Junts per Catalunya explicó ayer, a su manera, su pacto con el Gobierno, gracias al cual optó primero por no votar —y luego por abstenerse— los reales decretos leyes del Gobierno. Pero ni el Ejecutivo ni el PSOE respondieron con un comunicado propio, ni bajaron al detalle de lo acordado con los posconvergentes. Fue este jueves cuando empezaron a contar la letra pequeña y a matizar o directamente rebajar algunas de las afirmaciones que los de Carles Puigdemont hacían en su nota. Así, tanto María Jesús Montero como Félix Bolaños, las dos personas de mayor confianza del presidente, señalaron que todavía tienen que trabajarse los “detalles” de lo que implica la delegación (que no traspaso) de las competencias en inmigración, hoy en poder del Estado, a la Generalitat. La vicepresidenta primera también apuntó que lo que se hará es “reforzar” que las sedes sociales de las empresas estén donde tengan su actividad principal. No habló de sanciones para aquellas compañías que no deseen volver a Cataluña, que era la pretensión de los posconvergentes, aunque ellos mismos no hacían ya ninguna alusión a multas después de firmar el acuerdo con el PSOE.

El titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sí confirmó en La hora de La 1, en TVE, que el pacto con Junts consiste en la delegación de las competencias en inmigración hoy atribuidas al Estado. “Si hay una delegación de competencias en materia de inmigración, lo que hoy asume el Estado, como la Constitución permite, se puede delegar en una comunidad autónoma [a través del artículo 150.2 de la Carta Magna], como va a ser el caso en materia de inmigración”.

Vamos a desarrollar una ley orgánica al amparo de la Constitución para delegar competencias en materia de inmigración”, precisa el ministro de Justicia

La cesión se materializará a través de una ley orgánica en la que se dará “detalle” de las consecuencias que acarrea esta decisión, explicó, informa Europa Press. “Vamos a desarrollar una ley orgánica al amparo de la Constitución para delegar las competencias en materia de inmigración y por tanto ese es el acuerdo al que ayer [por este miércoles] llegamos”, siguió. Bolaños añadió que aún se han de trabajar “todos los detalles que eso conlleva” y trabajarla también para que finalmente vaya al Parlamento y vea la luz.

“Ahora tenemos que ver cuál es el alcance de estas cuestiones en materia de inmigración. Saben que es una preocupación muy importante para un país como España y para aquellas comunidades autónomas que tienen llegada de inmigrantes y que luego hay que hacer un esfuerzo económico y de integración para que puedan incorporarse con normalidad a la vida cotidiana de nuestro país —explicaba por su parte Montero a su llegada a un desayuno informativo en Madrid protagonizado por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera—. Tendremos que verlo. Paso a paso. Hace solo 12 horas que llegamos a ese acuerdo y esto hay que desarrollarlo a través de una ley orgánica. Es decir, que hay mucho que dialogar”.

El Derecho comunitario es “muy claro”

El Gobierno pactó la delegación de una competencia que tendría que ser gestionada por una Generalitat a cuyo frente está ahora mismo ERC, rival absoluto de Junts. El difícil juego de equilibrios entre las dos formaciones independentistas hizo que Bolaños esta mañana mantuviera contactos con el Govern para hablar de los consensos alcanzados con los de Puigdemont, tal y como él mismo contó en TVE. Y ante el hecho de que sean los republicanos los que tengan que aplicar lo acordado con Junts, subrayó que este es un Congreso “con muchos grupos parlamentarios” y por otro lado hay gobiernos autonómicos “que luego tienen que ejecutar los acuerdos que se adoptan”.

Bolaños llama al Govern para explicarle los acuerdos alcanzados con Junts, que tendrá que aplicar

En cualquier caso, aún no hay plazos ni un texto ya preparado. Ni los apoyos amarrados. Es decir, que ese compromiso con los posconvergentes todavía no tiene forma ni concreción.

El acuerdo con Junts incluía una reforma de la ley de sociedades de capital para “revertir el real decreto ley del PP de 2017 y que las empresas puedan volver a Cataluña”. Montero explicó este jueves que el derecho de libre instalación de una empresa es “muy claro” a nivel comunitario, lo que significa que el Gobierno central “no puede poner ningún tipo de traba” a que las compañías “se instalen donde consideren conveniente hacerlo”. “Lo que sí tienen que cumplir de forma escrupulosa, y así se refuerza en este acuerdo, es con la legalidad vigente, que significa que no se produzcan ingenierías fiscales para que declarando la actividad principal en un sitio, el domicilio social esté en otro y cuestiones de este tipo”.

