En esta ocasión, el análisis es coincidente. Así, no. En el eje del poder de Moncloa-Ferraz y en los territorios socialistas la reflexión es compartida: la legislatura no puede convertirse en una repetición en bucle de lo ocurrido en el eterno pleno del pasado miércoles, en una subasta continua y casi televisada en directo con Junts, en un peligroso desfiladero. Así, no. En el partido y en el Gobierno ha impactado profundamente la sesión esperpéntica en el Congreso —celebrada en el palacio del Senado— y todos conciben que hay que replantear dinámicas, legislar mucho menos y con más calma para intentar rebajar el precio de la altísima factura que giran religiosamente los posconvergentes. No está claro que el objetivo se consiga, porque los de Carles Puigdemont buscan "reivindicar su papel", proyectarse por encima de sus acérrimos rivales de ERC, pero al menos, observan, se debe perseguir engrasar la relación con ellos. Y queda, claro, aguantar el tirón al menos hasta las elecciones catalanas que, como máximo, tendrán lugar en un año. Si entonces el candidato socialista, Salvador Illa, logra ganar y gobernar la Generalitat, apuntan, las concesiones a Junts, sus desplantes, habrán valido la pena. En ese punto arrancaría, de hecho, otra fase de la legislatura.

Pero esos comicios quedan aún lejos y el partido y el Gobierno están tratando de recomponerse tras los estragos del miércoles. Horas y horas de agónica negociación que culminaron en un acuerdo in extremis del que solo se conoce su contenido por una nota de prensa de los posconvergentes (de la que por cierto nunca hubo la ampliación prometida), porque no se ha mostrado ningún documento conjunto suscrito por las dos formaciones. Un acuerdo trenzado decisivamente por el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, y que permitió que se salvaran dos de los tres decretos leyes —más la senda de déficit, aunque esta aún tendrá que pasar por el Senado—, y aún podría no haber naufragado el tercero, porque este cayó fruto de la vendetta de Podemos contra Yolanda Díaz. Junts arrancó un botín cuantioso, con contrapartidas que poco tenían que ver con el contenido de los tres textos, como la delegación de la competencia en inmigración, la publicación de los datos oficiales para calcular las balanzas fiscales o la reforma de la ley de sociedades de capital para propiciar la vuelta de las empresas a Cataluña. Compromisos faltos de toda la letra pequeña —y controvertidos, por el ramalazo "xenófobo" que la izquierda aprecia en el discurso de los de Puigdemont— que hacen incluso pensar a los republicanos que son poco más que "humo".

Esto no es soportable cuatro años", "fue desastroso, Junts nos mata", "después de esto, todos hemos quedado vacunados, todos", "aguantamos por pura lealtad al partido y a Pedro", manifiestan distintos altos cargos

Pero más que los contenidos, en el PSOE han pesado más las formas. La tortura a la que sometió Junts al Ejecutivo, apurando las horas para que las contrapartidas fueran mayores y evidenciando la fragilidad parlamentaria de Sánchez. "Lo que ocurrió el miércoles no puede volver a repetirse", expresan con palabras calcadas dirigentes de todo el partido y del Gobierno. La inquietud es honda y la convicción, total. "Esto no es soportable durante cuatro años"; "fue desastroso, Junts nos mata, es verdad que la gente es disciplinada, sabe lo complicado del escenario, pero por dentro está abrasada, esto es lo que se esperaba, pero nos vamos a cocer a fuego lento"; "Junts hace su trabajo, pero nosotros tenemos que negociar antes de aprobar los decretos leyes y las leyes, de lo contrario esto nos pasará cada vez"; "después de esto, todos hemos quedado vacunados, todos: tenemos una diversidad de apoyos parlamentarios que hay que saber gestionar, nuestra gente no quiere que acabe esta legislatura y apoya el fondo de los decretos, pero las formas nos han pasado por encima"; "aguantamos por pura lealtad al partido y a Pedro, pero no se puede negociar con los pantalones en los tobillos, hay mucho enfado latente, pero mucho".

