Junts salva los decretos de Sánchez a cambio de blindar la amnistía y el control de la inmigración

Al final, muy al final, pero el Gobierno logró cerrar un pacto con Junts que le permitió salvar dos de sus reales decretos leyes sometidos a votación por el Congreso en el superpleno de este miércoles. Y habrían sido tres de no haber sido porque el tercero quedó derogado por el no de Podemos. Pero a cambio los posconvergentes arrancaron numerosas contraprestaciones. Entre ellas, y según un comunicado de la formación independentista, la supresión, en el decreto ómnibus, de la parálisis de las actuaciones judiciales cuando un magistrado eleve una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalitat.

Los de Carles Puigdemont suman a las cesiones del Gobierno la publicación inmediata de las balanzas fiscales o la bajada del IVA del aceite del 5% al 0%, al ser considerado un alimento esencial. También se reformará la ley de sociedades de capital para que las empresas puedan volver a Cataluña —no se explicita cómo— y el Estado asumirá la totalidad de los costes sobre los descuentos y bonificaciones al transporte público.

Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, defendió estas medidas y la negociación in extremis que condujo a su viraje. De hecho, los siete diputados de Junts no participaron en la votación inicial de los decretos, pero sí lo hicieron, para abstenerse, en la repetición de la votación del decreto de medidas sociales.

Se revertirán los efectos nocivos del decreto de 2017 y estamos hablando de incentivos económicos

"Siempre hemos dejado nuestras condiciones muy claras", señaló Nogueras. "Tienen que ganar los catalanes, se tienen que respetar las competencias y tienen que llegar los recursos" añadió la portavoz de Junts, que se mostró especialmente satisfecha porque "por fin se revertirán los efectos nocivos del decreto de 2017 que hicieron para facilitar la huida empresas y aquí estamos hablando también de incentivos económicos".

Así, Junts argumenta su abstención en la votación de los reales decretos leyes del Gobierno, tras el no anunciado por su portavoz en la tribuna del Senado —allí se celebró este miércoles el pleno por obras en la Cámara baja—, en un acuerdo que "mejora el autogobierno" con las reivindicaciones que sus portavoces han repetido en los últimos días y que recogen las prioridades fijadas por Puigdemont en el pacto de investidura: amnistía, inmigración y apoyo a la economía catalana.

Blindar la amnistía

En el primer punto, el partido independentista asegura haber obtenido el compromiso del Gobierno de que se suprimirá de la Ley de Enjuiciamiento Civil el artículo 43 bis que traslada a la legislación española la directiva europea que dicta la paralización en la aplicación de una ley estatal cuando un tribunal plantee cuestiones prejudiciales ante la Justicia europea sobre esa norma.

Una vía que de hecho ya aplican los tribunales españoles, pero que en opinión de Junts "pone la alfombra roja a la cúpula judicial" para paralizar la aplicación de la ley de amnistía. Paradójicamente, el acuerdo implica anular uno de los puntos del decreto ómnibus que este miércoles aprobó el Congreso gracias a que Junts no participó en la votación, allanando el camino al Gobierno.

Se aprobará una ley orgánica para delegar inmigración a través del 150.2 de la Carta Magna

La inmigración ha sido otra de las reivindicaciones que Junts ha incorporado a sus exigencias desde el inicio de las negociaciones con el PSOE. Lo hizo Puigdemont en su conferencia del pasado septiembre, en la que desgranó las condiciones de su partido a la investidura. Y lo repitió en el Congreso la diputada Marta Madrenas el pasado diciembre, cuando recriminaba al ministro Fernando Grande-Marlaska la distribución de los inmigrantes llegados a Canarias. También el secretario general, Jordi Turull, ha reivindicado en los últimos tiempos el traspaso de estas competencias.

El acuerdo alcanzado con el Gobierno pasaría, según el comunicado de los independentistas, por la aprobación de una ley orgánica "específica para Cataluña" amparándose en el artículo 150.2 de la Constitución, que ampara la transferencia o delegación de competencias a las comunidades autónomas. Aunque lo circunscribe a "materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación".

Fuga de empresas

Revertir la fuga de empresas —"pocas" según Nogueras, casi 9.000 según los datos de la Cámara de Registradores— ha sido la última de las exigencias de Junts en esta negociación. El partido de Puigdemont anunció esta semana que su voluntad era revertir el decreto aprobado en octubre de 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy, incluir incentivos fiscales para las empresas que vuelvan a Cataluña y sanciones para las que no lo hagan.

El acuerdo no explicita cómo se fomentará el retorno de las empresas a Cataluña

El comunicado emitido este miércoles por la formación señala que se reformará la ley de sociedades de capital para anular esa reforma, que permite el traslado de sedes por acuerdo del consejo de administración, sin necesidad de someterlo a la junta de accionistas de una empresa. Una medida que según Junts permitirá "que las empresas puedan volver a Cataluña", aunque lo cierto es que el redactado actual no se lo impide.

El acuerdo alcanzado incluye además la "publicación inmediata de datos oficiales para calcular las balanzas fiscales", otra reivindicación clásica del independentismo para argumentar su reclamación de una reforma a fondo del modelo de financiación. De hecho, el acuerdo suscrito por el PSOE con ERC incluye la negociación de un "modelo de financiación singular" para Cataluña que implique el traspaso de las competencias de la Agencia Tributaria a una agencia catalana, para asumir el control de la recaudación y gestión de todos los tributos.

Más dinero para justicia

Junts ha pactado además multiplicar por cinco el presupuesto para la digitalización de la Justicia, pasando de los 1,2 a 6,2 millones. Otro de los argumentos del no a los decretos era el reparto de esos fondos, que destinan un 10% de los recursos a Cataluña. Junts reclama el 16% en base a las competencias de la Generalitat en materia de Justicia, Prisiones y Policía.

El Gobierno asume, igualmente, el coste total de los descuentos y las bonificaciones del transporte público, que hasta ahora se sufragan en un 30% por el Ejecutivo y en al menos otro 20% por comunidades y ayuntamientos. Por último, el acuerdo incluye también "el reconocimiento de los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local".