Bolaños afirma que el acuerdo con Junts sobre Justicia "no cambia nada": "El régimen de cuestiones prejudiciales es el mismo"

Lo que hará la reforma legal, por tanto, será que se “refuerce”, que se “vigile” que cuando la actividad principal de una empresa está en un lugar, allí se lleven a cabo “todas sus obligaciones, también las obligaciones tributarias”. “Eso es lo que se hace con el refuerzo de la ley de sociedades de capital, pero evidentemente la libre instalación de empresas es una realidad en nuestro Derecho comunitario, y seguirá siéndolo”, concluyó. Montero no habló nada de sanciones, pero tampoco de incentivos fiscales.

El Gobierno no asumirá la totalidad de la bonificación al transporte público: lo que se hará es no condicionar la ayuda estatal a la aportación que hagan las CCAA

También Junts decía en su comunicado que el Estado asumirá “la totalidad del coste de los descuentos y bonificaciones del precio del transporte público”. Según Montero, eso no es exactamente lo pactado. Lo que cambia frente al decreto vigente es que la ayuda que aporta el Estado no queda condicionada a que las comunidades y los ayuntamientos pongan su parte.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda recordó que hasta ahora el Gobierno ponía el 30% de la ayuda al transporte urbano e interurbano siempre y cuando las CCAA y las corporaciones legales aportaran el 20% restante. “Ahora lo que hacemos es no condicionarlo. Es decir, que con independencia de que las CCAA planteen o no esa bonificación nosotros vamos a pagar ese 30%. Pero estoy convencida de que las CCAA contribuirán voluntariamente a aportar un 20% para que el billete de autobús valga la mitad y por tanto sigamos combatiendo los efectos de la inflación” y ayudando a los trabajadores que se mueven cada día en transporte público.

El decreto convalidado ayer por el Congreso prorroga la gratuidad, durante todo 2024, del Cercanías y de los trenes de media distancia, además de esa aportación estatal del 30% de la tarifa de los billetes de transporte urbano e interurbano siempre que las administraciones autonómicas y locales pusieran su 20%. Esa condicionalidad última es lo que ahora desaparece.

“No cambia nada” con las prejudiciales

Junts logró arrancar al Gobierno la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil (que se integró en el decreto ómnibus), que para los de Puigdemont ponía “en peligro” la aplicación de la ley de amnistía. Lo que hacía ese precepto era llevar a la legislación estatal la jurisprudencia: que cuando un magistrado que eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se paralizan las actuaciones judiciales hasta que este órgano se pronuncie. Para Bolaños, que se quite ese 43 bis —se hará a través de una enmienda a la ley de amnistía que se está tramitando ahora mismo en el Congreso— “no cambia nada”, porque el “régimen es el mismo”, de modo que los jueces podrán seguir planteando cuestiones prejudiciales sobre normas españolas cuya aplicación será suspendida hasta que se resuelvan.

Montero subraya que “no se entiende” la decisión de Podemos de tumbar el decreto de Yolanda Díaz y recuerda que unió sus votos a PP, Vox y UPN

Con la supresión del 43 bis, Junts accedió a la convalidación del decreto ómnibus. “El compromiso” contraído con Bruselas, y que ayer miércoles se cumplió con la aprobación por el Congreso, es “aprobar la reforma de la Justicia”, porque el texto da “un paso de gigante” para que sea “más ágil, digital y moderna”. Ese era el “compromiso” con la UE, “y no una disposición concreta”, dijo en TVE.

El Gobierno enfatiza que la negociación con los partidos independentistas demuestra que se ha entrado en una nueva fase, ya que ambos hablan de cuestiones como la inmigración, el ingreso mínimo vital o el IVA del aceite —Junts pactó que se bajara del 5% actual (antes estaba en el 10%) al 0%—, y no de cuestiones como la independencia. “Esta etapa que no aportó nada para Cataluña obviamente terminó y ahora estamos en una nueva”. También el primer secretario del PSC, Salvador Illa, celebró el “giro” de los posconvergentes que permitió la salvación de dos de los tres decretos leyes del Gobierno, pero criticó que a Junts “le guste convertir cada votación en un Vietnam” y rechazó ese “estilo de hacer política”, informa EFE.

Y sobre el no de Podemos al decreto ley de reforma del subsidio de paro impulsado por Yolanda Díaz —un no que hizo que el texto fuera derogado—, Montero señaló que “no se entiende” su posición. “Y no se entiende porque la mayoría de izquierdas y los progresistas de este país quieren que se aumente la cobertura de las personas desempleadas”, apuntó, para lanzarse de corrido a recordar que los morados unieron sus votos a PP, Vox y UPN para tumbar el decreto. La vicepresidenta primera aseguró que el Gobierno estudiará cómo retomar esta cuestión. “Nunca damos una batalla por perdida. Es importante trabajar por los desempleados de este país y lo seguiremos haciendo”, concluyó.