Los números siguen sin salirle al Gobierno. Y no está claro que le acaben saliendo al final. Pero el Ejecutivo está convencido de que sí, de que como en tantas otras ocasiones en las que caminó sobre el alambre, logrará superar la prueba. Que conseguirá salvar in extremis sus primeros tres reales decretos leyes de este mandato, en una sesión que será la primera prueba parlamentaria desde la investidura, la que demostrará la viabilidad y estabilidad de la propia legislatura. La Moncloa sabe que se juega mucho pero también está comprobando que Junts quiere hacerle sufrir, hacer ver que la suerte de Pedro Sánchez depende de sus siete diputados, evidenciar que el botón lo controla Carles Puigdemont desde Bélgica.

El pleno del Congreso, el primero del año, arranca a las nueve de la mañana (y en la sede del Senado, dado que el hemiciclo de la Cámara baja está en obras). Y a escasas horas de que vote la convalidación o derogación de los tres decretos leyes —la reforma del subsidio de desempleo, el decreto ómnibus de medidas de eficiencia procesal y transformación digital de la Justicia y el último paquete anticrisis contra la inflación—, la incertidumbre es total. Los posconvergentes se mantenían en la noche del martes en su no absoluto a los tres textos. Y Podemos también seguía defendiendo su voto en contra de la mejora del subsidio de paro si no se le garantizan cambios posteriores en su redacción, y pedía medidas adicionales en el control de los alquileres y de los precios de los alimentos para prestar apoyo a su decreto anticrisis. Aún hay cierto margen porque la votación empezará avanzada la tarde: se calcula que a partir de las 19 horas.

El diálogo con el PP se da por cerrado: el Gobierno no aprecia "actitud negociadora" en los populares, y más tras escuchar a Feijóo. Pero lo cierto es que no buscó activamente su 'sí'

Sobre la mesa, ahora mismo, lo que hay es un doble no de los socios de la coalición. El más perturbador para la estabilidad para el Gobierno, para la legislatura, es obviamente Junts. El resto de aliados de investidura no son un obstáculo para Sánchez: ERC, EH Bildu, PNV y Coalición Canaria apoyarán los tres decretos, y el diputado del BNG anuncia este mismo miércoles el sentido de su voto, aunque su predisposición, dicen en su entorno a este diario, es "positiva". Si Podemos pasa al sí en el decreto de subsidio de desempleo, bastaría la abstención de los posconvergentes. O la del PP, aunque el Ejecutivo no tiene ninguna esperanza en la bancada conservadora. No aprecia "ninguna actitud negociadora", y más después de que Alberto Núñez Feijóo asegurara ayer martes que no impedirá que decaigan los tres textos si los aliados de Sánchez fallan, pero que presentará iniciativas para salvar aquellas medidas que su partido sí ve bien.

Los socialistas siempre tuvieron claro que la llave de la triple votación de este 10 de enero la tenía Junts. Solo ellos. Aunque tendieron contactos, casi de cortesía, con el PP —el ministro Félix Bolaños llamó el domingo y el lunes a la número dos de Feijóo, Cuca Gamarra, igual que la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, telefoneó al portavoz de los conservadores, Borja Sémper—, sabían que ahí no había camino. Ni lo buscaron. El Ejecutivo pidió a los populares su apoyo a los decretos, pero no entraron en la negociación, en la oferta de contraprestaciones.

La salvación solo podía venir, pues, de Junts. Los posconvergentes enseñaron en las últimas horas sus cartas. Josep Rius, vicepresidente del partido y portavoz, reconoció en la SER y en TVE que su demanda es que haya incentivos fiscales para las empresas que quieran volver a Cataluña y que "aquellas que no lo hagan sean sancionadas". Una salida que rechaza ERC, el partido que controla el Govern: conceder ayudas a las compañías que huyeron del procés, aseguró la portavoz de Pere Aragonès, "penalizaría" a las que se quedaron en la comunidad.

El "sello" del Gobierno: la "seguridad jurídica"

La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, no fue clara en sus respuestas a los periodistas en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros del año. Se aferró una y otra vez al argumento de que el Gobierno "siempre" ha garantizado la "seguridad jurídica" de las empresas, y que ese es un "sello" clarísimo del Gabinete de Sánchez. Ni ella ni su compañero Carlos Cuerpo, nuevo titular de Economía, detallaron si aceptaban total o parcialmente la demanda de los de Puigdemont.

El Ejecutivo evitó rechazar o descalificar la propuesta de Junts: se aferró a la "seguridad jurídica". López recuerda que ha de cumplirse la ley de sociedades de capital, y en especial su artículo 9

Desde luego, ambos evitaron descalificarla o rechazarla de plano. Pero, de sus escasas palabras y, sobre todo, de las respuestas del portavoz parlamentario socialista, Patxi López, se desprendía que el Gobierno sí se opone a multar a las empresas que no quieran regresar a Cataluña, y que en cambio sí ve más factible dar ayudas a aquellas que se marcharon en pleno huracán del procés y que ahora desean retornar. López admitió que se está hablando con los posconvergentes "facilitar" esa vuelta de las compañías, que debe cumplirse lo dispuesto en la ley de sociedades de capital, especialmente lo que indica el artículo 9, y que se garantice la "seguridad jurídica". "En esos parámetros estamos hablando con Junts, para facilitar esa vuelta de las empresas", sostuvo el portavoz socialista en el Congreso.

