La noticia saltó este domingo a los medios de comunicación: Podemos amagaba con votar en contra de uno de los decretos que el Gobierno somete a convalidación este miércoles en un pleno parlamentario con carácter extraordinario. Los morados rechazan principalmente lo que entienden como recorte de la prestación por jubilación para los mayores de 52 años que el Ejecutivo aprobó el pasado 19 de diciembre. Este anuncio se unía al realizado poco antes por Junts de rechazar un segundo decreto por entender que dificultará, a futuro, la aplicación de la ley de Amnistía por la que se van a perdonar los delitos contra la Constitución y de malversación de fondos a los líderes del procés independentista.

En Moncloa se encendieron las luces de alarma hasta el punto de que el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se puso en contacto con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con el portavoz del PP, Borja Sémper, para ver si podían salvar los decretos con el apoyo del primer partido de la oposición. Pero en Podemos niegan la mayor, esto es, que Moncloa no estuviera informada. "Le transmitimos al Gobierno hace días, antes de este fin de semana, que estábamos en desacuerdo con la disposición transitoria tercera de ese decreto". En definitiva, el Ejecutivo lo sabía", según explican fuentes moradas a El Independiente.

No quieren concretar quiénes fueron los interlocutores ni de un lado ni de otro, aunque la líder de Podemos, Ione Belarra, mantiene interlocución directa con Félix Bolaños. Fue precisamente a él a quien adelantó la noticia de que los cinco diputados morados dejaban el Grupo Plurinacional de Sumar para irse al Mixto, donde iban a conseguir mayor visibilidad y mejores medios para su desempeño parlamentario sin tener intención de hacer peligrar el Ejecutivo de coalición.

Podemos se ha dirigido al PSOE, no a Sumar

Podemos no quiere confirmar si se han mantenido contactos con Sumar, pero desde el Ministerio de Trabajo aseguran que ésos se han producido "desde la secretaría de Estado de Trabajo". El equipo de Joaquín Pérez Rey "ha tenido varias conversaciones con Podemos" así como con el resto de los Grupos Parlamentarios "como es normal" ante un trámite de este tipo en el que no sobra un solo voto.

En Podemos explican que tienen una posición de "mano tendida" hacia un texto que, consideran, "tiene partes buenas pero otras no tanto. Hay que eliminar esa disposición para votar a favor" del decerto este miércoles. Así, "hemos emplazado al PSOE (nada dicen de Sumar), pero negociación como tal de reunirse y sentarse no se ha producido". En todo caso, subrayan, "no lo damos por perdido y hasta el miércoles hay plazo".

Podemos ya advirtió con su marcha al Grupo Mixto, que si bien se consideraban parte de la mayoría de investidura para sostener a Pedro Sánchez, el voto de sus cinco diputados también tendría que negociarse del mismo modo que se hace con ERC, EH-Bildu o el PNV. Esta es, pues, la primera prueba de fuego para la coalición gubernamental en una cuestión, además, que compete a las responsabilidades de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y le permiten a la formación de Belarra marcar perfil propio.

La tensión, al menos, hasta las europeas

Las maltrechas relaciones auguran un arranque de legislatura muy complejo sobre todo para las áreas de Sumar y lo de este miércoles no es más que el comienzo de una estrategia de confrontación, de lucha por unas medidas más a la izquierda, al menos hasta las elecciones europeas, con la presentación de Irene Montero como cabeza de lista.

La disposición transitoria tercera del decreto ley que Podemos no acepta -referido a la la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo- señala que durante la percepción del subsidio para trabajadores mayores de 52 años, la entidad gestora cotizará por la contingencia de jubilación, tomando como bases de cotización un porcentaje descendente, que va desde el 120 por ciento de la base mínima de cotización durante el ejercicio 2024 al 105 por ciento en 2027.

Los morados entienden que conforme baja la cotización bajará la pensión que acaben recibiendo, algo que niegan en Trabajo. Lo cierto es que la posición de Podemos coincide con la que han venido defendiendo los sindicatos, aunque éstos no quieren que el decreto se ponga en peligro. Además este partido ha mantenido reuniones con colectivos afectados, por lo que aseguran, su posición era de sobra conocida.

"No se le puede rebajar la pensión a la gente que peor lo pasa. No podemos estar de acuerdo. Es como caminar en dirección contraria a lo que fue la pasada legislatura", aducen las mismas fuentes en la línea de reivindicar como propias las principales medidas sociales del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. La clave, en todo caso, está en si desde el Ministerio de Trabajo se han dirigido a Podemos para superar esta discrepancia que afecta a un decreto mucho más amplio.