Son reflexiones de altos cargos de distintas federaciones que coinciden, pues, en el diagnóstico. Para empezar, hay consenso en que el Gobierno estaba obligado a sacar adelante sus decretos, porque de ellos dependía la continuidad de importantes medidas sociales —la revalorización de las pensiones, la extensión de la rebaja del IVA para los alimentos de primera necesidad, las bonificaciones al transporte público, la prórroga de los impuestos extraordinarios a la banca o a las energéticas o el alza gradual de los gravámenes de la factura de la luz— y la liberación por Bruselas del cuarto desembolso de los fondos europeos.

Hay consenso en que a partir de ahora hay que llevar al Parlamento solo iniciativas que estén previamente acordadas para bajar el precio

Pero urge "cambiar dinámicas", y eso supone, como ya asume el propio Ejecutivo, aprobar menos reales decretos leyes —el acto de convalidación es un sí o no y, sin tener los apoyos tan garantizados como en la pasada legislatura, el riesgo de derrota es elevadísimo— y solo llevar a las Cortes las iniciativas previamente pactadas con los grupos. "No podemos ir con lentejas, porque entonces te exigen la luna. A Junts no le interesa romper y por tanto no debemos darle ventaja negociando. Si trabajas antes, el precio es menor. Si no, ellos nos toman la medida y nos matan", apunta un alto de una federación muy conectada con Ferraz y que de hecho siempre ha defendido el diálogo con las fuerzas independentistas y nacionalistas. Un análisis que prueba hasta qué punto ha calado lo ocurrido el miércoles. "No se puede volver a incurrir en el riesgo de tener que asumir transacciones inoportunas (en forma y fondo) para lograr la aprobación de medidas no previamente acordadas", apunta un veterano cargo, buen conocedor de la maquinaria del partido.

"Agotar todos los caminos, atar cualquier situación"

Un presidente autonómico socialista comparte que solo hay que llevar al Parlamento aquellas iniciativas que estén previamente pactadas, receta que se impone a sí mismo. Pero también reconoce que Junts es un actor distinto a los demás, que "juega a tener el mayor protagonismo político posible", y eso "en una negociación es muy peligroso porque genera dinámicas perversas con filtraciones, desconfianzas". En el PSOE, no obstante, no se llaman a engaño: "Somos conscientes de que esa situación puede volver a repetirse —observa una baronesa regional—, pero hay que hacer todo lo posible para que no ocurra y agotar todos los caminos, atar cualquier situación y así intentar por lo menos no llegar a esa situación de nuevo". "Me temo que se repetirá, pero cambio de estrategia hace falta", converge otro líder autonómico. "Evitarlo del todo será imposible, por eso no hay más remedio que bajar el pistón legislativo. La gestión es menos vistosa que las agendas legislativas, pero los apoyos en este mandato no dan para más", agrega otro dirigente territorial. El techo de 216 iniciativas legislativas en menos de cuatro años, con la primera coalición, es hoy inalcanzable para el presidente.

La propia Montero asumía que sería complicado cambiar dinámicas por la tentación de Junts de ir siempre a "políticas de máximos" y apurar las negociaciones

La propia vicepresidenta primera, titular de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, experta negociadora de Sánchez, expresaba las cautelas del Gobierno el mismo jueves, horas después del pleno del Congreso inflamado por la pirotecnia legislativa de Junts: "Ojalá seamos capaces todos de disciplinarnos para que antes de las votaciones esté todo mucho más claro, pero ya le digo que después de la experiencia que tenemos algunos en la negociación, va a ser difícil que alguien renuncie a sus políticas de máximos si tiene todavía margen para poder seguir hablando. Y esto es una realidad que tenemos que aceptar". En plata: el Ejecutivo intentará reconducir la situación, pero es consciente de que no será fácil. Porque, como dice un responsable del PSC, Junts es una formación "imprevisible y que tiene poco que perder".

En lo inmediato, señalan en Ferraz, se buscará engrasar la relación con los posconvergentes, no solo concertando con ellos las iniciativas previamente, sino construyendo puentes de confianza, como se fue haciendo (y se consiguió) con ERC. "Situaciones tan tensas no le va bien a nadie", señalan en el aparato de Ferraz. En la consolidación de la relación es clave la figura de Santos Cerdán, el que primero tendió los lazos con Junts, por orden de Sánchez, hace casi un año. El propio secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull, ha elogiado el papel del número tres del PSOE, un interlocutor del que se fía. La interlocución, sin embargo, es más difícil con Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, y más acostumbrado al diálogo con ERC.

