"Así no se puede". Cuatro palabras, las de un veterano dirigente socialista, que resume el estado de ánimo que mecía al partido en las horas posteriores a una jornada agónica en el palacio del Senado. La sensación de que la esperpéntica y desconcertante sesión del miércoles no puede repetirse más, que es insostenible. Junts apretó y apretó y casi ahogó al Gobierno. Le mantuvo en vilo hasta el final, exprimiendo la presión ejercida por un tiempo que se iba agotando —tictac, tictac— para cobrar una factura más alta. Y, al tiempo, Podemos ahondaba su guerra con Yolanda Díaz y decidió rechazar su decreto ley, el de reforma del subsidio de desempleo, haciéndolo caer. Un superpleno de casi 12 horas teñido de dramatismo y zozobra, que mostró de manera descarnada la fragilidad parlamentaria del Gobierno, la evidencia de que cada voto, cada voto, cuenta y que cualquier tropiezo, aunque sea menor, puede romper los planes del Ejecutivo.

La reflexión que se ha abierto en el seno del Gabinete y en Ferraz es que hay que sacar lecciones de lo ocurrido. Recalcular la hoja de ruta. Cambiar dinámicas. Reformular la táctica de negociación con Junts. Tirar de más mano izquierda, trabajar los consensos desde el principio, aplicar la calma. Y, desde luego, no recurrir tanto a los reales decretos leyes, en los que el Gobierno se la juega a todo o nada y en los que la presión aumenta por el varapalo que supone perder la convalidación, y optar por las proposiciones y proyectos de ley, que permiten conversaciones más discretas e ir aproximando posturas poco a poco, sin un atracón final. Pero, en todo caso, y esto ya lo había advertido Pedro Sánchez en la campaña electoral del 23 de julio, la producción legislativa bajará con seguridad en este segundo mandato. La pretensión del presidente es sortear todo lo posible Congreso y Senado, consciente de la mayor dificultad para tejer mayorías.

El pleno del miércoles desnudó la fragilidad parlamentaria del Gobierno y la presión extrema ejercida por los posconvergentes

Aunque el Gobierno y el PSOE sintieron alivio al constatar el miércoles que salían adelante dos de los tres reales decretos leyes —el ómnibus (de eficiencia procesal y digital de la Justicia) y la prórroga parcial del paquete anticrisis— y la senda de déficit, y el presidente lo vendió como una victoria frente a la "oposición destructiva" del PP, la jornada tan abracadabrante vivida en el palacio del Senado hizo mella en su ánimo. Era cierto que los populares, que habían olfateado la posibilidad cierta de fracaso del Gobierno, se habían encontrado con otra carambola imprevista del presidente, que el pleno del Congreso —que se celebraba en la Cámara alta por obras— se había saldado con un éxito a medias y que, sobre todo, se habían salvado medidas de enorme impacto social.

Pero para lograrlo hicieron falta muchísimas horas de negociaciones angustiosas a un enorme coste: el de la visualización de la debilidad parlamentaria del Ejecutivo y el precio pedido por Junts. Los posconvergentes arrancaron importantes concesiones a Sánchez, algunas muy controvertidas como el traspaso de las competencias en materia de inmigración, un mayor blindaje de la ley de amnistía o una reforma de la ley de sociedades de capital para facilitar la vuelta de las empresas de Cataluña. Un acuerdo sellado muy poco antes de las 15.30, a escasísimos minutos por tanto de que expirase el plazo para emitir el voto, forzosamente telemático porque el Senado, con sus 265 miembros, no tiene puestos de votación suficientes para 350 diputados. Un acuerdo, también, del que solo trascendió primero la versión de Junts vía comunicado de prensa y que solo este jueves comenzó a explicar el Gobierno, sin mostrar ningún papel y diluyendo o rebajando en algunos casos los compromisos anunciados previamente por los de Carles Puigdemont.

