La cesión de España a Marruecos de zonas de rescate y búsqueda de migrantes en el mar en 2023 "está poniendo en riesgo el derecho a la vida" de quienes tratan de llegar a las costas españolas. Así lo alerta el informe anual de la ONG Caminando Fronteras, que acusa a España de seguir externalizando el control migratorio a países con nulo respeto a los derechos humanos.

"Esta situación está afectando al derecho a la vida y provoca prácticas de demora en los rescates, puesto que Salvamento Marítimo pone en el centro de las operaciones intentos sistemáticos de que sea Marruecos quien se haga cargo del rescate, quedando la evaluación de riesgo de los náufragos en un segundo plano", subraya el informe del colectivo Caminando Fronteras en su informe 'Monitoreo Derecho a la Vida'.

Esta cesión coincide con un momento de incremento récord de las llegadas de migrantes a través de la ruta canaria. Según datos del ministerio del Interior, en 2023 recibió 39.910 migrantes irregulares, lo que representa 8.232 migrantes más que los que arribaron a las costas del archipiélago canario hace ahora 17 años en la bautizada como "crisis de los cayucos". Un aumento que también se ha producido en las muertes contabilizadas en pleno viaje. Caminando Fronteras cifra en 6.007 las víctimas mortales de la ruta canaria a lo largo del año pasado, el mayor número desde que la ONG mantiene registros.

Cambio de soberanía aceptado por España

La estrategia del Gobierno español de delegar en Marruecos el rescate de migrantes en alta mar tuvo el pasado junio su episodio más grave y mortífero. 39 de las 60 personas que iban a bordo de una neumática murieron a 163 kilómetros al sur de Gran Canaria. Habían esperado durante horas un rescate que solo llegó diez horas después de que un avión de Salvamento Marítimo localizara la neumática a la deriva. El piloto recibió la orden del centro de coordinación de Las Palmas de penetrar lo mínimo en la zona SAR "de Marruecos". Las SAR son zonas marítimas de responsabilidad en materia de búsqueda y salvamento marítimo (regiones SAR) trazadas por la Organización Marítima Internacional.

Marruecos no tiene medios de rescate ni voluntad de proteger la vida de las personas migrantes

"A propuesta del reino alauí ha habido un cambio en las aguas SAR (Búsqueda y rescate, del inglés Search and Rescue), afectando a las zonas de solape de búsqueda y rescate, y que en junio de 2023 ya aparecía registrado en la base de datos de la Organización Marítima Internacional (OMI). Por otro lado, durante este año, el servicio público del Estado español, Salvamento Marítimo, ha aceptado, mediante la difusión de mapas elaborados por el reino alauita, la soberanía de Marruecos en la zona", subraya el informe de Caminando Fronteras.

A juicio del colectivo, que dirige la activista Helena Maleno, convertir a Marruecos en guardián del control de los flujos migratorios en nombre de España conlleva enormes riesgos. "En muchas de las situaciones monitoreadas por nuestro observatorio de derechos humanos, el reino alauí no tenía medios para afrontar los rescates o incluso no había voluntad para proteger la vida de las personas migrantes", alertan. "A la no activación de los medios de rescate y la demora de los mismos hay que unir que, en general, ambos países priorizan los métodos de búsqueda pasivos, prácticas muy peligrosas en una zona de mar muy extensa, y que reducen de forma sistemática la protección de la vida", añaden.

La migración como arma de Marruecos

El informe incide precisamente en el peligro de aceptar la táctica de la dictadura marroquí de convertir la migración en un arma de presión y chantaje contra España, una estrategia que ya fue censurada en el Parlamento Europeo tras la llegada a nado de miles de personas en mayo de 2021 en plena crisis diplomática entre Madrid y Rabat a propósito de la acogida por razones humanitarias del líder del Frente Polisario Brahim Ghali.

El Estado español intenta fomentar que Marruecos se haga cargo de rescates en zonas cuya responsabilidad ha sido históricamente de la administración española

"Marruecos utiliza estas políticas del Estado español y convierte el control migratorio en un instrumento en las negociaciones bilaterales para asentar sus intereses territoriales, terrestres y marítimos en la zona", precisa el documento publicado esta semana. "Mediante estos reconocimientos el Estado español intenta fomentar que Marruecos se haga cargo de rescates en zonas cuya responsabilidad ha sido históricamente de la administración española. Hecho que opera siempre que se trate de embarcaciones con personas migrantes a bordo".

Caminando Fronteras lamenta que "el derecho a la vida de las personas está fuertemente atravesado por las relaciones bilaterales entre Marruecos y el Estado español establecidas para el control de fronteras" y marcado por el litigio del Sáhara Occidental, la ex colonia española ocupada ilegalmente desde 1975 por Marruecos.

"El conflicto territorial en esta zona que está dirimiendo Naciones Unidas afecta también a la responsabilidad de las aguas de rescate y a las personas migrantes que transitan por ellas. En este sentido, el Estado español reconoció de forma unilateral la soberanía marroquí en el territorio en marzo de 2022 y la refrendó en febrero de 2023. Por otro lado, Marruecos, también de forma unilateral, ya se ha anexionado zonas marítimas próximas a Canarias en una declaración parlamentaria en 2020", rememora el informe.

La gestión migratoria de Marruecos está marcada por capítulos dramáticos como del salto a la valla de Melilla que en junio de 2022 dejó 37 muertos y alrededor de 80 desaparecidos tras el ataque desproporcionado de la gendarmería alauí o las evidencias reunidas el año pasado de migrantes que fueron disparados por las fuerzas de seguridad marroquíes cuando trataban de emprender la travesía marítima, provocando víctimas mortales. Caminando Fronteras denuncia, además, de "la estigmatización de las informaciones aportadas por las organizaciones sociales y los familiares" que obstaculizan o frustran rescates.

"Es necesario un refuerzo de medios, buena coordinación entre los Estados, y un procesamiento adecuado de la información de las alertas de personas en peligro con el objetivo de no dejar a nadie atrás. Sin embargo, estas prácticas de protección para la vida no se tienen en cuenta porque el foco está en la externalización del control del movimiento", concluye el informe.