encontrar ahí y esto no es una excepción”.

“Hasta el rabo todo es toro. No hay ‘planes b”

Fuentes de la Moncloa explicaban que no podían ser más precisos porque la negociación con Junts sigue en marcha y “lo importante” es que los tres textos —la reforma del subsidio de desempleo, la prórroga parcial del paquete anticrisis y el decreto ómnibus— salgan adelante mañana miércoles en el Congreso. Y para ello el Ejecutivo trabajará “hasta el último minuto”. “Hasta el rabo todo es toro. No hay planes b. Estos se ponen en marcha una vez que se conozca la resolución. Pero ahora mismo hay solo un plan, el plan a”. La “prudencia” buscada de Alegría en su respuesta a los periodistas obedecía, añadía, al “respeto a las negociaciones”.

En esos parámetros estamos hablando con Junts, para facilitar esa vuelta de las empresas", señala Patxi López

El portavoz parlamentario socialista, Patxi López, sí fue algo más explícito en rueda de prensa en el Congreso: en su negociación con Junts defienden tres “asientos” fundamentales. Uno, “facilitar” que las empresas vuelvan a Cataluña, y es que ese compromiso ya figuraba, de hecho, en el acuerdo de investidura firmado con los posconvergentes. Dos, el cumplimiento de la ley de sociedades de capital —su artículo 9 dice que las empresas “fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación”—. Y tres, “garantizar la seguridad jurídica”. “En esos parámetros estamos hablando con Junts, para facilitar esa vuelta de las empresas”, señaló López, informa EFE.

Por lo tanto, se puede colegir que el equipo de Pedro Sánchez se opone a sancionar a las empresas que no quieran regresar a Cataluña. En cambio, no descarta las ayudas, incentivar la vuelta de esas compañías que se fueron en pleno estallido del procés, en 2017, y cuya salida facilitó un decreto del Gobierno de Mariano Rajoy de ese año. Sin embargo, esa solución no sería del todo pacífica porque ERC la rechaza. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, mostró el rechazo del Ejecutivo de Pere Aragonès a los incentivos porque ello “penalizaría” a las compañías que no trasladaron su sede social fuera de Cataluña, informa EFE.

Las conversaciones se llevarán al límite con Junts. Y hasta podrían seguir durante el pleno de este miércoles, porque arranca a las 9 de la mañana —y se celebrará en el Senado, al estar el hemiciclo de la Cámara baja en obras— y no se espera la votación hasta avanzada la tarde. Lo que sí está claro es que el Ejecutivo no espera que el PP le socorra. Fuentes de la Moncloa indicaban que no aprecian en Alberto Núñez Feijóo “ninguna actitud negociadora” por las condiciones que impone, así que interpretan que su posición está “ya fijada”. El líder del PP anticipó a los barones de su partido este martes que no impedirá que los decretos del Gobierno decaigan si Sánchez no logra el apoyo de sus socios, y en concreto de Junts, pero si finalmente no se convalidan presentará iniciativas propias para salvar aquellas medidas que sí comparta.

En la Moncloa no aprecian "ninguna voluntad negociadora" en el PP: su posición, dicen, "está ya fijada"

“¿Tengo que entender que el no del PP es un capricho?”, se preguntó Alegría desde la Moncloa. Para la portavoz, es “muy difícil” comprender que los populares voten en contra de los decretos y luego busquen rescatar algunas medidas si estas decaen. Medidas, resaltó, “absolutamente fundamentales para muchos millones de españoles”. La ministra reclamó a los conservadores que tengan un “comportamiento responsable, una actitud constructiva” si es que quieren “trabajar en beneficio de los ciudadanos”.