De las jugosas concesiones que arrancó absolutamente in extremis Junts al Gobierno en el superpleno del pasado miércoles solo hay constancia por escrito en un papel. Un folio que los posconvergentes remitieron a los medios tras la esperpéntica votación del Congreso en la que justificaban su abstención a los reales decretos leyes del Ejecutivo —aunque en realidad lo que hicieron los siete diputados fue no participar en la votación—. Nada más. Ni el PSOE ni la Moncloa remitieron su versión de los acuerdos por escrito y en las 48 horas que han sucedido lo que ha habido son explicaciones, y no exhaustivas, de ellos. Con muchas lagunas, mucha falta de concreción. Y hay medidas muy sensibles, como la delegación, que no traspaso, de las competencias en inmigración a la Generalitat. Una cuestión de altísimo voltaje y con profundidad ideológica que ya ha generado roces entre los socios de izquierda y de derecha que respaldan a Pedro Sánchez. Una demostración por la vía de los hechos, también, de que en esta legislatura le tocará al presidente casar sensibilidades muy diferentes, hasta opuestas, cuando en el anterior mandato, aunque podía tirar de geometría variable, podía apoyarse en sus aliados progresistas.

Las cesiones a Junts en materia migratoria, pues, han tensionado las costuras de la frágil mayoría que sustenta a Sánchez. Y eso que el pacto está muy verde y aún está por ver el "alcance", como advertía el jueves la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. Los socios de izquierda, empezando por Sumar, advierten contra el peligro de "abonar" discursos "xenófobos y de extrema derecha" al hablar de inmigración, tal y como manifestaba este viernes el portavoz de la formación, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Hay inmunidad para una serie de gente que no tiene la sensación de que quien la hace la paga", subraya Jordi Turull

Y es que Junts, a ojos de la izquierda parlamentaria, defiende discursos reaccionarios y supremacistas, identificando inmigración y delincuencia. Y es que en las últimas horas los dirigentes posconvergentes han endurecido su discurso. Quieren que la Generalitat —que gobierna su partido rival, ERC— tenga la capacidad de expulsar de Cataluña a los inmigrantes que reincidan en la comisión de delitos. "Hay inmunidad para una serie de gente que no tiene la sensación de que quien la hace la paga", decía este viernes el secretario general de la formación, Jordi Turull, en El matí de Catalunya Ràdio.

Junts asegura que el acuerdo con los socialistas permitirá que el Govern pueda hacer "una gestión integral en materia de inmigración", desde el control de los flujos hasta las políticas de inmigración. "Todo se debe decidir desde Cataluña", advertía Turull el jueves cuando se le preguntó si es partidario de echar a los inmigrantes multirreincidentes. "En el momento en que tienes las competencias en materia de gestión de la inmigración, de juventud, en servicios sociales y en educación lo que tienes que procurar es que no haya multirreincidencia". La queja de la formación de Carles Puigdemont es que Cataluña recibe un flujo migratorio superior a la población que representa en el conjunto de España. Pero en su cúpula opera la competencia con Aliança Catalana, formación ultraderechista, independentista e islamófoba dirigida por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll (Girona) desde el pasado junio gracias a que precisamente Junts se descolgó del cordón antifascista que defendieron ERC, PSC y la CUP.

Bolaños llamó a Vilagrà y le aseguró que no es un traspaso, sino una delegación, y el compromiso es "difuso"

El discurso duro contra los migrantes de JxCAT ha sido rápidamente contestado estos dos últimos días, para empezar, por sus adversarios de ERC. Primero, porque entiende que lo firmado con el PSOE es un "compromiso muy difuso", al que le falta "atar la letra pequeña", en palabras de la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, número dos del president, Pere Aragonès. Vilagrà conversó el jueves por la noche con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y le confirmó que no se trata de un "traspaso integral", sino de una delegación de competencias, ya que la política migratoria es una atribución exclusiva del Estado que no obstante sí se puede delegar en una comunidad autónoma a través de una ley orgánica, por la vía del artículo 150.2 de la Constitución.

