La sesión parlamentaria de ayer en el Senado fue de las que hacen historia y demuestran, a decir de los populares, la "enorme debilidad" de un Gobierno que apenas ha echado a andar y al que ya han apretado las tuercas sus socios de Junts y de Podemos. No quieren entrar a especular sobre la duración de la legislatura, pero la demostración de fuerza de los de Carles Puigdemont -que finalmente optaron por la abstención a cambio de un nuevo paquete de cesiones- y los de Ione Belarra -cuyos cinco diputados tiraron abajo el decreto de Yolanda Díaz sobre el subsidio de desempleo- auguran un periodo agónico.

Ante esas nuevas cesiones, el PP estudiará la vía del recurso de inconstitucionalidad del decreto ómnibus, del traspaso integral de las competencias en inmigración a la Generalitat y también lo que afecta al reconocimiento de los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local, estas dos últimos incluidos en el pacto con el partido de Carles Puigdemont a cambio de su abstención.

La legislatura durará lo que quiera Puigdemont", dicen en el PP

Creen los populares que no está justificada la vía de urgencia del decreto ley ómnibus por incluir, entre otras cosas, una vacatio legis que alarga hasta cinco años la entrada en vigor de algunas de las medidas que contiene. En cuanto a la inmigración, cabe señalar que se trata de una competencia exclusiva del Estado, -que conlleva entre otras cuestiones, el control de fronteras-, según recoge el artículo 149 de la Constitución. "El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo", reza el mismo.

Además, no se trata solo de fronteras españolas sino europeas, y la UE acaba de alcanzar , precisamente, un acuerdo en materia migratoria. Otra cosa es que la Generalitat pretenda negarse a asumir el reparto de inmigrantes que llegan, por ejemplo, las costas de Canarias, reparto que el Gobierno pretendía hacer obligatorio. Tampoco tiene claro el PP la constitucionalidad de las cuestiones que afectan a los regímenes locales, aunque lo cierto es que, salvo los enunciados, no se conoce el alcance real de las nuevas y sorpresivas concesiones.

En el entorno de Feijóo no hacen cálculos respecto a la duración de la legislatura, pero concluyen que será "lo que diga Puigdemont" y que una vez se apruebe la ley de Amnistía "empezará el juego", la cuenta atrás, lo que dejará en una situación aún más vulnerable al Gobierno de Sánchez.

Fuentes populares calificaron la sesión de ayer de "esperpento valleinclinesco" y "humillación kafkaiana" que viene a demostrar que el líder de Junts y prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, es el que mueve los hilos de la legislatura ante un Ejecutivo de coalición que se vio ayer desbordado por los acontecimientos y volvió a dar a Junts todo lo que pedían.

Mi país no se merece esta deshonra, esta humillación y esperpento"

nÚÑEZ FEIJÓO

En declaraciones ante los medios, el líder del PP se mostró "atónito" por la actuación del Gobierno y defendió que "mi país no se merece esta deshonra, esta humillación y esperpento". Sánchez, prosiguió, "ha mercadeado con el derecho de todos los españoles" por sus nuevas cesiones que Junts, que pasan, incluso por no trasponer la directiva europea sobre las cuestiones prejudiciales, que se retirará del Decreto una vez sea tramitado como proyecto de ley, y que permite "blindar" la amnistía del prófugo de la justicia.

Tras insistir Feijóo en su idea respecto a que el Gobierno se dirige desde Ginebra y Bruselas y que por vez primera en democracia "se ha trasladado la soberanía nacional fuera de nuestras fronteras", ha exigido conocer a fondo el contenido de las nuevas concesiones, que publicitó Junts en una nota de prensa ante el silencio de los miembros del Ejecutivo. "¿Qué negociaciones nos esperan en cada ley?, ¿cuánto será capaz de humillarse, cuánta extorsión y ridículo soportará?", se ha preguntado en otro momento el líder del PP.

Los populares tenían previsto presentar una serie de propuestas alternativas si los decretos eran rechazados por el Congreso. Pero sólo lo ha sido uno relativo a la "conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo", según su largo enunciado. Era el decreto de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a quien Podemos ha aplicado un durísimo correctivo votando en contra.