"Nosotros no tenemos las manos atadas como otros partidos que han firmado un acuerdo de legislatura con el PSOE". Así de contundentes alertaban desde Podemos como advertencia a un posible rechazo unánime a los tres reales decretos leyes presentados aprobados por el Consejo de Ministros a finales de diciembre, y convalidados parcialmente -dos de tres- este miércoles por el pleno del Congreso de los Diputados.

Finalmente, el PSOE logró el respaldo de los morados al decreto anticrisis y al ómnibus de medidas urgentes para percibir 10.000 millones de euros de la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación. Sirvió por la sorpresiva abstención a todo de Junts, muleta sobre la que pivota el sostenimiento o no de la mayoría de la investidura. Venían advirtiendo de un 'no' amplio toda la jornada pero distintas concesiones como el traspaso de competencias en inmigración y la la retirada del componente prejudicial de la amnistía. Como excepción a ese consenso, a la oposición se sumaron los cinco votos de Podemos en lo relativo a la reforma del subsidio de desempleo propuesto por el Ministerio de Trabajo. Rechazada desde el principio. Es el único grupo que ha fracturado la denominada "mayoría progresista".

Más allá de haber obtenido una concesión del PSOE -se le exigía topar más el precio de alquileres y de beneficios de las grandes superficies de alimentación- a cambio de los dos de los tres acuerdos mencionados, lo relacionado con el aplazamiento de cualquier desahucio hipotecario hasta 2028, Podemos ha conseguido otra cosa: mostrarse como nuevo interlocutor oficial del Ejecutivo ahora ya en solitario dentro del Grupo Mixto y desligado de las siglas de Yolanda Díaz, la líder de Sumar. Ejerciendo como demandaban "autonomía plena". Y es que como venían denunciando desde el seno morado, era necesario que hubiera interlocución entre partidos y que Moncloa les tomase en serio. Más allá de conversaciones sin "feedback" alguno en la que "el PSOE solo pedía el voto afirmativo sin condiciones".

Para Podemos era necesaria una interlocución entre partidos. Priorizan al PSOE para ello mientras el diálogo con Sumar es casi nulo"

Se han dado entre Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, e Ione Belarra, la secretaria general de Podemos; así como entre el segundo de Presidencia, Rafael Simancas, y la secretaria de Organización morada Lilith Verstrynge. Y ahora el rumbo que deberá tener los socialistas es claro: "deberán sentarse cada vez que se quiera legislar algo". Y en ningún caso será gratis, insisten desde la fuerza izquierdista, que quiere hacerse valer tras ser "expulsada" del Gobierno en su reedición tras las generales.

El guiño con los socialistas es claro a diferencia de con Sumar, y les ha supuesto un salvavidas en esta ardua legislatura que transcurrirá hasta nueva orden negociación a negociación y voto a voto. Aunque dentro del espectro de la izquierda, se valoraba como "muy difícil de explicar a los votantes" un rechazo al mantenimiento de mejoras anticrisis. Fuentes moradas han explicado que las exigencias en vivienda y el margen comercial de los grandes supermercados seguirá siendo una demanda durante la tramitación del decreto como un proyecto de ley. Se evita, entre otras cosas que decaiga la rebaja del IVA de la luz al 10% o la bonificación del transporte público.

Aumenta la tensión con Yolanda Díaz

Pero frente a ese acercamiento obligado con los socialistas, Podemos ha mantenido su negativa a "tragar" con lo que describe un claro "recorte" de derechos para "un colectivo en especial vulnerabilidad y carga social". Así lo definió la portavoz designada para el debate en materia laboral, la diputada morada por Las Palmas Noemí Santana, quien señaló que "en la memoria reconocen que hay un ahorro de 93,6 millones de euros". Sumar, en contraposición, respalda que la reforma recuperaba la base de cotización del 100% progresiva hasta 2028 para los desempleados desde el 125% vigente, algo por lo que se apostó frente a un SMI bajo resultado del Gobierno de Mariano Rajoy. Y ahora, consideran, con el ascenso progresivo del sueldo mínimo, la bonificación extra se ve de sobra cubierta [aquí los detalles de la posición de Podemos y Sumar]. Es más, apuntan que de no hacerlo se produce una injusticia social con el resto de trabajadores que cotizan el 100% de ese SMI.

Desde el grupo parlamentario magenta, exsocios vinculados a Podemos y las confluencias con anterioridad como Íñigo Errejón y Aina Vidal calificaban tras la votación que Podemos -y también Junts antes de conocer su abstención- cometía una "grandísima irresponsabilidad" al "tumbar una norma que mejora la vida de los trabajadores que menos tienen". Díaz, en clara clave electoralista, con las elecciones gallegas de fondo y las vascas y europeas en el horizonte, ha vinculado a los de Belarra con Vox con aparente enfado: "si votan con ellos y golpean a los parados ya sabemos lo que está haciendo". Para ella, eso sale muy caro en política. Sumar ofreció tramitar la reforma como proyecto de ley, lo que sumó los apoyos de BNG, ERC y EH Bildu. "¿Cómo explica Podemos que se sumen y ellos no?", lamentaba alentando el frente común que los morados parece que pretenden cimentar contra Sumar por el ala izquierda-nacionalista.

Esta semana, dentro del grupo se hablaba de la posibilidad de llegar a grandes acuerdos con Podemos en el futuro, pero este distanciamiento denota una clara apuesta de los de Belarra a hacerlo solo desde el costado socialista del Ejecutivo. Partido que en definitiva lidera la coalición. Para la reforma se ha negociado exclusivamente con el secretario de Estado de Trabajo Joaquín Pérez-Rey, técnico vinculado a Sumar. Se prevé que conforme se acerque la campaña electoral gallega el cruce de acusaciones se incremente entre plurales de la izquierda sobre un tablero ya dividido que beneficia al PP.

La negociación in extremis con Junts para lograr su abstención y la complicación que ha añadido Podemos para consagrar la primera gran derrota de este Gobierno sitúa en un campo de minas a Pedro Sánchez. El presidente y los suyos deberán calibrar cada movimiento bajo el riesgo de que en cualquier momento todo salte por los aires. Ningún adelanto electoral podrá hacerse, en todo caso, antes del 29 de mayo, fecha en la que se cumple un año desde el adelanto electoral post comicios municipales y autonómicos.