El 28 de enero es la fecha escogida por el PP para sacar a los ciudadanos a la calle, esta vez en contra de la nueva "extorsión" de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez a cambio de una magra abstención que no pudo impedir el rechazo del decreto sobre el subsidio de desempleo. Pero aunque esta vez la convocatoria no tiene como leit motiv único la ley de amnistía, entronca con ella puesto que lo más probable es que dos días después, el 30, sea aprobada en el Congreso de los Diputados con el apoyo, esta vez, de todos los partidos que forman la amalgama llamada de "de progreso".

El día 16 se cumple el plazo de la presentación de enmiendas parciales y el debate en ponencia y comisión se prevé para la semana del 22. Lo más previsible es que el martes 30 se debata en un nuevo pleno extraordinario antes de remitir el texto al Senado, donde la tramitación será más lenta tras un cambio de reglamento de la Cámara Alta promovido por la mayoría absoluta del PP que el PSOE ha recurrido ante el Constitucional.

Los populares, que vieron derrotado en el pleno de este miércoles su enmienda a la totalidad con texto alternativo, tienen previsto presentar también enmiendas parciales a la proposición de ley socialista sin dejar de lado una exposición de motivos que se centra fundamentalmente en reivindicar la constitucionalidad de una ley que se siempre se consideró extramuros de la Carta Magna hasta que Pedro Sánchez necesitó los 7 votos de Puigdemont. Todavía está por decidir si rescatarán su propuesta de suspensión o disolución de partidos en caso de convocatoria de un referéndum de autodeterminación o por una declaración unilateral de independencia.

Los populares querían mantener la tensión con motivo de la ley de amnistía y nunca cerraron la puerta a nuevas movilizaciones en la calle, tras el éxito de sus anteriores convocatorias. Lo acontecido este miércoles en el Parlamento les ha servido para volver a impulsar este tipo de actos, que pretenden muy numeroso, siguiendo el modelo del que les llevó a concentrarse en el Templo de Debod o en la plaza de Felipe II de Madrid, aunque este último tuvo más formato mitin que acto abierto, como lo fue el de la Puerta del Sol, al que se llegó a sumar el líder de Vox, Santiago Abascal.

Conferencia de presidentes

Las movilizaciones forman parte de un paquete mucho más amplio de actuaciones promovidas desde el cuartel general de los populares con el concurso de sus barones autonómicos. La petición de una reunión de la Conferencia de Presidentes se formalizó nada menos que el 23 de noviembre del pasado año y el PP entiende que, conforme a su reglamento interno de funcionamiento, se debe convocar en el plazo de 20 días si la exigen un mínimo de diez presidentes de Comunidad o de ciudades autónomas, cifra superada con creces, aunque la redacción del texto es algo confuso al respecto.

También los servicios jurídicos del PP estudiarán la interposición de recursos de inconstitucionalidad contra el decreto ómnibus y la cesión de las políticas integrales de inmigración a la Generalitat, una nueva cesión ausente en el pacto de investidura firmado por el PSOE y Junts en Ginebra. En todo caso habrá que esperar a que dicha transferencia se materialice en una ley orgánica conforme al artículo 150.2 de la Constitución, en virtud del cual el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas "facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación".

Competencia exclusiva del Estado

Otro artículo, el 149 establece que las políticas de inmigración son una competencia exclusiva del Estado junto con los temas de nacionalidad, extranjería y derecho de asilo. No es la primera vez que los independentistas catalanes piden la gestión de las políticas de inmigración, de hecho, presentaron el pasado mes de septiembre una propuesta en el Parlament y se quedaron solos pues fue rechazada con los votos de ERC, PSC, CUP, Vox, Ciudadanos y PP.

Este jueves, Feijóo se ha llevado a su comité de dirección a la capital castellana-manchega, Toledo, donde permanecerán hasta este sábado. Se trata de rearmarse de cara a una legislatura de la que ha dado su medida lo acontecido este miércoles en el Senado. Los populares aspiran a que la legislatura no sea muy larga, pero tampoco se engañan sobre la capacidad de resistencia y de cesión del presidente del Gobierno.

Creen en todo caso que la amnistía marcará un antes y un después, de modo que, a partir de ese momento habrá elecciones generales "cuando Puigdemont decida", dijo ayer el líder el PP. Será cuando "termine el saqueo" y se "revierta" el "destrozo". "Hoy la alternativa representa más que nunca a la mayoría social del país", agregó, para lo que necesitan un gran triunfo, incontestable, no sólo en Galicia sino en las europeas del 9 de junio. Feijóo tuiteó ayer desde Toledo que "he reunido al Comité de Dirección del @ppopular para seguir trabajando en el escenario que nos deja un Gobierno debilitado por sus socios. Buscamos soluciones para mejorar la calidad de vida de todos los españoles. Nuestro compromiso con ellos es nuestra única motivación".