El juez del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha incoado diligencias previas en el 'caso Herrero Brigantina'. Será la Fiscalía quien redacte un informe antes de que el juez asuma o no las competencias de la causa.
El magistrado había rechazado la inhibición de un juzgado de Salamanca, donde se recibió una primera denincia, para que fuese la Audiencia Nacional la encargada de llevar el caso. Antes de dar el siguiente paso, Pedraz ha pedido al Ministerio Fiscal que haga una serie de indagaciones ya que, aunque lo denunciado "hace presumir la psoble existencia de una infracción penal", la naturaleza y circunstancias "no están determinadas", según una resolución a la que ha tenido acceso El Independiente.
El caso empezó en un juzgado de Salamanca a raíz de una denuncia de trabajadores del conglomerado que ponían de manifiesto una serie de irregularidades. Pero el abojado José Luis Ortiz, impulsor de los escritos en la AN, ha presentado varias denuncias en las que representa a centenares de víctimas de toda España, por lo que consideraba que es la Audiencia Nacional la competente, como finalmente ha sido.
La denuncia ha sido presentada por los delitos de estafa, alzamiento de bienres, evasión de capitales, organización criminal, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. El escrito va contra el fundador de Herrero Brigantina, Juan González Herrero, así como a las seis personas que conformaban el consejo de administración de las distintas compañías que formaban el grupo empresarial.
Rentabilidad del 50%
En esta causa se investiga si el grupo de empresas creado por Juan González habría creado un sistema de estafa piramidal. Para ello, comercializaba productos financieros con una rentabilidad altísima, en algunos casos del 50%. La tesis de la acusación es que el dinero de los nuevos clientes se utilizaba para pagar esos beneficios de los primeros usuarios. La investigación la lleva Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Todos estos productos de alta rentabilidad siempre contaban, en principio, con un riesgo bajo. Los comercializaban amparados bajo el paraguas de marcas de prestigio: Axa, Plus Ultra, Mapfre y Generali. Pero todo era mentira. Las aseguradoras se han desmarcado diciendo que utilizó sus logos sin permiso. Un ejemplo es el del producto Top25, que afirmaban que era de la primera de las aseguradoras mencionadas. La compañía ha negado que tuviese un producto similar.
Colombia y detención
Juan González, el fundador estaba desaparecido en Colombia junto a su mujer, Kelly Johann Galeano. A mitad de diciembre, volvió a Ponferrada, donde está la sede de Herrero Brigantina. Lo hacía para ver a la hija de su mujer, que está escolarizada en un colegio del municipio.
En el centro escolar, "un padre que invirtió 60.000 euros lo reconoció y llamó a la Policía". Los agentes le detuvieron en el momento. Tras prestar declaración, se le han retirado dos pasaportes, ya que también tiene nacionalidad colombiana. Una de las medidas que se le han impuesto es la de llevar un brazalete electrónico en su tobillo derecho, "como la de los maltratadores", explican fuentes conocedoras.
En la querella que inició la causa se puede leer que la sociedad vendía planes de pensiones, hipotecas y préstamos, pero "nunca ha emitido contratos bajo la denominación de seguros u otras formas que den a entender que realizan operaciones de seguros o distribución". Brigantina ofrecía productos de inversión que prometían una rentabilidad de hasta el 50% en 10 años. La acusación de Ortiz ha pedido una fianza de 10 millones de euros en esta nueva denuncia.
29 millones de facturación
En el 2020, las empresas llegaron a facturar 29 millones de euros. En ese momento, según la querella, se disolvió el consejo de administración y es cuando entra el 'clan colombiano'. Dos meses valieron para cambiar todo el organigrama y enmpieza a ocupar los puestos de importancia gente cuya "formación está muy distanciada de los que debería ser una empresa de inversión". Había recepcionistas de hotel, camareras y vendedoras a puerta fría.
La OCU, que en septiembre de 2022 ya advirtió sobre las prácticas de Herrero Brigantina, anima a los afectados a recopilar todas las pruebas y presentar una denuncia ante la Policía o la Guardia Civil.
Esta asociación de consumidores detectó entonces que las ofertas analizadas "parecían un montaje para esquivar toda la legislación protectora de los inversores, ya que ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni la Dirección General de Seguros intervenían, porque los inversores no adquirían un producto financiero, sino que hacían una especie de préstamo a una sociedad mercantil".
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