Declaraciones "peligrosas"

"Me confirmó que no es un traspaso —contó Vilagrà en RAC1—, pero tampoco hay ningún pacto con relación a qué delegaciones hacer. Es solo un pacto que dice que se impulsará una ley orgánica que planteará a ver qué delegaciones puede haber. Le pregunté exactamente qué había de delegación y me dijo que no había nada pactado. Se impulsará una ley, pero no hay nada inminente ni nada que signifique un cambio sustancial respecto a lo que tenemos".

Urtasun considera que la cesión de inmigración a la Generalitat "puede ser positiva", pero no debe servir para "alimentar" discursos xenófobos

El Govern no pone pegas a que la Generalitat gestione los flujos migratorios que recibe, como también el fenómeno de la multirreincidencia, pero en ese punto la consellera alertó del "peligro" de vincularla directamente a la inmigración. En la misma línea se pronunció Raquel Sans, portavoz de ERC, en una entrevista en Cafè d'idees (La 2 de TVE y Ràdio 4): "Son declaraciones [las de Turull] peligrosas desde el punto de vista de asociación de ideas, entre delincuencia e inmigración, que estigmatizan a los migrantes", informa EFE.

Apenas unas horas antes había lanzado el mismo aviso el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, en X: "La izquierda es orden y debe ser contundente en la defensa de un modelo de seguridad y lucha contra la delincuencia. Pero la izquierda es también antifascismo y debe ser contundente en la denuncia de los discursos que la vinculan al pobre y al migrante. Se hagan con una rojigualda o con una estelada".

Pero la incomodidad y la tensión no solo se percibían en la competición entre ERC y Junts. También Sumar cargaba contra las palabras de los de Puigdemont. Urtasun, tras despachar por primera vez con la consellera catalana de Cultura, Natàlia Garriga, señaló que la delegación de competencias a la Generalitat en materia de inmigración "puede ser positiva", pero no debe servir para "alimentar" discursos xenófobos. "Cuando en los países europeos se ha dado cobertura a determinados discursos de la extrema derecha, se alimenta a la extrema derecha —sentenció desde Barcelona el ministro de Cultura y portavoz de Sumar—. Por lo tanto, pediría que no se alimentaran determinados discursos que deberían quedar fuera del debate público. En ningún caso debemos abonar determinados discursos xenófobos y de extrema derecha que están haciendo mucho daño en las democracias europeas".

Su jefa de filas, Yolanda Díaz, también enmarcó el acuerdo con Junts en la "negociación" que permitió sacar adelante el miércoles dos de los tres decretos leyes del Gobierno —el tercero cayó por el no de Podemos—, pero eso no varía el discurso de "inclusión" del Ejecutivo de coalición. "No vamos a alimentar ninguna posición que genere desigualdades en España —apuntó la vicepresidenta segunda—. Quiero ser franca y señalar que hay un marco legal en España y directivas que son de aplicación en nuestro país. Para nosotros el respeto de los derechos fundamentales es crucial", insistió.

La líder de Sumar enfatizó que en ningún caso se aceptarán "políticas que se alejen de los planteamientos que está defendiendo el Gobierno". Porque "no hay relativismo en la aplicación de los derechos fundamentales". Y es que para el socio minoritario la cuestión migratoria es extremadamente sensible. Uno de los choques en el seno del Ejecutivo de coalición en la pasada legislatura se produjo precisamente por este tema, y en concreto por la tragedia de la valla de Melilla, en junio de 2022, en la que murieron al menos 23 personas.