Públicamente, solo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, expresó su disconformidad con lo ocurrido. Reconoció una "sensación desoladora" y llamó al Ejecutivo, antes de su reunión este sábado en la finca de Quintos de Mora, en Los Yébenes, Toledo, a pensar "adónde conduce este laberinto, si hay o no salida y si es o no admisible que los independentistas catalanes, que por lo demás son supremacistas cuando no xenófobos, lo que estén planteando es que el Gobierno gobierne con camisa de fuerza". "¿Hasta cuándo se puede, hasta cuándo y para qué?", se preguntó Page, quien añadió que si las competencias en inmigración las pidiera Vox "todo el mundo se rasgaría las vestiduras", pero que en cambio Junts las pide "para lo mismo y eso no tiene nada de progresista, sino de reaccionario".

Los socialistas suscriben la tesis del "mal menor": de no haber repetido Sánchez en el Gobierno, el partido estaría "en los 80 escaños, sin liderazgo", mientras que ahora, pese a todo, no está "hundido"

Page no está alineado con la dirigencia del resto del partido. La lectura mayoritaria es que tener que sobrellevar la pesada losa de las exigencias de los posconvergentes es "el mal menor", porque la alternativa tras el 23-J era un Gobierno de PP y Vox, ya que una repetición de las generales probablemente hubiera conducido a un resultado similar, con el riesgo de que esta vez sí salieran los números a la derecha. Y si Sánchez no estuviera en la Moncloa, advierte un muy relevante dirigente, entonces el PSOE "estaría en los 80 escaños, sin liderazgo" y lejos, lejísimos de poder retornar al poder, porque está deshecho territorialmente al perder la mayor parte de su poder autonómico y local tras los comicios del pasado 28 de mayo. "Ahora, en cambio, tenemos Gobierno, líder, y en torno a los 115 diputados, según las encuestas, por lo que no nos hemos hundido", añade este responsable.

Los electores valoran los "resultados"

Los ciudadanos, creen los socialistas, acabarán digiriendo la amnistía y los sacrificios con Junts si a cambio el Ejecutivo es capaz de vender y proyectar su agenda social. "La gente aprecia la generosidad con los independentistas, pero no que aparezcamos como gilipollas", advierte un mando de primer nivel. Es decir, que hay que cuidar las concesiones y que se visualice una posición de firmeza del Ejecutivo. Otro cargo territorial completa esa reflexión: "Creo que si hay menos ruido no pareces ni generoso ni gilipollas. Simplemente parece que gobiernas. Por eso hay que cambiar la forma de negociar". "Lo importante es que los ciudadanos vean las consecuencias positivas de las medidas del Gobierno. Los resultados taparán todo esto. Ya pasó en las generales, que la gente al final valoró nuestras políticas", señala un secretario provincial.

La siguiente prueba de fuego son los Presupuestos de 2024: si no salen adelante, la legislatura se haría impracticable, como recordaba este sábado el portavoz del PNV

"El partido es muy consciente de la dificultad que tiene la aritmética parlamentaria —indica un barón autonómico—. Trabajamos por sacar adelante lo que necesita la gente y nuestro programa, con un resultado económico y del empleo excepcional. Acordar y dialogar con partidos que como Junts sólo piensan en su libro es difícil, pero merece la pena por lo que hemos aprobado. Lo demás siempre dentro de la ley y con cabeza. Algunas de las cosas acordadas ahora tendrán que convertirse en leyes orgánicas [como la delegación de la competencia en inmigración], por lo que cuando tengamos la concreción dejaremos de ver fantasmas como plantea siempre el PP".

La siguiente gran prueba de fuego son los Presupuestos Generales del Estado de 2024. De su aprobación dependerá que el Ejecutivo disponga de oxígeno para al menos año y medio o dos años. Montero apuntaba el viernes que querría tenerlos ya aprobados en abril. Pero si Sánchez fracasara en su empresa, la legislatura se haría impracticable, como recordaba este sábado el siempre realista portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban: si no hay acuerdo, el mandato "posiblemente se habrá acabado y se tendrán que convocar nuevas elecciones".