Montero: "Las dinámicas llevan a que los grupos entiendan que tienen margen para conseguir cosas adicionales hasta el último minuto"

"Qué más quisiera el Gobierno que 24, 48 horas antes de que se produzca una votación todo esté absolutamente ya hablado, todo esté dialogado y todo esté acordado", señalaba a los periodistas este jueves a primera hora la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, a su llegada a un desayuno informativo de Teresa Ribera en Madrid. "Pero tienen que entender también —siguió— que muchas veces las dinámicas de la negociación llevan a que los grupos políticos entiendan que tienen margen para conseguir cosas adicionales hasta que se aprieta el botón, hasta el último minuto, y eso prolonga las negociaciones más allá desde luego de lo que al Gobierno le gustaría".

"Es una realidad que tenemos que aceptar"

Al Ejecutivo, añadió, le gustaría "cerrar las negociaciones antes", pero "entiende" asimismo que los grupos con los que tiene que dialogar, "muy diversos", "tienen sus demandas e intentan llevarlas al límite". Montero enhebró una suerte de autocrítica, una reflexión de cara al futuro: hay que corregir dinámicas, aunque será difícil porque los socios —o sea, Junts— no va a querer renunciar a ese juego: "Ojalá seamos capaces todos de disciplinarnos para que antes de las votaciones esté todo mucho más claro, pero ya le digo que después de la experiencia que tenemos algunos en la negociación, va a ser difícil que alguien renuncie a sus políticas de máximos si tiene todavía margen para poder seguir hablando. Y esto es una realidad que tenemos que aceptar, ojalá no con tantos avatares como habitualmente tenemos". Es decir, que los grupos solo aflojan cuando el tiempo se echa encima, porque saben que si aguantan el tipo hasta el final el precio de su apoyo se encarece.

Salvador Illa describe gráficamente lo sucedido: "Hay gente que parece que le guste convertir cada votación en un Vietnam, y a mí no me gusta esto. Me gustan las políticas serias, rigurosas y enfocadas a solucionar problemas"

Avatares dijo Montero, azares lo había definido Sánchez la noche anterior. Era una forma elegante, eufemística, de referirse a la tensión sufrida en el pleno del miércoles por el forcejeo de Junts. Tensión a la que se añadió el estrambote de un triple empate en las votaciones por error de un diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, que obligó a repetirlas. Pero, para fortuna del Gobierno, el PP y Vox pidieron que se hiciera por llamamiento, de manera presencial, lo que elimina la posibilidad de equivocaciones —más factibles siempre en el voto telemático—, y dieron así la oportunidad a Sánchez para que le diera tiempo a llegar al Senado y a los diputados de Junts a verbalizar su abstención (y hasta su sí a la senda de déficit). El pleno se cerró con un sonoro aplauso al presidente, justo el final que no esperaba el PP.

Quizá quien mejor definió ante las cámaras lo que había supuesto la negociación con los de Puigdemont fue el primer secretario del PSC, Salvador Illa: "Hay gente que parece que le guste convertir cada votación en un Vietnam, y a mí no me gusta esto —apuntó en una entrevista en RAC1—. Me gustan las políticas serias, rigurosas, y enfocadas a solucionar problemas". Pese a todo, saludó el "giro" de Junts, aunque recordó que "ERC hizo menos ruido y fue muy efectivo también".

Los socialistas sí sabían que esta legislatura sería mucho más compleja que la anterior. Pero, como admiten varios dirigentes, no esperaban que los herederos de la extinta CiU fueran a poner tantas zancadillas desde el principio, en la primera prueba de fuego parlamentaria del Ejecutivo, en sus primeros tres decretos. Y eso cambia todo. "Nunca se pensó que sería tan difícil con Junts. Se asumía que con la amnistía entrarían para el resto en el mismo redil de ERC, Bildu y BNG. Y no es así. Nadie pensó que estaban dispuestos a convertir la primera convalidación de decretos leyes en una suerte de moción de confianza", expresa un mando que conoce bien el engranaje y el sentir del partido.