Ese artículo 9 señala que las compañías "fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación". No habla de comunidades autónomas o de provincias, porque el propósito es preservar la unidad de mercado.

Podemos, mientras, mantiene su rechazo al decreto ley impulsado por la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, porque la disposición transitoria tercera aplica, como dice el propio texto, "la reducción progresiva en la cotización a la jubilación del subsidio de mayores de 52 años hasta 2028 para quienes accedan a este subsidio a partir de la entrada en vigor de esta reforma". Es decir, que la norma consagra un "recorte" de la pensión para los mayores de 52 años que cobren esta ayuda.

Además, los morados dejan en el aire su apoyo al decreto anticrisis: reclaman limitar la subida de los alquileres al 2% tanto en contratos vigentes como nuevos, e imponer un tope del 2% al margen comercial de los grandes supermercados en productos alimentarios. La formación de la exministra Ione Belarra recalcaba anoche que no iba de farol y que su voto no está condicionado a que los de Puigdemont cedan. Se quejaban de que Trabajo se mantenía "cerrado", sin admitir cambios, y de que el PSOE no había terciado. Su amenaza seguía latente, por tanto. Pero los socialistas sí creen que sus antiguos socios del Ejecutivo sostienen su órdago por su pugna con Díaz y con Sumar, pero se mostraban seguros de que no llevarían su aviso hasta el final.

Los morados recalcan que no hay negociación con Trabajo y que el PSOE no ha intercedido

Junts era el principal muro. Y nada fácil, porque exige también que se retiren los tres decretos leyes para que se renegocie con ellos uno a uno, y por áreas temáticas. Los socialistas, sin embargo, se niegan a ese gesto, que sería entendido como una humillación. El secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, insistió el lunes desde la sede federal que los textos se someterán a votación, pase lo que pase, de modo que serán los grupos que voten no los que tengan que explicar por qué se oponen a medidas que benefician, reiteró ayer martes Alegría, a "millones de ciudadanos". Medidas como la revalorización de las pensiones, la extensión de la bajada del IVA de los alimentos básicos, la subida progresiva de los impuestos de la energía, la gratuidad de los trenes de Cercanías y media distancia para viajeros recurrentes, la bonificación de los billetes urbanos e interurbanos, la prórroga de la suspensión de los desahucios y de los impuestos a la banca, las energéticas y las grandes fortunas.

La siguiente gran prueba, los Presupuestos

A última hora de este martes, Junts y Podemos mantenían sus posiciones. "Si el Gobierno no entiende que hablar no es negociar, no creemos que haya movimientos", señalaban a este diario desde la cúpula posconvergente en Madrid. En el Ejecutivo, sin embargo, vencía el optimismo: "Vamos a trabajar hasta el último minuto, pero los decretos se van a aprobar. No hay planes b. Hasta el rabo todo es toro". En la Moncloa apuntaban también que no era relevante con qué apoyos se sacasen los textos: lo importante era evitar que fueran tumbados.

Solo en cinco ocasiones en democracia el Congreso ha tumbado decretos leyes de un Ejecutivo. La última vez, en 2020: fue el decreto de los remanentes de los ayuntamientos

Y es que no es nada frecuente que decaigan reales decretos leyes impulsados por el Gobierno. Solo ocurrió en cinco ocasiones desde 1979. Una, en 1979, con la UCD en la Moncloa. La segunda, en 2006, bajo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, y fue por error. La tercera, ya en marzo de 2017, ocurrió con Mariano Rajoy en el poder, y por la estiba. La cuarta, en enero de 2019, en la primera legislatura de Sánchez, por la vivienda, aunque el Ejecutivo reformuló el texto y logró el respaldo de la Cámara en abril de ese año. La quinta y última ocasión, en septiembre de 2020, cuando la todavía ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vio derrotado su decreto sobre los remanentes de tesorería de los ayuntamientos.

Si el Gobierno no logra trenzar los apoyos necesarios, sufrirá una derrota parlamentaria no vista por tanto en democracia hasta ahora. Serían tres golpes consecutivos e infligidos en el arranque de legislatura. Una mancha no irreparable —sería mucho más problemático que le fueran devueltos los Presupuestos Generales del Estado, que será la siguiente prueba clave y decisiva—, pero que dejaría al descubierto la debilidad del Ejecutivo y cuestionaría su estabilidad. No ese el escenario que prevén los socialistas, que recuerdan que también sufrieron por votaciones en la pasada legislatura y al final lograron sacar adelante más de 200 leyes. Lo que sí está ya claro es que el Gobierno, para sobrevivir deberá esquivar todo lo posible una intensa producción legislativa por su dificultad para construir mayorías. Y lo que también tienen claro en Ferraz es que deberán aprender a negociar de otro modo y aplicar otras formas, como les reclaman sus socios, para no vivir siempre al filo de la navaja.