Para nosotros el respeto de los derechos fundamentales es crucial", advierte Díaz

Los socialistas son conscientes de lo delicada que es esta cuestión también entre sus bases. Y en su discurso, en el de la izquierda, es frecuente la crítica a la política de mano dura de PP y Vox. Pero la concesión a los posconvergentes permitió a la dirección de Alberto Núñez Feijóo abrir otro frente de crítica al Gobierno: por la delegación de competencias en sí misma y también por "las exigencias xenófobas y racistas que ha puesto Junts encima de la mesa", según indicaba ayer viernes la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez.

Los socialistas continúan deshinchando el globo

Para seguir pinchando el globo de los posconvergentes, y también para poner pie en pared a un discurso de tintes xenófobos, Bolaños advertía de que la política migratoria, más allá de quien la ejerza, viene marcada por Europa. El ministro de la Presidencia, en declaraciones a los medios antes de su reunión con el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, siguió sin dar detalles de la cesión a Junts y se remitió al contenido de la futura ley orgánica en la que se precisarán los extremos de esa delegación, siempre de acuerdo con el "cauce constitucional".

Montero recuerda que habrá que hacer una ley orgánica que se debata "que se pacte con el resto de fuerzas y se apruebe"

Pero al tiempo recordó que en diciembre los Veintisiete aprobaron el pacto de migración y asilo, "donde se establece con toda claridad que la política migratoria es una política europea y por tanto las orientaciones vienen de Europa".

Es "importante" quién aplica esa competencia, pero deberá ejercerla "dentro de las orientaciones que marca" ese pacto y la Comisión Europea. Contexto en el que "se despliega" el acuerdo de PSOE y Junts, incidió.

También contribuyó a rebajar expectativas, desde Sevilla, la vicepresidenta Montero. "Hay que hacer una ley orgánica que se debata, que se vea el perímetro que alcance y que se pacte con el resto de formaciones y se apruebe", aseguró, para incidir, como Bolaños, en que el acuerdo con los posconvergentes cuelga del pacto migratorio en la UE. La también titular de Hacienda agregó que los acuerdos con los independentistas catalanes, como este con Junts, son "replicables" a otras comunidades autónomas. Pero, por el momento, ninguna ha pedido esta delegación de competencia, salvo Euskadi, tal y como confirmó el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Page: si fuera Vox, nos "rasgaríamos las vestiduras"

Bolaños y Montero fueron, junto con el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, los muñidores del acuerdo con Junts. Los tres se reunieron en la Moncloa el martes con Jordi Turull y el presidente de los posconvergentes en el Parlament, Albert Batet, y la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, según ratificaron fuentes del Ejecutivo a este diario.

Bolaños, Montero y Cerdán se reunieron el martes en la Moncloa con Turull, Nogueras y Batet. El miércoles, Cerdán selló el acuerdo con Puigdemont

El ministro de Presidencia y Justicia, públicamente, no quiso confirmar esa cita, pero tampoco la negó: señaló que varios miembros del PSOE y él mismo trabajaron "hasta muy tarde" el martes para que hubiera acuerdo y no decayeran los tres decretos leyes. Las conversaciones siguieron hasta el miércoles, hasta prácticamente el momento en que expiraba el plazo para votar telemáticamente. El acuerdo fue sellado por Cerdán, el interlocutor preferente con Junts, y el propio Puigdemont mediante llamada telefónica, como avanzó El Periódico de Catalunya.

El contenido del pacto con JxCAT fue criticado abiertamente, dentro del PSOE, por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Y él disparó precisamente contra la delegación de la competencia en inmigración, por lo que tiene Junts de discurso "reaccionario". "Si las competencias las pidiera Vox —observó—, todo el mundo se rasgaría las vestiduras, pero las pide Puigdemont para lo mismo y eso no tiene nada de progresista, eso es exactamente reaccionario".

El traspaso, para el que no hay fecha, no será pues pacífico. Y habrá que ver si tiene los apoyos suficientes en el Congreso. Porque una ley orgánica necesita de mayoría absoluta, y por tanto Sánchez necesita el apoyo de sus socios de investidura. Incluidos Sumar, ERC, Bildu y Podemos. Si no, no habrá norma.