"No me hemos entrado en la letra pequeña del acuerdo" aclaraba este jueves Jordi Turull, secretario general de Junts, al ser preguntado por el pacto con el PSOE para el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat. "Lo importante es que tenemos un acuerdo político" para redactar una ley orgánica en la que Junts quiere empezar a trabajar de inmediato. No hay concreciones, pero sí dos temas capitales para Junts en esa negociación: poder controlar las cuotas de reparto de inmigrantes entre comunidades autónomas, y la cuestión lingüística. Es decir, que el catalán entre a formar parte de las políticas de acogida y regularización de inmigrantes.

En 2023 Canarias batió récords de llegada de migrantes con un incremento del 154,5% respecto al año anterior, según datos del ministerio del Interior proporcionados a El Independiente. En total, las autoridades españolas contabilizaron la llegada por vía marítima de 39.910 migrantes irregulares a las Islas Canarias durante los doce meses del año pasado frente a los 15.682 registrados durante todo 2022. El número de embarcaciones localizadas se incrementó un 74%: 610 frente a las 350 de 2022.

Cataluña ha sido una de las mayores receptoras de esos inmigrantes en la península, por encima de lo que correspondería por población, se quejan los independentistas, tanto desde Junts como el Govern de ERC. Cataluña acogió en octubre a 1.955 migrantes adultos y a 33 menores del contingente de 7.000 personas procedente de Canarias que el Gobierno distribuyó por casi todas las comunidades. Una cifra muy superior a los 711 llegados a Andalucía o los 450 de Madrid, se quejan los independentistas.

Desde la Generalitat señalan que la cifra de plazas máxima abierta en Cataluña cuando se declaró la emergencia humanitaria en octubre es de 2.173 plazas. Son plazas que se ocupan y desocupan y que gestiona el Estado, aclaran desde el Departamento de Igualdad e Inmigración, por tanto hablamos de plazas y no de personas únicas.

Fijación de cuotas

El acuerdo alcanzado por Junts y PSOE incluye la "fijación de cuotas proporcionales a la población" advierten desde la formación de Carles Puigdemont. En otras palabras, como ha denunciado Turull en los últimos días, Cataluña debe recibir el 16% de los migrantes, no el 23% como sucedió en el último reparto.

De hecho, en Junts destacan que durante la negociación el Gobierno ofreció hacer una "encomienda de gestión" a la Generalitat, garantizando recursos para la gestión de la acogida de inmigrantes, pero Junts rechazó esta opción porque es fundamental para ellos tener control sobre la fijación de cuotas.

Defensa del catalán

La cuestión lingüística es el otro elemento de fondo que preocupa a Junts. El acuerdo incluye el compromiso de apoyo para implementar la "acogida lingüística" de los recién llegados. Es decir, garantizar que las ayudas lleven emparejado el aprendizaje del catalán.

Una política que ya se aplica en Cataluña en el caso de los ayuntamientos, responsables de elaborar los informes de arraigo que son paso previo para la concesión de permisos de residencia y trabajo. Los consistorios suelen reclamar la acreditación de haber seguido un curso de catalán básico para un informe de arraigo favorable. Una medida que ahora podría extenderse a otros trámites si la Generalitat asume la gestión de permisos de residencia y empleo.

La inmigración se ha convertido en los últimos meses en una cuestión política de primer orden para Junts. Especialmente desde que el independentismo de extrema derecha que lidera Sílvia Orriols en Aliança Catalana se impuso con una inesperada mayoría en Ripoll. La propia Orriols respondía este jueves al anuncio del acuerdo PSOE-Junts reclamando la delegación de las competencias de inmigración a los ayuntamientos. "Así al menos salvaremos Ripoll", ironizaba.

Dudas de constitucionalidad

Pero los constitucionalistas tienen dudas. El artículo 149.1 de la carta magna fija la "competencia exclusiva" del Estado sobre inmigración; sin embargo el 150.2 señala que "el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles" de ello.

Y aquí surge el problema. Fuentes jurídicas consultadas por EFE discrepan de la constitucionalidad del acuerdo alcanzando entre PSOE y Junts aunque concuerdan en que el límite lo pone la carta magna cuando cita "por su propia naturaleza".

Expertos consultados por El Independiente abundan en la inconstitucionalidad de la cesión a Junts. Recuerdan que tanto el control de fronteras como la acreditación de documentación -permisos de residencia, comunitarios, etc...- son competencia exclusiva de los cuerpos de seguridad del Estado, no pueden ser transferidos a los Mossos d'Esquadra. Añaden que la concesión de permisos de residencia y trabajo tienen también una derivada europea, puesto que España forma parte del espacio Schengen.

En el caso de los permisos de trabajo, la Generalitat hace años que gestiona la concesión inicial del permiso de trabajo para extranjeros, en coordinación con las subdelegaciones del Gobierno. En el blanco de Junts podría estar la asunción de las Oficinas de Extranjería, responsables de la concesión y renovación de permisos de residencia, estudios o reagrupación familiar. Pero se trata de competencias exclusivas del Estado, insisten.