El PSOE no se esperaba que Junts jugaría tan fuerte: "Nadie pensó", dice un dirigente, "que estaban dispuestos a convertir la primera convalidación de decretos leyes en una suerte de moción de confianza"

La lectura que domina en el PSOE y en el PSC es que los posconvergentes necesitan "reivindicar su papel", visibilizarse para calmar a su parroquia electoral, para convencerles de que merece la pena bajar de la montaña. Y aunque no gusten sus patadas en la espinilla, creen que es mejor mirar el marcador final: que el Gobierno va avanzando y va integrando en el juego político a una formación que hasta antes del 23-J no votaba ninguna de las iniciativas del Ejecutivo.

Pero esa interpretación es también compatible con la consciencia del desgaste de una jornada como la del miércoles, razón por la que no se puede repetir. Así que se impone un cambio de táctica. Ya en los últimos días en Ferraz —en las conversaciones con Junts ha tenido un papel protagonista el secretario de Organización, Santos Cerdán, gracias a su fluida interlocución con Jordi Turull— se reconocía que las formas tenían que cambiar a partir de ahora, aunque justificaban el superpleno por la "urgencia" de tramitar sus contenidos. Y es que el Gobierno decidió llevar a convalidación, el mismo día, tres importantes decretos leyes. Algo que presumiblemente será excepcional en esta legislatura, pero que en esta ocasión se explicaba porque el Ejecutivo necesitaba aprobar rápidamente la prórroga del escudo social —el que estaba vigente vencía el 31 de diciembre— y reformas pendientes de la pasada legislatura comprometidas con Bruselas y que no se pudieron completar por el anticipo electoral y por el largo tiempo en funciones.

Quejas de los grupos

Los socios, y no solo Junts, se quejaron de las prisas del Gobierno y de su recurso, una vez, más al decreto ley, que sitúa a los grupos ante el abismo de dar un sí o un no a un texto que contiene medidas muy distintas, algunas de las cuales de gran calado ante las que es muy difícil oponerse —como la revalorización de las pensiones—.

Es bueno que las leyes las trabajen los grupos y que los decretos que hemos tenido que usar en estos años vuelvan a ser algo muy puntual", observa un miembro muy relevante del Consejo de Ministros

"Seguiremos trabajando al máximo por diálogos y consensos, pero es obvio que es bueno que las leyes las trabajen los grupos y que los decretos leyes que hemos tenido que usar en estos años tan excepcionales vuelvan a ser algo muy puntual", indicaba a este diario un miembro muy relevante del Consejo de Ministros. En suma, que habrá que echar menos mano de los decretos —por mucho que su tramitación sea más rápida— y más de los proyectos y proposiciones de ley.

La diferencia es sustantiva: los reales decretos leyes son normas con fuerza de ley que dicta el Gobierno "en casos de extraordinaria y urgente necesidad" —como prescribe el artículo 86 de la Constitución— y que han de ser convalidados o derogados por el Congreso en los 30 días siguientes a su promulgación. Los proyectos de ley son impulsados también por el Gobierno pero su proceso de aprobación es mucho más largo: requieren de informes de los órganos consultivos primero y después han de ser tramitados por Congreso y Senado. Las proposiciones de ley parten de los grupos, no necesitan de informes (lo que ya supone un ahorro de tiempo) y han de pasar igualmente por las dos Cámaras.

"Todos los grupos, por supuesto también el nuestro", apunta una dirigente de la ejecutiva federal del PSOE, "deben reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones. Esta legislatura habrá muy pocas leyes y decretos leyes, y por supuesto tendrán que llegar lo más consensuados posibles al Congreso... y no digamos al Senado [en el que el PP dispone de mayoría absoluta]".