El mensaje de futuro desde Quintos de Mora

Los socialistas encadenarán las autonómicas gallegas del 18 de febrero, los PGE y los comicios, aún sin fecha. La ley de amnistía estará aprobada, previsiblemente, hacia finales de abril o primeros de mayo, antes de las elecciones europeas del 9 de junio. Y en el horizonte asoman las catalanas. El PSC calcula que Pere Aragonès puede situarlas en la ventana que se abre a partir de septiembre de este año y que se cierra con el tope legal máximo, en febrero de 2025. Las encuestas publicadas hasta ahora siguen pintando una tendencia al alza del exministro de Sanidad y primer secretario del PSC, Salvador Illa, aunque la dirección del partido hermano se manifiesta prudente y quiere esperar a que la situación se repose y se vaya digiriendo la amnistía para estudiar los números.

Si Puigdemont se presentara como candidato, subiera e incluso reconquistara el Govern, la arriesgada operación de Sánchez habría sido un fiasco, asumen los socialistas

Illa ganó los comicios de febrero de 2021, pero no pudo gobernar porque no podía conformar una mayoría alternativa. Su reto esta vez es ganar y gobernar, para lo cual, señalan en su cúpula, es capital que los independentistas no dispongan de mayoría absoluta. Si Illa es president, el procés estaría completamente liquidado y significaría, interpretan los socialistas, que los catalanas recompensan los esfuerzos y el brutal viraje de Sánchez. Pero si en esas autonómicas Puigdemont se presentara como candidato y sube y hasta reconquistara la Generalitat, entonces la arriesgadísima operación del PSOE habría sido un completo fiasco. El presidente, pues, necesita que Illa se corone. Y si así fuera, se podría dar por arrancado un nuevo ciclo, porque el independentismo, fuera del Govern, se asomaría a una profunda crisis interna y no dispondría de elementos de presión hacia el Ejecutivo central. Sus demandas perderían sentido con un president socialista. Pero aún quedan muchos meses por delante y, como demostró la campaña del 23-J, todo puede cambiar en apenas unas semanas.

Dado que las catalanas marcarán, en cualquier caso, un punto de inflexión, Junts y ERC miden cada uno de sus pasos ante sus respectivas parroquias electorales y mirando de frente al contrario. Los republicanos bajaron a la realpolitik, pero los posconvergentes están aún recorriendo ese camino. De ahí que dirigentes cercanos a Sánchez pidan poner luces largas y apreciar el "marcador final", que el Gobierno va poco a poco logrando sus objetivos y logrando que Junts, aunque tense muchísimo la cuerda, se incorpore a la gobernabilidad, retornando, con muchos matices, a la tradición pactista de la antigua CiU.

La siguiente meta volante para Sánchez es la convención política del próximo fin de semana, en A Coruña, en la que rearmará al partido, remodelará su ejecutiva y arropara a Gómez Besteiro como candidato a la Xunta

El superpleno del miércoles no pasará en balde para el PSOE. O eso proclama. Sánchez volvía a incidir este sábado, tras su reunión con sus ministros en Quintos de Mora —solo faltó José Luis Escrivá por "asuntos familiares importantes"— en que el compromiso del Ejecutivo es seguir transformando el país en los próximos cuatro años, mejorando "la vida de la gente, con más y mejores empleos, más derechos y más convivencia". "Y lo haremos con diálogo y acuerdo, para garantizar la paz social y la perdurabilidad de los avances", prometía. En la mochila, el aumento del salario mínimo pactado con los sindicatos hasta los 1.134 euros al mes, un 54% más que en 2018. La siguiente meta volante es la convención política del partido del próximo fin de semana en A Coruña, en la que aprovechará para remodelar su ejecutiva, rearmar al PSOE y arropar al candidato a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro. El presidente quiere mirar hacia delante, aunque la semana le dejó magulladuras. Menos, creen los suyos, que si hubiera tenido que encajar una triple derrota parlamentaria. La lección está ya aprendida: así, no.