Otros cargos socialistas ven complicado cambiar dinámicas porque Junts no tiene una "pauta previsible". "Con un socio así", señala un ministro, "es difícil hacer planes"

La reflexión, pues, es compartida: toda iniciativa debe empezar a trabajarse con los grupos desde el principio, y no servirles un plato ya cocinado, y desde luego hay que reducir riesgos y no recurrir a los decretos leyes, que por otro lado no están ya tan justificados, admiten en el Ejecutivo, porque no hay que afrontar ahora mismo situaciones tan excepcionales como una pandemia, la erupción del volcán o la emergencia por la guerra de Ucrania. Lo sintetiza así una responsable socialista de primerísimo nivel: "Lo que llevemos al Congreso tiene que estar todo pactado previamente con todos. Y yo llevaría lo mínimo".

Como relata un dirigente conectado con el Ejecutivo, "se va a intentar limitar a lo imprescindible la actividad legislativa. Y, a ser posible, por este orden: 1) proposición de ley, 2) proyecto de ley, 3) real decreto ley. Convalidado el decreto ómnibus [del que dependía en parte la liberación de 10.000 millones de fondos europeos], la presión legislativa ha bajado. Y cuanta menos actividad legislativa, menor riesgo extorsivo de los socios. Se legislará si no hay más remedio y si el precio a pagar es asumible. Y, si no, se gobierna, sin legislar, y punto. Afortunadamente, la producción legislativa en la última legislatura fue brutal [un total de 216 leyes]". Y es que la conclusión entre los socialistas es que "legislar necesitando los votos de Junts es sencillamente insostenible". "Así no se puede —remacha esta misma fuente—. Lo del miércoles no se puede repetir, y eso ha quedado claro".

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, durante el pleno del Congreso celebrado en el Senado de este 10 de enero de 2024. EFE / MARISCAL

Sin embargo, y en línea con lo que afirmaba Montero ante los medios, hay cargos de primer nivel que dudan de que se pueda replantear la carta de navegación. "Es difícil decir qué habría que cambiar —observa un ministro—. No nos encontramos delante de alguien que tenga un comportamiento acorde con una pauta previsible. Y desde luego, su referencia es exclusivamente catalana. Lo que pase en el resto de España, no les importa. Justo al contrario de lo que fue en su día CiU. Con un socio así, es difícil hacer planes".

Otros altos mandos, sin embargo, relativizan lo ocurrido: "Fue un éxito del Gobierno, sin más. De Santos, en concreto. Había muchos temas importantes y Junts estaba por el no, por que los decretos se retirasen, y se salvó la votación. Lo demás es todo superficial".

Sánchez pide al PP que abandone su "oposición destructiva" y si lo hace "contará con la disposición total del Gobierno a acordar"

Sánchez intervino este jueves en las jornadas Spain Investors Day celebrada en Madrid y no hizo referencia a los acuerdos con los posconvergentes. Sí pidió que reconsideren su estrategia aquellos que se opusieron a los dos reales decretos leyes. O sea, se dirigió a los populares. Les pidió que "abandonen su oposición destructiva" contraria a la mayoría social y antepongan los intereses de España a cualquier otro. "Si lo hacen, les aseguro que contarán con la disposición total y absoluta del Gobierno a acordar", aseguró. No se refirió a Podemos, que hizo decaer el decreto impulsado por Trabajo. Al PSOE le preocupa la guerra de los morados con Yolanda Díaz, pero la dimensión del obstáculo es muy distinta. Habrá que esperar al resultado de las elecciones gallegas del 18-F y de las europeas de junio. "Pero aquí el gran (y único) problema de la legislatura es Junts", resuelve un bregado dirigente socialista.

La siguiente gran prueba para el Ejecutivo son los Presupuestos de 2024. El Congreso aprobó el miércoles, con 179 votos a favor —todo el bloque de investidura, con Junts en el sí— la senda de déficit, que será devuelta hasta dos veces por el Senado, y que es el paso previo. Si Sánchez saca adelante las cuentas del Estado —una votación, esta sí, definitiva para la estabilidad del Gobierno— podrá respirar más de un año. Oxígeno vital en una legislatura cargada de minas. Ese Vietnam al que hacía referencia Illa.